Año 2010

Ya casi se puede hablar del final de la primera década del siglo XXI, y mucho ha cambiado desde comienzos de igual centuria.

“El fin de la historia”, un paradigma que hacía pensar que no emergerían potencias y gobiernos adversantes a EE.UU, o de otra forma, que se cuestionara el modelo de “nueva economía” de finales del siglo XX, ha quedado rebasado por procesos políticos en Latinoamérica, los países del BRIC, Irán, o el mismo Japón.

La hegemonía estadounidense labrada en cerca de 70 años esta profundamente socavada con un dólar que viene siendo paulatinamente sustituido por otras monedas en el comercio internacional o como respaldo del sector financiero, como consecuencia de los oídos sordos al llamado a la reestructuración de las instituciones de Bretton Woods.

La ronda de Doha que define la tasa de ganancia internacional, y el destino de las mismas, pese a las insistentes reuniones, sigue trabada, mientras el comercio se establece bilateralmente entre los estados, siendo esta la estrategia que más favorece a las potencias mundiales y regionales emergentes.

En Latinoamérica mientras con lentitud avanza el Mercosur, con proyección ya en Unasur, el Caribe, y Centroamérica, el ideal estadounidense del ALCA quedo sepultado por la historia.

Ahora bien ingresamos con el siglo XXI a una “nueva era” con la conciencia de que los recursos que se consideraban renovables se volvieron no renovables, y escasean. En la lista ingresan el agua dulce, riquezas derivadas de la biodiversidad, o la tierra para cultivos. Por su parte, como consecuencia en el incremento de costos se siente el agotamiento de recursos considerados desde siempre no renovables como el petróleo. De recordar que el desarrollo de los combustibles fósiles explica el salto cuántico que la sociedad del neolítico efectuó en su paso hacia la sociedad industrial, asunto que como consecuencia de su lento pero inexorable agotamiento puede volvernos al tiempo donde la fuerza básica de trabajo es la tracción animal o humana.

Del otro lado de la ecuación están los efectos de la quema de estos combustibles con el cambio climático, colocando acento a la escases del agua, dificultando a su vez su aprovechamiento ante los comportamientos extremos de lluvias, y sequías, lo que de paso impacta la sustentabilidad de los suelos, y la producción de alimentos.

Inflexión económica y social de este siglo que comienza lo es también, que se intensifica la tendencia a desplazar productos agrícolas de la canasta alimentaria mundial hacia la generación de energía entre ellos la caña, o el maíz, este último, cereal básico en la dieta diaria de las personas a escala global.

La década en curso contrasta a su vez en aspectos relacionados con la salud, en ello se requiere hablar de la pandemia de la gripe porcina, elevada a este nivel por la OMS desde junio pasado, y de la que se especula sobre sus orígenes, o mutación, sin embargo, y pese a que ya no es titular de medios de comunicación, se erige como referente en la historia de los virus que ha impactado la humanidad. Solo en América la cifra de fallecimientos asciende a más de 4 500 personas.

Por su parte en el campo de los desarrollos tecnológicos e inventiva humana el práctico abandono de la colonización del universo, y la llegada del hombre a otros planetas, se ve aplazado casi indefinidamente dado que los proyectos espaciales con dificultad se enfocan a viajes a la estación espacial internacional, mientras lentamente queda a la saga la era de los transbordadores estadounidenses luego de los desastres del Challenger y el Columbia, imponiendose modalidades de transporte con tecnología de la desaparecida Unión Soviética puesta en operación ahora por Rusia.

Copenhague en Antioquia

Si bien es cierto que la contaminación atmosférica del parque industrial y vehicular colombiano y de Antioquia, no son significativas si se les compara con las emisiones de gases de efecto invernadero de los países industrializados, no es menos importante reconocer que con las emisiones de gases contaminantes en la capital de la montaña están muriendo centenares de personas al año. Un reciente estudio muestra como para mediados del año en curso han fallecido unas 521 personas por enfermedades respiratorias agudas, 32 personas más si se compara la totalidad de fallecimientos por este mismo efecto en la totalidad del año 2008.

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Dos temas están de por medio. El diesel que se vende en Medellín posee 500 ppm de azufre si se le compara con recomendaciones que hablan de 50 ppm, sumado a la proyección en el crecimiento del parque automotor en el área metropolitana que se multiplica por dos en 7 años hasta los 953 mil vehículos en 2010 lo que no solo coloca en aprietos la movilidad en 10 municipios si no que ahoga en contaminantes el valle de aburrá, algo que ha hecho merecer a la tacita de plata el sombrío titulo de tercera conurbación más contaminada de Latinoamérica. Si de responsabilidades se trata importante es recordar que por cada vehículo público en la ciudad metropolitana existen 9 de carácter privado, que con la tendencia mencionada nos coloca en una espiral que termina por concentrar ingentes recursos de presupuesto en intervenciones viales para desatorar el tráfico cada vez mas infartado.

De otra parte según Naciones Unidas en 2008 se presentan en el mundo más desplazados por motivo del cambio climático que por ocasión de los conflictos armados, sin embargo en Colombia tal guarismo no parece tranquilizador, en tanto mientras el país se encuentra en categoría de “crisis humanitaria”, con millones de desplazados, cientos de desaparecidos, secuestrados, y asesinados, ello se suma a los efectos del cambio climático- ya en 2005 unas 140 mil personas, que lo perdieron todo debido a las inundaciones-, por la intensificación de las lluvias y el desbordamiento de los ríos.

Ahora bien, si de bienes vitales se trata la “escases” del agua en las ciudades colombianas se denota por los ajustes de precios. En un informe realizado por el Sistema Único de Información de Servicios Públicos en 2005, revela que los reajustes del oro azul ascendieron al 90, 63, y 54% respectivamente para los estratos 1, 2, y 3, mientras el agua destinada a la industria contrajo su valor en 1%. A su vez, los casos por Enfermedades Diarreicas Agudas(EDA) ya en la ciudad de Medellín, un indicador de la Organización Mundial de la Salud que mide el grado de incidencia de las políticas de desmarginalización, y sobre el consumo de agua contaminada, se ha incrementado cerca de un 60% entre los años 2006 y 2007.

*Sobre el tema recomiendo la presentación realizada por el portal Energía & Biosfera, y el promo de mi campaña a la Cámara de Representantes por Antioquia.

Un escenario a las presidenciales de 2010 en Colombia

El resquebrajamiento de los indicadores de sostenibilidad de la política de seguridad democrática contrario a explicarse como consecuencia de las actividades de las guerrillas, hoy en un repliegue forzado por los golpes de la fuerza pública, se debe al reto que imponen los grupos paramilitares al gobierno.

La destorcida de indicadores como la tasa de homicidios, el desplazamiento, y el narcotráfico, representan efectos que sobrevienen la puesta en marcha de la ley de justicia y paz en 2005, un acuerdo para la desmovilización de los grupos paramilitares, y por la extradición de 15 jefes paramilitares a los Estados Unidos, ambos factores adversos si se quiere, respecto a las previsiones iniciales del gobierno y los grupos armados ilegales.

