El distanciamiento entre los intereses de la elite tradicional de la sabana de Bogotá y los de las sabanas de Córdoba continua su curso extendiendo sus efectos en los órdenes políticos, y ahora económicos.La metástasis del proyecto paramilitar entre los años 1995 y 2002 evidencia la envergadura de proceso por muchos desdeñado respecto a su capacidad de mutar, escalar y recrearse, y es esa misma miopía la que evita vislumbrar la calidad del proyecto económico en curso, que paso de tramitarse a través de las estructuras de las elites tradicionales a lograr un nivel de independencia y autonomía sorprendentes.
La mezcla de actividades lícitas e ilícitas tiene una larga tradición en Colombia, sin embargo una economía como la de DMG que impacta unas 4 millones de personas en cifras del Fiscal Mario Iguarán, revela no sólo el carácter de una disputa con la economía “licita” o más bien la administrada por las elites clásicas colombianas, si no la envergadura de la crisis económica a la que se da apertura con su intervención.
Comparativamente, en pesos, la crisis de 1999 representó una contracción del 6% del PIB, lo que equivale al monto que tiene en vilo el lío de las pirámides, 2 billones de pesos. Desde el punto de vista de las familias afectadas la crisis de fines de los noventas vio como 200 mil familias perdían sus casas. Hoy las estimaciones en cuanto a la afectación de los inversionistas en pirámides asciende a más de un millón de personas, y esto sin todavía sumar los efectos de otras 3000 entidades que en una estructura semejante captan recursos por internet.
Como novedad, la “informalidad” de las pirámides se impuso a la banca colombiana la que paso de servirse del lavado de activos a servir de apalancamiento a la retícula de entidades comercializadoras y de inversión como DMG, lo que amenazaba la sostenibilidad futura del sistema financiero colombiano y por sobre todo, en el mediano plazo, la prevalencia de la elite financiera tradicional en el curubito de la economía colombiana.
Así pues, 2009 y las elecciones presidenciales de 2010, se darán en medio de un contexto turbulento en los ordenes clásicos de la seguridad democrática, las tasas de homicidios, el desplazamiento, y la desestructuración del actual orden económico mafioso, que también se contagia de la desazón que deja la pérdida de confianza.
De seguro, los capitales que giran en torno a más de 130 mil hectáreas de hoja de coca y 900 millones de toneladas de cocaína año, buscarán nuevas o viejas modalidades de capitalización política, social y económica.
Y si de efectos políticos se trata, piénsese en los votos que puede movilizar una economía de este tipo.
Es una recreación. Pablo Escobar pensó en un imperio de la droga en Colombia manejado por él, y aunque aquí se produce el 90% de la cocaína del mundo, el Estado mafioso para este no fue posible desde 1993. Los paramilitares también lo pensaron de esta forma, y contrario a disputar por la fuerza con la elite tradicional, lo hicieron mediante su coptación económica y ofreciéndoles seguridad. 2005 materializa en parte este sueño pero fue franqueado por los demócratas en EE.UU en el diciembre de ese mismo 2005, las presiones de organizaciones de derechos humanos, y la revitalización de las Cortes, Suprema y Constitucional, el fantasma del Tribunal Penal Internacional, y la presión política del Polo Democrático.
Luego del mal menor, la extradición de los 15 jefes paramilitares a EE.UU, el juego se puso en la escena de la economía. Son dos los ejes gravitacionales del poder político moderno. Los mas media, y la economía, y esto es bien conocido por todos, también por los paramilitares, y mafiosos, que apostaron intensivamente al segundo.
Hoy el Uribismo rompe acuerdos del pasado reciente, y reciente es el paro en la región de Urabá el pasado 15 de octubre, como el retiro de 27 oficiales del ejército y la “dimisión” del Comandante de las Fuerzas Armadas Mario Montoya.
¿Cual será la contrapartida del gremio mafioso colombiano ante estos recientes acontecimientos? La respuesta la dirán los días que vienen, pero la escena de cara a 2010 representa incertidumbre si se le compara con los acuerdos entre partes con el que se administró el país desde 2002.
*Este texto se realizó en compañía de Alis Tumarro.
Notas: Para el exministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry, el impacto de la crisis de las pirámides cubre entre 200 y 250 mil familias, y el equivalente a 500 mil millones de pesos. Por su parte el Banco Interamericano de Desarrollo, y su presidente Luis A. Moreno, la crisis de las pirámides moderarará el crecimiento del PIB en 2009 a entre 2 y 2.5%.
