Por la percepción que se induce al observar el comportamiento de los medios de comunicación colombianos respecto al hundimiento de la reforma política, recogida marginalmente en páginas interiores, no es una información que resaltar, pese a que pasa por notaria un pacto entre paramilitares y el ejecutivo.Las declaraciones del fin de semana anterior efectuadas por el Ministro del Interior Carlos Holguín en el sentido de que el gobierno no apoyaría la reforma política, dado que la silla vacía redundaría en su potencial pérdida de mayorías en el Congreso, pone en evidencia uno de los ejes autocentrantes de la seguridad democrática. Gobernar con criminales.
La postura rubrica a su vez la poca o nula motivación democrática del gobierno Uribe, desdiciendo de cualquier posibilidad de acuerdo político con actores legítimos y legales como los partidos políticos Liberal y Polo Democrático. Por lo visto basta ser de oposición al gobierno para granjear un diferendo insalvable con el mismo.
El momento actual es singular, y no comparable con la decisión también publica del presidente Uribe en el inicio del proceso formal de la parapolítica por parte de la Corte Suprema cuando paulatinamente se llamaba a indagatoria los Congresistas involucrados, cuando manifestó que lo importante eran los voticos necesarios para la aprobación de los proyectos, y que los parlamentarios llamados aún no habían sido vinculados, o condenados penalmente.
La situación hoy, es totalmente diferente. Los Congresistas que hacen mayoría favorable al gobierno en el legislativo, o están vinculados, o condenados, lo que deja contra las cuerdas al gobierno, obligándolo sin pudor a reconocer públicamente un acuerdo, como ya he mencionado, con criminales, y no de cualquier talante, sino aquellos responsables de más de una década de masacres, desplazamientos por millones de personas, torturas y desapariciones por miles.
Lo más significativo de lo sucedido es el mensaje que se envía a las instituciones y funcionarios públicos en la totalidad de sus calidades, y que contraviene lo afirmado por el presidente a lo largo de un incontable número de itinerarios en el país, condensado en su versión de no negociar con delincuentes.
Respecto al Polo Democrático, la decisión es lapidaria. La propuesta de impulsar una Constituyente, según Gustavo Petro, inspirada en la idea de inducir un acuerdo nacional que traduzca el reconocimiento de que cualquier proyecto sustentado en la violencia no sólo ha fracasado en Colombia, sino que debe dejarse en el pasado, tiene en la teoría de la conservación de las mayorías del gobierno, la clausura de la iniciativa.
En el contexto del rearme de los grupos paramilitares la decisión del ejecutivo, conocido el informe de la Defensoría del Pueblo en el que se reconoce de nuevo el control del 40% de las zonas de dominio de la primera fase paramilitar, sin duda conduce a un estimulo de estas actividades.
La situación se ve más compleja, si esta decisión es seguida por el fiscal del Tribunal Penal Internacional, como por los efectos que esto puede acarrear para el presidente, lo que haría comprender el porque Uribe decide jugarse, con los obstáculos que esta iniciativa pone en marcha como consecuencia de las especificidades del momento actual, la reelección presidencial por segunda ocasión.
Así las cosas, el ralito del gobierno colombiano se hace ahora en el Congreso.