Los impases a las previsiones de dicha negociación se inician tras las presiones de grupos pro derechos humanos nacionales e internacionales, Naciones Unidas, y por la modificación de la correlación política favorable a los demócratas luego de las elecciones en Estados Unidos en 2005, factores que terminaron por facilitar y apoyar los ajustes introducidos a la ley de justicia y paz por la Corte Constitucional en Colombia.

La actividad de la Corte Suprema de Justicia respecto de la parapolítica es un adoquín más en un proceso que crea un ambiente de desconfianza entre grupos paramilitares y gobierno, que como se ve por la discrecionalidad en el retiro reciente de un grupo de 27 militares y la dimisión del comandante general de las Fuerzas Armadas, tiene como caja de resonancia las Fuerzas Militares colombianas.

Así, en un contexto más amplio, los factores mencionados explican uno de los mayores pasivos políticos del gobierno Uribe cual es el congelamiento del TLC con EE.UU, al que ahora se le suma una reducción continuada y la reorientación de algunos rubros en los recursos del Plan Colombia.

Ahora bien, la llegada de un demócrata a la Casa Blanca dificulta aún más la expectativa política de un tercer periodo del presidente Uribe, lo que paulatinamente abre las compuertas a un escenario en las presidenciales de 2010 en Colombia bien diferente si se le compara con las elecciones de 2002, y 2006.

Las características para el momento actual de Colombia, visto por los signos cifrados de la élite colombiana, perfilan el requerimiento de un hombre de mano fuerte contra el narcotráfico y de los grupos paramilitares que evite un nuevo ciclo de violencia como el que sobreviene luego de 1995, y como consecuencia de una reestructuración de las Fuerzas Armadas. Más aún, que desarrollando la ley de justicia y paz, se circunscriba a los actores como paramilitares y guerrillas, evitando una radiación a otros sectores económicos, y sociales.

Por los movimientos políticos recientes, es posible observar un avance importante en la construcción de un acuerdo entre Germán Vargas Lleras y el Partido Liberal. De recordar que los orígenes de Vargas Lleras son semejantes a los de Cesar Gaviria, actual director del Partido Liberal, el Nuevo Liberalismo, tendencia que se ha caracterizado por su reacción a la actividad de las mafias lo que a comienzos de los años noventas costo el asesinato de su líder natural Luis Carlos Galán, y posteriormente una cruenta guerra contra el narcotráfico.

En las toldas del Partido Conservador, hoy renovado en fuerzas tras las elecciones de directorios realizadas el pasado octubre, y en el que movilizó millón y medio de militantes, cifra superior en 70% respecto a otro partido que llamó a elecciones a Congreso, el Polo Democrático, es presumible una candidatura a 2010 de Juan Manuel Santos, en un contexto que asimilaría sin mucho ruido, los partidos hasta hoy uribistas en el Partido Conservador.

Es presumible a su vez, que por los resultados a Congreso del PDA su candidato a 2010 sea Carlos Gaviria Díaz.

Es eventualmente posible, a su vez, el nacimiento de una nueva propuesta política que gire en torno a sectores liberales, demócratas de diferentes partidos, Antanas Mockus, Gustavo Petro, y Luis Eduardo Garzón quienes presumiblemente tendrían un candidato propio. Ya hace algunos días fue lanzada en predios de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en la ciudad de Bogotá una iniciativa que hace pensar en esto denominada Agenda Social Colombia.

¿Es el fin de la política de Seguridad Democrática?

Debo comenzar por reconocer que el titular no es propiamente de mi cosecha. Fue la pregunta incitadora de una serie de conversatorios motivados por algunos amigos.

Lo considero un interrogante apenas pertinente en medio de la modificación de la tendencia descendente que mostraban indicadores como los homicidios, y el desplazamiento - el primero desde comienzos de los años noventas, y el segundo desde 2005-, ambos factores fundamentales en el monitoreo de la Seguridad Democrática, y a los que se les debe sumar el indicador sobre narcotráfico.

Al respecto, las viejas disputas que sobrevenían a las cifras encontradas sobre cultivos de coca en Colombia entre Naciones Unidas y el Departamento de Estado de EEUU ha terminado por saldarse con la evaluación cualitativa que infiere una tendencia al crecimiento de los cultivos ilícitos en los últimos años.

De otra parte la reingeniería de las estructuras paramilitares en el país, y las nuevas disputas por el control de zonas geográficas y económicas, posterior a la extradición a los EEUU de los 15 jefes paramilitares que se acogieron a la ley de justicia y paz, por los nuevos jefes como Don Mario, Cuchillo, el Loco Barrera, y las viejas estructuras a fines a jefes como Don Berna, Cuco Vanoy y Mancuso, perfilan un escenario que coquetea con la reedición del periodo de violencia en Colombia que inicia con la muerte del capo de las drogas Pablo Escobar en 1993, y que tiene en la realización del paro de las Autodefensas Gaitanistas el pasado 15 de octubre en la zona estratégica de Urabá, una suerte de preámbulo.

En este contexto el Ejecutivo colombiano se encuentra ante un doble reto, el evitar que se reedite este ciclo, lo que puede leerse a la sazón del retiro de 27 militares, y la aceptación de la dimisión del comandante de las fuerzas militares colombianas Mario Montoya, como de evitar una pérdida de gobernabilidad facilitando el avance de las investigaciones sobre parapolítica en la que se involucran más de 60 Congresistas a fines al gobierno.

Son retos, porque la probabilidad de contener acciones ilegales de las fuerzas militares a través de los retiros pueden fracturar las actuales relaciones cordiales entre el Ejecutivo y las fuerzas militares, con el agravante de que el presidente Uribe se ha convertido en la amalgama del poder militar en Colombia más allá de la existencia de las instituciones como tales.

Ahora bien, sin un mensaje claro a las fuerzas militares en estos temas, y si no existen otras formas eficaces de hacerlo, la compuerta que se abre es hacia un escenario aún inestimable, en medio de un contexto con actores de gran poder económico y político de carácter ilegal, a más de la existencia de las guerrillas.

Luego de conocida la renuncia publica a representar un acuerdo político de cara a las elecciones de Congreso del PDA en 2009, por parte de Vía Democrática, merece sin duda que se conozcan algunos elementos adicionales que determinaron tal decisión.

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Para contextualizar, de entrada el acuerdo intergrupal al que se hace referencia, constaba de dos factores; uno de carácter político , y otro de de carácter electoral. El primero, se desarrollo en medio de un ambiente controversial, pero luego de una sesión movida, se avanzó con celeridad.

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En paralelo, el acuerdo electoral también fructificó, y sobre todo logró un nivel de aceptación entre los grupos, al punto que se decidió por unanimidad. Este acuerdo Via Democrática lo define como acuerdo base.

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Faltando apenas unas semanas para las elecciones a Congreso este acuerdo base de facto fué modificado, no obedeciendo al consenso que acompañó el proceso anterior, y en el que el proyecto Vía Democrática, el cual personalmente representaba, mostró su desacuerdo.

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En este momento, la decisión de legitimar la violación del acuerdo omitiendo lo sucedido, fué sopesado por la afectación que se presentaba en los elementos del acuerdo político como era la perspectiva de mantener una actitud unitaria a futuro de los grupos parte del acuerdo, y en ello la necesidad de la transparencia, factor fundante de la democracia, y de la generación de confianzas.

