La verdad y la justicia en su laberinto

La sostenida tensión entre las ramas ejecutiva y judicial en Colombia tiene dos claves entre ellas relacionadas íntimamente. Por un lado la reelección del presidente en funciones que ya extiende su mandato 8 años hasta 2010, y que de obtener una nueva reelección lo llevaría hasta 2014 en el poder, y la decisión del ejecutivo de evitar que se conozca la verdad del holocausto paramilitar sucedido en Colombia entre 1995 y 2005 cuando entra en vigor la ley de justicia y paz.

Desde la entrada en vigencia de la ley de justicia y paz es posible observar un intento de recuperación de las competencias en cuestión de la aplicación de justicia de las Cortes colombianas, visiblemente ausentes en el pasado.

Este comportamiento se explica por la aparente voluntad del gobierno de facilitar la desmovilización de los grupos paramilitares, y los apoyos provenientes, y más o menos evidentes, del gobierno de los EEUU, Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales.

Sin embargo, existe una considerable resistencia a este intento de apertura democrática , y esto en medio de la manipulación a la que esta sometida la sociedad colombiana lo que la convierte en irrelevante en esta situación.

Desde un comienzo la ley de justicia y paz, que buscaba otorgar perdón y olvido a los paramilitares, fue modificada por la Corte Constitucional. Posteriormente la confirmación de que los jefes paramilitares continuaban su actividad criminal desde sus lugares de detención no fue causa suficiente para separarlos de los beneficios de la misma. Luego los intentos por otorgar el carácter de estatus político y posteriormente la extradición, ejemplifican los múltiples mecanismos del ejecutivo por favorecer la inaplicabilidad de la justicia en el caso de paramilitares y parapolíticos.

Visto desde el rol de EEUU en este proceso es evidente a su vez la manifestación de un giro. Mientras en el pasado reciente a los cuestionamientos hechos por el ejecutivo colombiano a las decisiones de las Cortes en el caso de la parapolítica sobrevinieron comunicados del Departamento de Estado, y de la embajada de EEUU en Bogotá respaldando las decisiones judiciales hoy en cambio preexiste un particular silencio, lo que en parte explica la reacción de la Corte Suprema de Justicia la pasada semana solicitando de manera lacónica el acompañamiento del TPI y de entidades internacionales a su actividad.

Así la insistencia de las Cortes se presenta como un impase al Uribismo si de contener la emergencia de la verdad en Colombia se trata, y por lo pronto explica la perspectiva reeleccionista del presidente en funciones.

Ahora bien, la perspectiva de atornillarse en el poder indefinidamente representa una debilidad del proyecto en curso pero que como se ve por las acciones del ejecutivo prevé subsanarse rompiendo la independencia de la rama judicial, colonizando burocráticamente la misma, a fin de que ante la eventualidad de la llegada de un partido político diferente al Uribismo, ello obstaculice, dificulte o disuada la reapertura de los casos de la oscura década paramilitar, lo que tiene aún más sentido, conocida la entrada en vigor de la Corte Penal Internacional en 2009.

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De otra parte, el sistemático asesinato de jefes paramilitares en Medellín, regiones de Córdoba y Urabá, Bogotá, o Buenos Aires(Argentina), sustenta a su vez una estrategia destinada a eliminar cabos sueltos de los procesos de paramilitarismo y parapolítica.

Así las cosas, los resultados de la verificación de la Organización de Estados Americanos(OEA), como de ONGs colombianas en las que se evidencia un rearme de los grupos paramilitares, es la expresión de uno de los pivotes de una escena sutil e inteligentemente calculada.