El resquebrajamiento de los indicadores de sostenibilidad de la política de seguridad democrática contrario a explicarse como consecuencia de las actividades de las guerrillas, hoy en un repliegue forzado por los golpes de la fuerza pública, se debe al reto que imponen los grupos paramilitares al gobierno.La destorcida de indicadores como la tasa de homicidios, el desplazamiento, y el narcotráfico, representan efectos que sobrevienen la puesta en marcha de la ley de justicia y paz en 2005, un acuerdo para la desmovilización de los grupos paramilitares, y por la extradición de 15 jefes paramilitares a los Estados Unidos, ambos factores adversos si se quiere, respecto a las previsiones iniciales del gobierno y los grupos armados ilegales.
Los impases a las previsiones de dicha negociación se inician tras las presiones de grupos pro derechos humanos nacionales e internacionales, Naciones Unidas, y por la modificación de la correlación política favorable a los demócratas luego de las elecciones en Estados Unidos en 2005, factores que terminaron por facilitar y apoyar los ajustes introducidos a la ley de justicia y paz por la Corte Constitucional en Colombia.
La actividad de la Corte Suprema de Justicia respecto de la parapolítica es un adoquín más en un proceso que crea un ambiente de desconfianza entre grupos paramilitares y gobierno, que como se ve por la discrecionalidad en el retiro reciente de un grupo de 27 militares y la dimisión del comandante general de las Fuerzas Armadas, tiene como caja de resonancia las Fuerzas Militares colombianas.
Así, en un contexto más amplio, los factores mencionados explican uno de los mayores pasivos políticos del gobierno Uribe cual es el congelamiento del TLC con EE.UU, al que ahora se le suma una reducción continuada y la reorientación de algunos rubros en los recursos del Plan Colombia.
Ahora bien, la llegada de un demócrata a la Casa Blanca dificulta aún más la expectativa política de un tercer periodo del presidente Uribe, lo que paulatinamente abre las compuertas a un escenario en las presidenciales de 2010 en Colombia bien diferente si se le compara con las elecciones de 2002, y 2006.
Las características para el momento actual de Colombia, visto por los signos cifrados de la élite colombiana, perfilan el requerimiento de un hombre de mano fuerte contra el narcotráfico y de los grupos paramilitares que evite un nuevo ciclo de violencia como el que sobreviene luego de 1995, y como consecuencia de una reestructuración de las Fuerzas Armadas. Más aún, que desarrollando la ley de justicia y paz, se circunscriba a los actores como paramilitares y guerrillas, evitando una radiación a otros sectores económicos, y sociales.
Por los movimientos políticos recientes, es posible observar un avance importante en la construcción de un acuerdo entre Germán Vargas Lleras y el Partido Liberal. De recordar que los orígenes de Vargas Lleras son semejantes a los de Cesar Gaviria, actual director del Partido Liberal, el Nuevo Liberalismo, tendencia que se ha caracterizado por su reacción a la actividad de las mafias lo que a comienzos de los años noventas costo el asesinato de su líder natural Luis Carlos Galán, y posteriormente una cruenta guerra contra el narcotráfico.
En las toldas del Partido Conservador, hoy renovado en fuerzas tras las elecciones de directorios realizadas el pasado octubre, y en el que movilizó millón y medio de militantes, cifra superior en 70% respecto a otro partido que llamó a elecciones a Congreso, el Polo Democrático, es presumible una candidatura a 2010 de Juan Manuel Santos, en un contexto que asimilaría sin mucho ruido, los partidos hasta hoy uribistas en el Partido Conservador.
Es presumible a su vez, que por los resultados a Congreso del PDA su candidato a 2010 sea Carlos Gaviria Díaz.
Es eventualmente posible, a su vez, el nacimiento de una nueva propuesta política que gire en torno a sectores liberales, demócratas de diferentes partidos, Antanas Mockus, Gustavo Petro, y Luis Eduardo Garzón quienes presumiblemente tendrían un candidato propio. Ya hace algunos días fue lanzada en predios de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en la ciudad de Bogotá una iniciativa que hace pensar en esto denominada Agenda Social Colombia.