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Esta valoración determinó la decisión, como se conoce públicamente, de no continuar en tal acuerdo, como de la renuncia a la representación de las listas a Congreso, que se conformaron a la sazón del mismo.

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A todas estas, queda como activo político el reconocimiento intersectorial que se presentó en esta experiencia, como de la posibilidad de avanzar con algunos de estos, que aunque tarde, reconocieron la gravedad de lo sucedido, poniendo en práctica su capacidad de enmienda, pero que pese a los cual sus esfuerzos no pudieron revalidar el acuerdo base.

Ya será en otro momento y oportunidad, y en otro contexto, que pueda facilitarse con estos nuevos acercamientos políticos.

El pasado domingo 28 de septiembre y como parte de las actividades de campaña de cara a las elecciones a Congreso del PDA en 2009, acompañamos la gira de la Iniciativa Democrática Regional(IDC), al Municipio de Santa Bárbara.

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Fúe una cálida reunión con los miembros del Ejecutivo Municipal. Con Gilberto, Darío, Nelson, Gustavo, y Antonio realizamos un encuentro que por lo informal no elimina la importancia de los temas tratados.

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Hablamos de la necesidad de hacer un Polo desde lo local y regional que piense en las problemáticas de la administración pública, y de los actores sociales a todo nivel con el propósito de sustentar propuestas democráticas, igualmente, en todos los horizontes posibles.

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En el recuadro, los giros del Sistema General de Participaciones al Municipio de Santa Bárbara en 2007.

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Información adicional de la fórmula a Congreso del PDA en: Vía Democrática

Hoy sin duda es un día muy especial sobre todo por el significado y momento evolutivo de una propuesta tanto informativa como política. Es el primer año del Informativo Estrato Cero.

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Se celebró en medio de una reunión llena de anécdotas y en medio de un gustoso almuerzo del que se me quedo el sabor de la torta de fresa.
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Hablamos de todo, así como en el primer día de emisiones del Informativo, de nuestras familias, y de la familia total, es decir del país, de los partidos políticos, de la economía mundial, del Polo.
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En medio de esto apareció, como algo "excepcional" un reporte hoy en el sitio web del informativo y que titulan "El Polo debe llamar las guerrillas a su desmovilización", y era la base de un articulo que adelantaba para mi blog, pero que considero que en el reporte sintetiza lo que pienso como uno de los objetivos del II Congreso del PDA a realizarse el próximo año.

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Ha sido ineludible escribir en esta bitácora del Partido al que pertenezco, el Polo Democrático, y he tratado de hacerlo contrastando la tipica visión de militante que evita hacer lecturas críticas del proyecto político, de su actuar en la coyuntura y de sus dirigentes.

De los planteamientos que he efectuado se induce el quehacer en el próximo Congreso en 2009. Existen muchas cosas por revisar, pero considero como en el artículo inmediatemente anterior, que se requiere recomponer el rol moderador de la presidencia del Polo, de tal suerte que se permita el actuar en términos de las potencialidades de los actores del Partido, y en esto me refiero a Lucho Garzón quien puede facilitar la apertura de una importante política de alianzas de cara a 2010, y de Gustavo Petro, quien permite iluminar los centros de la política nacional localizados en la necesidad de la verdad histórica de lo que sucede en el holocausto paramilitar, y del que depende que se destrabe una negociación en todos los horizontes para la sociedad colombiana.

Para Carlos Gaviria mis palabras se inscriben en una invitación a recobrar su identidad política como liberal y demócrata, que le permita incentivar su protagonismo haciendo la política del hoy, motivando su propio sector de influencia.

Y recordarle que el paraguas de la doxa política de los años sesentas y setentas, no solo desluce su política si no la del propio partido, lo que tiene significado en el aplazamiento de la expectativa generacional del cambio político y social para Colombia.

El deshielo del Polo(Democrático)

Aparte de lo desértico del paisaje que vive la sede del Polo regional desde hace unos buenos días, la charla de pasillo o de café concentra la tensión nacional en temas gruesos como la política de alianzas que debe guiar el partido, o los estereotipos que se hacen entre sectores del Partido sugiriendo nombres como Polo de derecha, Uribistas o izquierda radical, lo que por lamentable que sea guiara la controversia política-si así puede llamarse-, de las próximas elecciones a Congreso.

José Obdulio se debe frotar las manos, sobre todo porque la contrapartida para el proyecto Uribista, es decir una potencial alianza entre el Polo y un sin número de sectores, entre ellos el Partido Liberal, se hace lejana cada vez que el Polo se hunde en su propia crisis.

Pero todo esto era previsible. Muy temprano era evidente que quien avanzara en una política de alianzas allende el Polo tendría como efecto una ventaja en el liderazgo como tal del Partido. Carlos Gaviria lo intentó como presidente del Partido con Cesar Gaviria pero sus resultados fueron distantes si se los compara con los acercamientos logrados por Luis Eduardo Garzón. De hecho la pasada administración del distrito contribuyó a un clima de acercamiento entre Garzón y el Partido Liberal lo que explica esta situación.

Sin embargo, Carlos Gaviria, y su cohorte de parlamentarios, conociendo los efectos de la ventaja que tomaba con este acuerdo el exburgomaestre capitalino, situaron la ofensiva echando mano de la vieja doxa izquierdista de los años sesentas y setentas que por su historia esta afincada en importantes sectores del Polo, y que se caracteriza por un considerable sectarismo, y que se acomoda a las justificaciones que esgrime el Gavirismo en cuanto a la imposibilidad de acuerdos extrapartido- so pena-, de si no son ellos los que los realizan.

Es eso, porque esa pristiandad política que profesan es una artificialidad que se desnuda en cada periodo de elecciones. No más ver lo sucedido en la pasada campaña a la alcaldía de Medellín, por colocar un ejemplo.

De otro lado, la situación de Gustavo Petro no es muy diferente, dado que la forma de neutralizarle no difiere de la munición usada para el caso de Garzón, sin que este aún lo haya desvelado.

Ahora bien, el lío de esta estratagema es el mismo que se sucede cuando al intentar cazar el ratón se hecha a tierra la casa. Los discursos utilizados están homologando al Polo, y lo reafirmo, con movimientos de izquierda de los años sesentas y setentas, alejando en la práctica al Partido de su perspectiva democrática, destruyendo su atractor político y social.

Así las cosas, el Uribismo se puede seguir frotando las manos.

La verdad y la justicia en su laberinto

La sostenida tensión entre las ramas ejecutiva y judicial en Colombia tiene dos claves entre ellas relacionadas íntimamente. Por un lado la reelección del presidente en funciones que ya extiende su mandato 8 años hasta 2010, y que de obtener una nueva reelección lo llevaría hasta 2014 en el poder, y la decisión del ejecutivo de evitar que se conozca la verdad del holocausto paramilitar sucedido en Colombia entre 1995 y 2005 cuando entra en vigor la ley de justicia y paz.

