Es un interrogante tentador para un militante del Polo-conocido que el Ejecutivo Nacional promueve la realizacion de una Asamblea Nacional Constituyente-, pero a su vez, lo considero la oportunidad de exhibir los matices e impresiones diferenciadas que posee a su interior el PDA, lo que catalogo como la prueba de la existencia de un partido vivo, y dispuesto a debatir, incluso internamente, a más de las potencialidades que este ejercicio significa en cuanto a la generaciòn de insumos adicionales de análisis, lo que de seguro contribuye a la toma de decisiones cada vez más adecuadas.
Para responder la pregunta es del caso recordar lo que fueron algunos aspectos y entornos en medio de los cuales se desenvolvió la constituyente de 1991.
El contexto de negociación de grupos armados como el M19, el PRT y el Quintín Lame, facilitó un relativo ambiente de apertura política, entre partidos políticos tradicionales, gremios económicos, la iglesia, y fuerzas vivas de la sociedad, que prefiguraron vía urnas la equilibrada configuración izquierda derecha en la Constituyente.
Sin embargo, la no participación de las demás guerrillas, FARC, y ELN, limitaron la expectativa futura del proyecto político del 91, dado que mientras se avanzaba en los acuerdos para la puesta en marcha del proceso constituyente, paralelamente se bombardeaba el Caguán de entonces conocido como Casa Verde, y de paso el sustrato de uno de los actores que hiciera parte de la vorágine violenta de los años noventas en el país.
No me detendré en los efectos hoy conocidos de los énfasis que los gobiernos colocan a la constitución del 91, lo que le permite ser avanzada en cuanto a una política de derechos, como que a su vez puede sustentar el debilitamiento del desarrollo de los mismos, y esto sin hablar de la violación patética que por momentos se hace de la misma.
Entonces el clima político de la urbe colombiana es por ello particular, específico, y es uno de los factores que debe interpretarse a razón de la pregunta por la pertinencia de impulsar la realización de una Asamblea Constituyente. ¿Existe el clima político adecuado, acorde con un perspectiva de reconciliación nacional?
Recordar la historia reciente de la Ley de justicia y paz puede dar luces sobre ello, en medio de las disputas que se sucedieron en torno a la mayor o menor aplicación de justicia, permitiendo el monitoreo del comportamiento de los actores armados, de las mafias, y de lo que hoy condensa el sector neoconservador, respecto a la comprensión de la llegada de un momento que contenga la violencia y abra espacios a un camino de carácter democrático para la sociedad colombiana.
Sin duda, el gobierno jugo de múltiples formas para consumar la elusión de la justicia en la ley de Justicia y Paz, y ni hablar de lo paramilitares, pero también las instituciones como las altas Cortes emergieron aunque tímidas, y tras el silencio de más de una década de masacres, representando los rescoldos de legitimidad del Estado colombiano.
El posterior rearme de las estructuras militares ilegales, sumado a la omisión del compromiso con la verdad, justicia y reparación integral, perfilan la escena de una perspectiva más defensiva de lo sucedido que acogida a la autocrítica, y renuncia radical a la actividad ilegal que sustenta la crisis humanitaria, que vive el país.
No hay que olvidar que la expectativa contrarreformista del ejecutivo, verbigracia de la nueva reelección sigue siendo sintomática.
¿Como pensar entonces que esta antesala favorezca el clima de reconciliación que suscita el llamado a una Constituyente? Más bien, y visto desde la otra orilla, esta puede ser una fórmula de salida a la crisis generada como consecuencia del proceso de la parapolítica y de hecho del mismo paramilitarismo, con el lanzamiento por una vez más, de la estrategia de controlar ya no el Congreso, sino más grave aún, la Constituyente, aceitando por múltiples vías la puerta giratoria de la impunidad, evitando el esclarecimiento de uno de los periodos más oscuros-que no termina- y a la que ha estado sometida la sociedad colombiana, dejando como mensaje que deponer un Estado por la violencia redita, política y económicamente.
La alternativa a la situación, está en permitir y apoyar los procesos de reinstauración institucional de las Cortes, estimulando la toma de medidas como la sustitución de los Congresistas, de manera cautelar, luego de la orden de aseguramiento formal que haga la justicia, la nulidad de los votos, el recalculo de la cifra repartidora, de umbral, y la inclusión de nuevos Congresistas que como consecuencia de este proceso se tenga como resultado.
Ahora bien, el caso de las FARC y las demás guerrillas, sigue a su vez en la incertidumbre. La comunicación con las FARC por parte del gobierno prácticamente no existe, y su perspectiva política según la cual por sus propuestas podrían ser asertivos a una Constituyente no ha significado para estos la necesidad de alguna postura pública. El ELN esta en una situación semejante si se ve por lo que significa la promoción de la Convención Nacional, sin embargo, insisto, habrá que escuchar cual es su posición específica al respecto de una propuesta como esta.
