.El posturibismo es típicamente un momento político de reflujo, donde la única carta presidencial de la coalición 
de derechas, de la que hacen parte unos 8 par-tidos, deja de ser el presidente en ejercicio, Uribe Vélez. Es una perspectiva que toma fuerza tras la extradición de los 14+1 paramilitares a EEUU, liberando en parte al mandatario electo en 2010 de las presiones y acuerdos que se sostenían hasta este momento con los paramilitares, y que hacían pensar que quien ofrecía garantías en este sentido era únicamente el presidente Uribe.
Es decir, me refiero a que los nuevos acuerdos, que a manera de hipótesis, incluye al gobierno estadounidense-y en evaluación la participación de los demócratas-, redimensiona las previsiones de la ley de justicia y paz, que buscaba grosso modo indultar los paramilitares, y dejar sin competencia la Corte Penal Internacional, en lo que se incluía la permanencia de los paramilitares en Colombia.
Las novedades que generaron las actuaciones de las altas cortes colombianas-Constitucional y Suprema-, y las denuncias de diversas organizaciones que evidenciaban la continuación de las actividades ilícitas de los paramilitares, la elusión del marco regulatorio de la verdad, justicia, reparación, y no repetición, paulatinamente abrieron espacio a la pertinencia de la actuación del TPI en Colombia, asunto de difícil manejo cuando sólo restan contados meses para su entrada en vigor en el país en 2009. La respuesta entonces fue la extradición.
Así las cosas, el costo internacional que deseaba eludir EEUU con la extradición de los paramilitares y el efecto de la impunidad que tal disposición acarrea en el caso de los delitos de lesa humanidad llevados a cabo por estos grupos en Colombia, cobra factura, la que se suma a la escena adversa de EEUU en el mundo con lo que sucede en Irak y Afganistán, las cárceles clandestinas, las torturas, y vejaciones a los prisioneros en el contexto de la "lucha contra el terror".
La situación de los paramilitares visto desde la perspectiva de las garantías que otorgaba la ley de justicia y paz, igualmente es adversa. Por un lado, aún existiendo acuerdos para su traslado no deja de ser azaroso su futuro, -y no es del todo desestimable que de presentarse una fuerte presión internacional EEUU se vea obligado a facilitar la actuación del TPI específicamente para el caso de los paramilitares colombianos-, además de que se facilita la liquidación, y esto de múltiples formas, de buena parte de sus bienes en Colombia.
Una nueva escena
Se abre pues la posibilidad de múltiples candidatos a la presidencia en 2010, que por lo pronto incluye a Uribe, y donde las previsiones de la disolución de los partidos uribistas hace pensar en la disputa que entre estos y el Polo Democrático someterán específicamente al partido liberal, y la Alianza Social Indígena(ASI), pivotes fundamentales de cara a los calendarios electorales por venir, en un mano a mano donde ambos, Polo y Uribistas, tienen considerables limitaciones en cuanto a su capacidad de interlocución y en el logro de acuerdos al interior de los respectivos sectores políticos conforme a este objetivo.
de derechas, de la que hacen parte unos 8 par-tidos, deja de ser el presidente en ejercicio, Uribe Vélez. Es una perspectiva que toma fuerza tras la extradición de los 14+1 paramilitares a EEUU, liberando en parte al mandatario electo en 2010 de las presiones y acuerdos que se sostenían hasta este momento con los paramilitares, y que hacían pensar que quien ofrecía garantías en este sentido era únicamente el presidente Uribe.Es decir, me refiero a que los nuevos acuerdos, que a manera de hipótesis, incluye al gobierno estadounidense-y en evaluación la participación de los demócratas-, redimensiona las previsiones de la ley de justicia y paz, que buscaba grosso modo indultar los paramilitares, y dejar sin competencia la Corte Penal Internacional, en lo que se incluía la permanencia de los paramilitares en Colombia.
Las novedades que generaron las actuaciones de las altas cortes colombianas-Constitucional y Suprema-, y las denuncias de diversas organizaciones que evidenciaban la continuación de las actividades ilícitas de los paramilitares, la elusión del marco regulatorio de la verdad, justicia, reparación, y no repetición, paulatinamente abrieron espacio a la pertinencia de la actuación del TPI en Colombia, asunto de difícil manejo cuando sólo restan contados meses para su entrada en vigor en el país en 2009. La respuesta entonces fue la extradición.
Así las cosas, el costo internacional que deseaba eludir EEUU con la extradición de los paramilitares y el efecto de la impunidad que tal disposición acarrea en el caso de los delitos de lesa humanidad llevados a cabo por estos grupos en Colombia, cobra factura, la que se suma a la escena adversa de EEUU en el mundo con lo que sucede en Irak y Afganistán, las cárceles clandestinas, las torturas, y vejaciones a los prisioneros en el contexto de la "lucha contra el terror".
La situación de los paramilitares visto desde la perspectiva de las garantías que otorgaba la ley de justicia y paz, igualmente es adversa. Por un lado, aún existiendo acuerdos para su traslado no deja de ser azaroso su futuro, -y no es del todo desestimable que de presentarse una fuerte presión internacional EEUU se vea obligado a facilitar la actuación del TPI específicamente para el caso de los paramilitares colombianos-, además de que se facilita la liquidación, y esto de múltiples formas, de buena parte de sus bienes en Colombia.
Una nueva escena
Se abre pues la posibilidad de múltiples candidatos a la presidencia en 2010, que por lo pronto incluye a Uribe, y donde las previsiones de la disolución de los partidos uribistas hace pensar en la disputa que entre estos y el Polo Democrático someterán específicamente al partido liberal, y la Alianza Social Indígena(ASI), pivotes fundamentales de cara a los calendarios electorales por venir, en un mano a mano donde ambos, Polo y Uribistas, tienen considerables limitaciones en cuanto a su capacidad de interlocución y en el logro de acuerdos al interior de los respectivos sectores políticos conforme a este objetivo.
Sin embargo, no hay que olvidar que a las posibilidades de acumulación electoral de los actores políticos, se suma su contrario, es decir, el de dividir, y en este sentido, las potencialidades de que esto suceda en el caso del Polo son importantes.
Las cartas del juego electoral son previsibles. La coptación del liberalismo por parte del Uribismo sobreviene con una candidatura de Germán Vargas Lleras, mientras que las dificultades de esta proyección se presentan con una candidatura de Uribe Vélez, o el mismo Juan Manuel Santos.
En el caso del Polo, una candidatura de Lucho Garzón facilitaría las cosas con el Partido liberal, sucediendo lo contrario con los demás candidatos.
Las cartas del juego electoral son previsibles. La coptación del liberalismo por parte del Uribismo sobreviene con una candidatura de Germán Vargas Lleras, mientras que las dificultades de esta proyección se presentan con una candidatura de Uribe Vélez, o el mismo Juan Manuel Santos.
En el caso del Polo, una candidatura de Lucho Garzón facilitaría las cosas con el Partido liberal, sucediendo lo contrario con los demás candidatos.