Desde la entrada en vigencia de la ley de justicia y paz es posible observar un intento de recuperación de las competencias en cuestión de la aplicación de justicia de las Cortes colombianas, visiblemente ausentes en el pasado.

Este comportamiento se explica por la aparente voluntad del gobierno de facilitar la desmovilización de los grupos paramilitares, y los apoyos provenientes, y más o menos evidentes, del gobierno de los EEUU, Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales.

Sin embargo, existe una considerable resistencia a este intento de apertura democrática , y esto en medio de la manipulación a la que esta sometida la sociedad colombiana lo que la convierte en irrelevante en esta situación.

Desde un comienzo la ley de justicia y paz, que buscaba otorgar perdón y olvido a los paramilitares, fue modificada por la Corte Constitucional. Posteriormente la confirmación de que los jefes paramilitares continuaban su actividad criminal desde sus lugares de detención no fue causa suficiente para separarlos de los beneficios de la misma. Luego los intentos por otorgar el carácter de estatus político y posteriormente la extradición, ejemplifican los múltiples mecanismos del ejecutivo por favorecer la inaplicabilidad de la justicia en el caso de paramilitares y parapolíticos.

Visto desde el rol de EEUU en este proceso es evidente a su vez la manifestación de un giro. Mientras en el pasado reciente a los cuestionamientos hechos por el ejecutivo colombiano a las decisiones de las Cortes en el caso de la parapolítica sobrevinieron comunicados del Departamento de Estado, y de la embajada de EEUU en Bogotá respaldando las decisiones judiciales hoy en cambio preexiste un particular silencio, lo que en parte explica la reacción de la Corte Suprema de Justicia la pasada semana solicitando de manera lacónica el acompañamiento del TPI y de entidades internacionales a su actividad.

Así la insistencia de las Cortes se presenta como un impase al Uribismo si de contener la emergencia de la verdad en Colombia se trata, y por lo pronto explica la perspectiva reeleccionista del presidente en funciones.

Ahora bien, la perspectiva de atornillarse en el poder indefinidamente representa una debilidad del proyecto en curso pero que como se ve por las acciones del ejecutivo prevé subsanarse rompiendo la independencia de la rama judicial, colonizando burocráticamente la misma, a fin de que ante la eventualidad de la llegada de un partido político diferente al Uribismo, ello obstaculice, dificulte o disuada la reapertura de los casos de la oscura década paramilitar, lo que tiene aún más sentido, conocida la entrada en vigor de la Corte Penal Internacional en 2009.

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De otra parte, el sistemático asesinato de jefes paramilitares en Medellín, regiones de Córdoba y Urabá, Bogotá, o Buenos Aires(Argentina), sustenta a su vez una estrategia destinada a eliminar cabos sueltos de los procesos de paramilitarismo y parapolítica.

Así las cosas, los resultados de la verificación de la Organización de Estados Americanos(OEA), como de ONGs colombianas en las que se evidencia un rearme de los grupos paramilitares, es la expresión de uno de los pivotes de una escena sutil e inteligentemente calculada.

El rechazo a las FARC, y a las guerrillas, un genuino reconocimiento y valoración de principios democráticos de la sociedad colombiana.

Este aparte del comunicado de Vía Democrática destinado a la marcha del 20 de julio como la totalidad de su contenido merece un análisis adicional, lo que hago a título personal, por las implicaciones que suscita, y el contraste que presenta respecto a las interpretaciones más comunes al respecto de la marcha.

Por un lado, más allá de la orquestación de los medios de comunicación, el aprovechamiento de la coyuntura generada por la liberación de los 15 secuestrados, y la articulación que se hace en el contexto de la programación adelantada por el gobierno para las fiestas del 20 de julio, ello no debe ocultar la motivación político democrática de la manifestación.

De hecho, uno de los exitos del gobierno consiste en capitalizar la ventaja que otorgan sectores democráticos como el Polo Democrático cuando obvió el ejercicio de asumir la bandera de la libertad, sin condición alguna, de todos los cautivos como divisa política.

Sin duda, el intercambio humanitario es una propuesta complementaria a la anterior, y contrapartida -lo que sigue siendo válido-, a la liberación a través de operativos militares.

Algo semejante sucede con la situación de las FARC. La condena a las FARC no excluye como posibilidad una negociación e incluso el intercambio humanitario acorde con el reconocimiento de la existencia de un conflicto. Pero nuevamente el referente es la condena a la lucha armada, a la combinación de las diversas formas de lucha, a las guerrillas y específicamente a las FARC.

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Pero la falencia en este tema no termina en Colombia. El reconocimiento de la beligerancia efectuada a las FARC por el gobierno venezolano, y su posterior rectificación en cuanto a la inviabilidad de la lucha armada, llevaron al presidente Chávez de la ofensiva política al gobierno colombiano, visible en inmediaciones de la Cumbre de Río, lo que nubló el rechazo generalizado de los países latinoamericanos a la violación de la soberanía ecuatoriana, a una situación ciertamente defensiva y conciliatoria como se observó en la recién finalizada cumbre colombo venezolana del pasado 11 de julio.

Por paradójico que parezca, las tensas relaciones entre los países ha terminado en el desarrollo de megaproyectos comunes. En un primer momento fue el gasoducto que une las dos naciones andinas, y luego en a mas reciente reunión, la puesta en escena del proyecto, por parte del gobierno colombiano, de un ferrocarril que uniría Ecuador y Venezuela cruzando por territorio colombiano, y que representa uno de los ejes transversales del estratégico plan 2019. De otra parte, si se observa el comportamiento de los intercambios económicos, salvo interrupciones temporarias, el crecimiento del mismo es la constante.

Desde la óptica del coloso del sur la situación no es muy diferente. La visita del presidente Lula a Bogotá este 20 de julio, es señal igualmente del como se destraba la agenda económica regional ante los recientes acontecimientos

Según comunicado del fin de semana el Congreso Nacional Gremial, resalta que “el Presidente representa la legitimidad y la unidad nacional." Y más adelante agrega: "El sector privado no tiene dudas sobre su legitimidad”.

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El texto referenciado explicita los temores del Ejecutivo colombiano y de los Gremios Economicos respecto a los efectos de la Yidisgate, y esto pese a la conclusión adelantada de notables constitucionalistas entre los que se incluye el Presidente del Partido Polo Democrático, Carlos Gaviria, que reconocen la imposibilidad jurídica de reabrir la valoración que la Corte Consitucional hiciere de la ya aprobada reelección presidencial.

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Sin embargo, las novedades conocidas en este proceso a futuro tendran un efecto aún inestimable en el campo político, sobre todo si se reconoce que sin el voto de Yidis Medina hoy no existiría relección presidencial y luego Uribe no pudiese ser el actual presidente. En este sentido la evidencia de que el proyecto de reelección sólo fue posible de aprobar en el Congreso a través de la corrupción desdice con suficiencia de la conclusión de los Gremios Económicos colombianos.

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Más aún, el apoyo incondicional al Primer mandatario sin reparo de los hallazgos de la Corte Suprema en dicho proceso, habla no de una precipitud del Ejecutivo y de los Gremios como de una visión común sobre el actuar del Presidente, y del palmario desconocimiento del poder judicial.

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Es paradógico. Finalmente es el orden legal quien es la garantía de las relaciones tanto públicas como privadas, nacionales e internacionales, económicas, sociales o políticas las que con la postura del gobierno estan siendo abiertamente desafiadas. Se olvida el Presidente que el jaque que pone en marcha es al Estado mismo y sus instituciones, aquellas de las que el Gobierno hace parte.

El Polo del Partido Liberal o el nuevo liberal polísmo

El acuerdo logrado entre Luis Eduardo Garzón y el Partido Liberal al respecto de protocolizar el mecanismo de abstención de cara al referendo que abriría las compuertas a una nueva reelección del Presidente Uribe tiene múltiples significaciones y efectos previsiblemente irreversibles.

Por un lado, pese a que el acuerdo no incluye formalmente al PDA, prácticamente no deja lugar diferente al Polo de Carlos Gaviria, que el endosar tal propósito, del que como se sabe de facto ya incluye a Gustavo Petro. El anverso de esta situación, lo completa los efectos del segundo acuerdo Garzón Cesar Gaviria, y que se pone en marcha de pasar el referendo. La previsión incluye una especie de elecciones primarias entre un variopinto ramillete de candidatos que van, por lo pronto, desde el mismo Luis Eduardo Garzón, Sergio Fajardo, Cesar e hipotéticamente Carlos Gaviria, Rafael Pardo, Alfonso Gómez Méndez, Rodrigo Rivera, Germán Vargas Lleras, cerrando este círculo con, nuevamente, Gustavo Petro, de donde saldría electo el candidato de la coalición contra el Presidente candidato.

El efecto al que me refiero, es que decidido este acuerdo al margen del PDA genera con importante probabilidad que los actores hoy a la zaga de estas decisiones y con estatus mayoritario en los organismos de dirección del Polo permitan a Petro y Garzón, en caso de una eventual declinación del Presidente Uribe a su reelección, encauzar su actividad nuevamente al interior de su casa política natal. Más aún, pensando hipotéticamente, si fuese derrotado Uribe en el referendo, las cosas serian difíciles para la reunificación polista dado que la escena política nacional se trastocaría de manera terminante en medio de las relaciones de confianza que se generarían en este proceso.

Es decir, la compuerta que se abre configura una suerte de crisol político que abre una escena, insisto diferente a la actual.

El hecho que la elección del candidato de este Frente Político, por propuesta de Garzón, se haga a través de la personería jurídica del Partido Liberal, ya en la fase dos de este acuerdo, hace pensar en la reconstitución de dicho partido, fundado en la apertura a múltiples sectores políticos ya mencionados, y que incluyen a integrantes de peso político del PDA.

La inflexión política en Colombia que representa esta decisión, ligada a las garantías e igualdad de condiciones de competición a nombre del Partido Liberal de Garzón y Petro, entre otros, con candidatos liberales, tiene significado como homologación y reconocimiento de su integridad política como liberales y demócratas, y como potenciales Presidentes de Colombia por este partido.

El ralito del gobierno colombiano esta en el Congreso

Por la percepción que se induce al observar el comportamiento de los medios de comunicación colombianos respecto al hundimiento de la reforma política, recogida marginalmente en páginas interiores, no es una información que resaltar, pese a que pasa por notaria un pacto entre paramilitares y el ejecutivo.

Las declaraciones del fin de semana anterior efectuadas por el Ministro del Interior Carlos Holguín en el sentido de que el gobierno no apoyaría la reforma política, dado que la silla vacía redundaría en su potencial pérdida de mayorías en el Congreso, pone en evidencia uno de los ejes autocentrantes de la seguridad democrática. Gobernar con criminales.

La postura rubrica a su vez la poca o nula motivación democrática del gobierno Uribe, desdiciendo de cualquier posibilidad de acuerdo político con actores legítimos y legales como los partidos políticos Liberal y Polo Democrático. Por lo visto basta ser de oposición al gobierno para granjear un diferendo insalvable con el mismo.

El momento actual es singular, y no comparable con la decisión también publica del presidente Uribe en el inicio del proceso formal de la parapolítica por parte de la Corte Suprema cuando paulatinamente se llamaba a indagatoria los Congresistas involucrados, cuando manifestó que lo importante eran los voticos necesarios para la aprobación de los proyectos, y que los parlamentarios llamados aún no habían sido vinculados, o condenados penalmente.

La situación hoy, es totalmente diferente. Los Congresistas que hacen mayoría favorable al gobierno en el legislativo, o están vinculados, o condenados, lo que deja contra las cuerdas al gobierno, obligándolo sin pudor a reconocer públicamente un acuerdo, como ya he mencionado, con criminales, y no de cualquier talante, sino aquellos responsables de más de una década de masacres, desplazamientos por millones de personas, torturas y desapariciones por miles.

Lo más significativo de lo sucedido es el mensaje que se envía a las instituciones y funcionarios públicos en la totalidad de sus calidades, y que contraviene lo afirmado por el presidente a lo largo de un incontable número de itinerarios en el país, condensado en su versión de no negociar con delincuentes.

Respecto al Polo Democrático, la decisión es lapidaria. La propuesta de impulsar una Constituyente, según Gustavo Petro, inspirada en la idea de inducir un acuerdo nacional que traduzca el reconocimiento de que cualquier proyecto sustentado en la violencia no sólo ha fracasado en Colombia, sino que debe dejarse en el pasado, tiene en la teoría de la conservación de las mayorías del gobierno, la clausura de la iniciativa.

En el contexto del rearme de los grupos paramilitares la decisión del ejecutivo, conocido el informe de la Defensoría del Pueblo en el que se reconoce de nuevo el control del 40% de las zonas de dominio de la primera fase paramilitar, sin duda conduce a un estimulo de estas actividades.

La situación se ve más compleja, si esta decisión es seguida por el fiscal del Tribunal Penal Internacional, como por los efectos que esto puede acarrear para el presidente, lo que haría comprender el porque Uribe decide jugarse, con los obstáculos que esta iniciativa pone en marcha como consecuencia de las especificidades del momento actual, la reelección presidencial por segunda ocasión.

Así las cosas, el ralito del gobierno colombiano se hace ahora en el Congreso.

El post-uribismo incluye por lo pronto a Uribe

.El posturibismo es típicamente un momento político de reflujo, donde la única carta presidencial de la coalición de derechas, de la que hacen parte unos 8 par-tidos, deja de ser el presidente en ejercicio, Uribe Vélez. Es una perspectiva que toma fuerza tras la extradición de los 14+1 paramilitares a EEUU, liberando en parte al mandatario electo en 2010 de las presiones y acuerdos que se sostenían hasta este momento con los paramilitares, y que hacían pensar que quien ofrecía garantías en este sentido era únicamente el presidente Uribe.

Es decir, me refiero a que los nuevos acuerdos, que a manera de hipótesis, incluye al gobierno estadounidense-y en evaluación la participación de los demócratas-, redimensiona las previsiones de la ley de justicia y paz, que buscaba grosso modo indultar los paramilitares, y dejar sin competencia la Corte Penal Internacional, en lo que se incluía la permanencia de los paramilitares en Colombia.

Las novedades que generaron las actuaciones de las altas cortes colombianas-Constitucional y Suprema-, y las denuncias de diversas organizaciones que evidenciaban la continuación de las actividades ilícitas de los paramilitares, la elusión del marco regulatorio de la verdad, justicia, reparación, y no repetición, paulatinamente abrieron espacio a la pertinencia de la actuación del TPI en Colombia, asunto de difícil manejo cuando sólo restan contados meses para su entrada en vigor en el país en 2009. La respuesta entonces fue la extradición.

Así las cosas, el costo internacional que deseaba eludir EEUU con la extradición de los paramilitares y el efecto de la impunidad que tal disposición acarrea en el caso de los delitos de lesa humanidad llevados a cabo por estos grupos en Colombia, cobra factura, la que se suma a la escena adversa de EEUU en el mundo con lo que sucede en Irak y Afganistán, las cárceles clandestinas, las torturas, y vejaciones a los prisioneros en el contexto de la "lucha contra el terror".

La situación de los paramilitares visto desde la perspectiva de las garantías que otorgaba la ley de justicia y paz, igualmente es adversa. Por un lado, aún existiendo acuerdos para su traslado no deja de ser azaroso su futuro, -y no es del todo desestimable que de presentarse una fuerte presión internacional EEUU se vea obligado a facilitar la actuación del TPI específicamente para el caso de los paramilitares colombianos-, además de que se facilita la liquidación, y esto de múltiples formas, de buena parte de sus bienes en Colombia.

Una nueva escena
Se abre pues la posibilidad de múltiples candidatos a la presidencia en 2010, que por lo pronto incluye a Uribe, y donde las previsiones de la disolución de los partidos uribistas hace pensar en la disputa que entre estos y el Polo Democrático someterán específicamente al partido liberal, y la Alianza Social Indígena(ASI), pivotes fundamentales de cara a los calendarios electorales por venir, en un mano a mano donde ambos, Polo y Uribistas, tienen considerables limitaciones en cuanto a su capacidad de interlocución y en el logro de acuerdos al interior de los respectivos sectores políticos conforme a este objetivo.

Sin embargo, no hay que olvidar que a las posibilidades de acumulación electoral de los actores políticos, se suma su contrario, es decir, el de dividir, y en este sentido, las potencialidades de que esto suceda en el caso del Polo son importantes.

Las cartas del juego electoral son previsibles. La coptación del liberalismo por parte del Uribismo sobreviene con una candidatura de Germán Vargas Lleras, mientras que las dificultades de esta proyección se presentan con una candidatura de Uribe Vélez, o el mismo Juan Manuel Santos.

En el caso del Polo, una candidatura de Lucho Garzón facilitaría las cosas con el Partido liberal, sucediendo lo contrario con los demás candidatos.

¿Es apropiada una constituyente?

Es un interrogante tentador para un militante del Polo-conocido que el Ejecutivo Nacional promueve la realizacion de una Asamblea Nacional Constituyente-, pero a su vez, lo considero la oportunidad de exhibir los matices e impresiones diferenciadas que posee a su interior el PDA, lo que catalogo como la prueba de la existencia de un partido vivo, y dispuesto a debatir, incluso internamente, a más de las potencialidades que este ejercicio significa en cuanto a la generaciòn de insumos adicionales de análisis, lo que de seguro contribuye a la toma de decisiones cada vez más adecuadas.

Para responder la pregunta es del caso recordar lo que fueron algunos aspectos y entornos en medio de los cuales se desenvolvió la constituyente de 1991.

El contexto de negociación de grupos armados como el M19, el PRT y el Quintín Lame, facilitó un relativo ambiente de apertura política, entre partidos políticos tradicionales, gremios económicos, la iglesia, y fuerzas vivas de la sociedad, que prefiguraron vía urnas la equilibrada configuración izquierda derecha en la Constituyente.

Sin embargo, la no participación de las demás guerrillas, FARC, y ELN, limitaron la expectativa futura del proyecto político del 91, dado que mientras se avanzaba en los acuerdos para la puesta en marcha del proceso constituyente, paralelamente se bombardeaba el Caguán de entonces conocido como Casa Verde, y de paso el sustrato de uno de los actores que hiciera parte de la vorágine violenta de los años noventas en el país.

No me detendré en los efectos hoy conocidos de los énfasis que los gobiernos colocan a la constitución del 91, lo que le permite ser avanzada en cuanto a una política de derechos, como que a su vez puede sustentar el debilitamiento del desarrollo de los mismos, y esto sin hablar de la violación patética que por momentos se hace de la misma.

Entonces el clima político de la urbe colombiana es por ello particular, específico, y es uno de los factores que debe interpretarse a razón de la pregunta por la pertinencia de impulsar la realización de una Asamblea Constituyente. ¿Existe el clima político adecuado, acorde con un perspectiva de reconciliación nacional?

Recordar la historia reciente de la Ley de justicia y paz puede dar luces sobre ello, en medio de las disputas que se sucedieron en torno a la mayor o menor aplicación de justicia, permitiendo el monitoreo del comportamiento de los actores armados, de las mafias, y de lo que hoy condensa el sector neoconservador, respecto a la comprensión de la llegada de un momento que contenga la violencia y abra espacios a un camino de carácter democrático para la sociedad colombiana.


Sin duda, el gobierno jugo de múltiples formas para consumar la elusión de la justicia en la ley de Justicia y Paz, y ni hablar de lo paramilitares, pero también las instituciones como las altas Cortes emergieron aunque tímidas, y tras el silencio de más de una década de masacres, representando los rescoldos de legitimidad del Estado colombiano.

El posterior rearme de las estructuras militares ilegales, sumado a la omisión del compromiso con la verdad, justicia y reparación integral, perfilan la escena de una perspectiva más defensiva de lo sucedido que acogida a la autocrítica, y renuncia radical a la actividad ilegal que sustenta la crisis humanitaria, que vive el país.

No hay que olvidar que la expectativa contrarreformista del ejecutivo, verbigracia de la nueva reelección sigue siendo sintomática.

¿Como pensar entonces que esta antesala favorezca el clima de reconciliación que suscita el llamado a una Constituyente? Más bien, y visto desde la otra orilla, esta puede ser una fórmula de salida a la crisis generada como consecuencia del proceso de la parapolítica y de hecho del mismo paramilitarismo, con el lanzamiento por una vez más, de la estrategia de controlar ya no el Congreso, sino más grave aún, la Constituyente, aceitando por múltiples vías la puerta giratoria de la impunidad, evitando el esclarecimiento de uno de los periodos más oscuros-que no termina- y a la que ha estado sometida la sociedad colombiana, dejando como mensaje que deponer un Estado por la violencia redita, política y económicamente.

La alternativa a la situación, está en permitir y apoyar los procesos de reinstauración institucional de las Cortes, estimulando la toma de medidas como la sustitución de los Congresistas, de manera cautelar, luego de la orden de aseguramiento formal que haga la justicia, la nulidad de los votos, el recalculo de la cifra repartidora, de umbral, y la inclusión de nuevos Congresistas que como consecuencia de este proceso se tenga como resultado.

Ahora bien, el caso de las FARC y las demás guerrillas, sigue a su vez en la incertidumbre. La comunicación con las FARC por parte del gobierno prácticamente no existe, y su perspectiva política según la cual por sus propuestas podrían ser asertivos a una Constituyente no ha significado para estos la necesidad de alguna postura pública. El ELN esta en una situación semejante si se ve por lo que significa la promoción de la Convención Nacional, sin embargo, insisto, habrá que escuchar cual es su posición específica al respecto de una propuesta como esta.

El pasado sábado 5 de abril fué convocada la Asamblea de delegados del PDA para el nunicipio de Medellín a las 2:00 PM en la sede ubicada en la comuna la Candelaria en el centro de la ciudad. Pasadas las 2:30 los invitados a la convocatoria no fueron suficientes para la declaratoria de quorum decisorio, y se inicio una sesión informal.

Presento este contexto, porque participé de tal reunión no siendo delegado del PDA para el municipio, sin embargo, lo creí pertinente dado que una propuesta realizada hace unos 4 meses atras, y que di a conocer recien terminado el proceso eleccionario de 2007, fue retomada para las discusiones de la asamblea.

En aquel entonces, en compañía de mi equipo de campaña decidimos que sería importante para el partido, luego del reves de las elecciones para el proyecto Polo a nivel regional, incentivar un analisis de lo sucedido, por que no localizar responsabilidades, y entre los sectores que constituyen el proyecto político, redireccionar las acciones que se presentaran como necesarias.

En este sentido, el analisis localizaba como uno de los puntos sensibles, los ejecutivos regional y local, y la necesidad de efectuar una apertura democratica en su conformación, teniendo como divisa la inclusión de otros sectores que aporten nuevas dinámicas al partido. El compartamiento del tipo bancada también se visualizaba como limitante de una actividad política orientada más por los argumentos que por el frío calculo de mayorías.

Hoy la situación es semejante, y explicaría el como la propuesta cobra nuevamente vida. Sin embargo, las previsiones de la propuesta que se proponía ampliar el numero de casillas en el ejecutivo y que debia ser aprobada por la asamblea, en la práctica serviría para anclar aún más la situación actual, que debe ser modificada, y fue esto uno de los elementos que hacía necesaria la presencia en la reunión, y de una constancia que así fue proclamada.

La constancia hizo referencia a los siguientes elementos. El primero, agradecer a los sectores del partido que voluntariamente hicieron expreso el favor a nuestra participación en el ejecutivo. Y el segundo, era un asunto de caracter aclaratorio, cual era recavar sobre la independencia con la que se administraria tal casilla, cuestionando así el alineamiento o esquema de bloques que actualmente regenta tal espacio. El tercero hace alusión a que tal aspiración se desarrollaría dentro de los canones de la legalidad, la inspiración democrática, y los estatutos del PDA.

Sin duda, la propuesta tiene toda vigencia aún, pero no hay que perder de vista su objetivo, cual es estimular el dialogo constructivo que cimente la construcción de un proyecto político regional y local, que como es de esperarse fortalezca liderazgos actuales como la emergencia de otros nuevos.

La tormenta perfecta

Las declaraciones efectuadas por el primer mandatario venezolano, Hugo Chávez, el pasado 10 de enero, en el que otorga, como un hecho histórico, la beligerancia a los grupos guerrilleros, FARC, y ELN, permiten al gobierno del presidente Uribe, en Colombia, un reacomodamiento de sus fuerzas de coalición, maltrechas como consecuencia del avance del proceso de la parapolítica, que con sendas declaraciones de apoyo al primer mandatario inauguran un nuevo periodo de unidad.

La nueva escena otorga a Uribe la posibilidad de renovar su actividad política internacional, eludiendo temas engorrosos, como la infiltración paramilitar en el Estado colombiano, que facturaron un descrédito tal que complicaban seriamente tanto las relaciones con los europeos como con los Estados Unidos, quienes abrieron agenda al presidente colombiano la semana que comienza, y en la que a más de ratificar, su decisión de que no sustraerán a las guerrillas colombianas de las listas de terroristas, significara el lanzamiento internacional de Colombia en el papel de contraparte política al gobierno del presidente Chávez, asimilando cuestionamientos ya conocidos, como la idea de la probidad por el expansionismo del gobierno venezolano, el apoyo a las guerrillas colombianas, y la afinidad con el tráfico de drogas.

Pero si se trata de los efectos que se producen en Colombia, sólo basta recurrir a las declaraciones del director del Partido de la U, Carlos García, quien propone dotar de herramientas excepcionales al gobierno orientadas a facilitar la operación de los organismos de seguridad del Estado, y en este mismo sentido, la restricción de los derechos de las personas. Por su parte, German Vargas Lleras, director del partido Cambio Radical, pronostica el paso a la cooperación entre el gobierno de Venezuela y las guerrillas colombianas. El panorama lo completa, Rafael Pardo, miembro del partido Liberal, quien propone establecer en Colombia, el delito de terrorismo, tal como se aplica en Estados Unidos y Europa.

Como se ve, es presumible la puesta en marcha de una actualizada Doctrina de la Seguridad Nacional, en una versión donde a mas de la necesidad de combatir un enemigo interno, se presenta uno de carácter externo como complemento, lo que sugiere una escena donde los procesados por parapolítica y paramilitarismo, resultan beneficiados. De hecho, las presiones internacionales en gran parte explican la apertura del libro claro oscuro de la parapolítica en el país, prioridad que puede modificarse ante lo significativo del actual diferendo por el que cruzan las naciones neogranadinas.

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De otro lado, en el campo económico, la situación de los dos primeros aliados comerciales de Colombia, Estados Unidos sumergido en una crisis del crédito, y Venezuela, quien supedita la regularización del comercio al levantamiento del estatus de terrorista a las guerrillas, empujan al gobierno colombiano a tomar medidas desesperadas, inclinando potencialmente la balanza del lado del meridiano intervensionista de Estados Unidos en Venezuela, en el que se mezcla el interés por el control del petróleo, lo que permite visualizar vectores nada desestimables en la evolución de un litigio, que por sus aristas geopolíticas, convierten la actual escena en un punto potencialmente desencadenante de múltiples conflictos.

Previsiones al relevo del proyecto Uribe

No ha terminado la contienda electoral en la que se eligen poderes regionales y locales, y a pesar de lo prematuro que parezca, los comentarios y entrevistas de los medios de comunicación tanto a Luis Eduardo Garzón, Sergio Fajardo o Gustavo Petro, evidencian la largada de las candidaturas a las presidenciales de 2010. El panorama trae como novedad el saltarse el regular paso por el Congreso, o, el paso por la primera magistratura del distrito capital, por regla, antesala a la aspiraciòn presidencial, mostrado por la candidatura del primer mandatario de la ciudad de Medelín.

Y es que el arribo del Polo Democrático a la administración de la ciudad capital en dos periodos consecutivos, no sólo contrasta la tendencia hegemónica en el país que posee la coalición uribista, sino que factura el hundimiento de líderes políticos como Juan Lozano y Enrique Peñalosa, potenciales relevos, si de aspiraciones presidenciales se trata, y en parte explica, la postulación “prematura” de Sergio Fajardo, con limitaciones de reconocimiento a escala nacional, al igual que con la clase política de la Sabana de Bogotá.

¿Ahora bien, porque paulatinamente y con participación de los medios de comunicación y gremios económicos importantes, se abre paso la candidatura presidencial de Fajardo? Una de las hipotesis apunta al el hecho del riesgo que significa el ascenso del Polo al solio presidencial en 2010 para las elítes colombianas, y que representa una ruptura histórica. Los cerca de 200 años de historia repu-blicana del país, inscriben periodos convulsos que interpretan momentos donde sectores empresariales no logran acuerdos comunes, o cuando emerge con fuerza una franja social que pretende convertirse, o abrir paso, a un sector empresarial de relevo, y que dicho sea de paso, es lo que desata la fuerza de las tendencias conservaduristas, más violentas en su actividad, con el propósito de evitar que el estado del poder político y económico se modifique. Pero esta historia sinuosa del poder en Colombia no puede olvidar como las élites recurren a figuras políticas “frescas” que ofreciendo renovación, cierren un ciclo, permitiendo amparar el designio del cambio para no cambiar nada.

De hecho, el todavía actual mandatario de la “Ciudad de las flores”, sella de manera satisfactoria una escena política y geográfica donde poderes de diversa índole no sólo conviven sino que constituyen un marco político de referencia para la administración de Medellín, lo que se complementa con su bien cultivado halito de socialdemócrata, una percepción pública alentada por los mass media, lo que facilita la disputa electoral sobre el mismo terreno, en cuestión de opinión, del Polo, toda vez que elude, los costos del alineamiento total al proyecto que gestiona el presidente en ejercicio Alvaro Uribe.

Empero, las perspectivas presidenciales que van del vagón local de la capital antioqueña a Bogotá, no terminan allí. Los reveses continuados del presidente en funciones sintetizados en el bloqueo económico que significa el congelamiento de la aprobación del TLC con Estados Unidos, convirtiendo un tema de carácter e impacto limitado a la escena internacional en una situación que afecta de manera determinante la esfera de la economía local, y de otro lado, las presiones respecto al tema de los derechos humanos, que ya tienen incidencia en las relaciones comerciales, y en la economía como tal, terminan por configurar la escena tipo para el planteo del relevo del primer mandatario colombiano. En este sentido, cobra vital importancia para una administración presidencial en el futuro, la capacidad de aplacar el debate internacional sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, aspecto con notables logros por parte de la administración Fajardo, en la que cuenta con una experiencia singular en la ciudad de Medellín, donde su éxito se ve recompensado con la política presidencial que traslada del Distrito Capital, a la provincia antioqueña, la actividad del lobby al TLC.

Sin duda la batería de intelectuales, organizaciones y corporaciones que acompañan la meta de neutralizar las demandas internacionales a Colombia, en cuanto a la aplicación de justicia se refiere, localizadas en Medellín, soporta la quinta columna del planeado relevo del presidente Uribe en 2010. También es previsible, que el presidente Uribe sirva de señuelo a la oposición mientras abre paso a la candidatura de Fajardo, en una maniobra electoral que ya comienza, y que es presumible termine con la declinación en caliente del presidente candidato, y el guiño respectivo, en las goteras de las elecciones de 2010.

La escena política de Medellín y la encrucijada del PDA-Antioquia

Las elecciones de octubre pasado inscriben no sólo sembrar el mojón histórico que representa el nacimiento del PDA Medellín, si no también, las enseñanzas que se derivan del proceso electoral como tal, sobre todo, la caracterización del comportamiento de los grupos políticos que conforman el partido, en momentos donde se verifica la consistencia de los manifiestos, es decir la concreción del pensamiento político hecho voto en las urnas.

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Sobra decir que este es un factor determinante a la hora de la construcción de un proyecto político, y que tal comportamiento inscribe la potencia o marchitamiento de las expectativas, aun pragmáticas del PDA, e impacta de manera visible la ecuación económica que expresa una correlación entre insumos y gastos de propaganda de una campaña, con la movilidad electoral favorable, lo que de hecho se vuelve papel mojado, al igual que amenaza con convertir en pasivo político los altisonantes slogans que hablan corrientemente de la consistencia.

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Si bien es cierto que el comportamiento electoral y las percepciones políticas en el país, a lo que no escapa la escena subregional, están bajo el influjo de los medios de comunicación, sumado a que es en el nivel local donde operan con mayor determinación las máquinas electorales, ello en cualquier caso es producto a su vez, de un proceso que se configura en el imaginario social de la ciudad, inspirado en el orden mas practico, que en la teorìa polìtica en la que dicen sustentarse los partidos.

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De esta forma, según sea la visión política de los partidos, se orienta el perfil de la convocatoria electoral. Así, las recientes elecciones evidenciaron y ratificaron la eficacia en resultados de la estrategia electoral de los grupos de la coalición uribista, heredada de los partidos tradicionales, que se funda en el pragmatismo de las comunidades al permitir la compra y transacción del voto, como la preeminencia del interés cortoplacista, o mediato del móvil político que posee el sufragio, y que dicho sea de paso sintetiza un modelo paradigmático de relación entre electores y elegidos.

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El PDA, por no poseer medios comparables para una disputa de este carácter, sumado a que ello no representa su misión política, busca que sea la reflexión y la propuesta sobre lo estructural lo que motive los electores, cuestionando el cortoplacismo y la “venta del voto”, o la transacción del mismo por el móvil privado, fomentado la participación política, y parte sustantiva de la propaganda, el voto a "conciencia”. Paradójicamente ello no se vio reflejado en la contienda electoral del pasado mes de octubre por lo que puede interpretarse de los escrutinios finales, que evidencian una tendencia del voto promovido por los grupos constitutivos del Polo, hacia terceras fuerzas allende el mismo.

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El hecho que de cada 10 votos de la lista al concejo de Medellín del PDA, 8 estén en terceras candidaturas a la alcaldía, infiere la preeminencia del pragmatismo político, paradójicamente, comparable al comportamiento cortoplacista y minimalista de la comunidad que oferta su voto al mejor postor, en momentos donde se exige la natural consistencia política, como por los slogans de la propaganda de un partido que se proclama alternativo.

Lo complejo de esta situación se sitúa, no sólo en el pobre aforo electoral que representa el transcurso de los años 2003-2007, para el PDA Medellín, sino lo que hace prever una reedición de lo sucedido en 2011. De hecho, es presumible por las características del electorado de la ciudad, sumado a las potencialidades de las maquinarias electorales del Uribismo, posiblemente harán que en 2011, las encuestas de favorabilidad electoral sean adversas a las candidaturas uninominales de alcaldía y gobernación del PDA, y que ello nuevamente suscite la escena recientemente vivida, con costos tanto políticos como económicos. Quedan pues dos moralejas. O, comprender las expectativas de proceso del Polo Medellín, y acumular con miras a la construcción de partido, O, y esto para los adalíes del pragmatismo, planear de mejor manera, la abdicación y negociación de las candidaturas uninominales a alcaldía y gobernación del Polo Antioquia, en 2011.