Estado y narcotráfico

Según las autoridades de la capital de la montaña el creciente número de homicidios en la ciudad se debe a la disputa entre grupos de narcotraficantes. La tasa de homicidios en los meses febrero y marzo de 2010 se ha incrementado 76% si se les compara con los meses correspondientes de 2009. Los homicidios en los primeros meses de este año superan ya los de la totalidad de 2007.

Paradójicamente la oficina para el control de las drogas de Naciones Unidas en Colombia ha revelado una disminución de los cultivos ilícitos en el país, subrayando que Perú ha superado en producción de hoja de coca a Colombia, confirmando las cifras a la baja también entregadas por esta oficina en 2008.

Es decir los cultivos ilícitos y la producción de cocaína operan en este caso de manera inversa respecto de los homicidios. A menor cantidad de hectáreas de cultivos de coca mayor el volumen de homicidios.

Puede decirse que las disputas por los mercados locales de droga adquieren mayor importancia, y complementan la industria ilegal de las exportaciones. Las encuestas sobre consumo de narcóticos registran que Colombia consume 130% más drogas que la media mundial, y que Antioquia es el primer departamento en consumo.

Sin embargo, nada de ello justifica los homicidios en Medellín. En esto hay que recordar que la mayor preeminencia del Estado se mide por la protección de la vida.

Además no puede desestimarse el impacto de los dineros del narcotráfico en la economía lícita muy a pesar que para el presidente Uribe los dineros calientes asciendan al 1% del PIB. No olvidemos que la incautación de dineros del narcotráfico provenientes de México en septiembre del año pasado ascienden a 48 millones de dólares, y que una campaña presidencial en Colombia cuesta unos 10 millones de dólares, esto para observar las potencialidades de esta economía.

Ahora, en Colombia existe un largo historial de la mezcla dineros ilícitos y política. Investigaciones judiciales han evidenciado que el Congreso colombiano ha sido permeado por el narcotráfico en más de una tercera parte de su composición.

Por su parte el éxito del lavado de activos está en introducir furtivamente estos recursos en el torrente de la economía lícita toda vez que ampliar los campos de actividad lo que da lugar a la definición de crimen organizado, y esto es evidente cuando se observa la versión moderna del narco.

Al momento de la captura de Don Mario se le incautaron 3 celulares. Uno para la administración de recursos en el mercado financiero. Otro dedicado al mercado de trata de blancas, y el tercero para el control del cultivo de coca.

Ahora bien, hay otros elementos que facilitan la dilución del dinero del narcotráfico en la vida diaria como el hecho de que apenas un 52% de la población del país este bancarizada consecuencia de la alta pobreza preexistente, así como la laxitud en cuanto al control de las transacciones económicas formales, solo ver lo sucedido con las famosas pirámides con cientos de miles de personas involucradas.

El narcotráfico es un fenómeno complejo, y la incapacidad de respuesta que el Estado tiene sobre el problema no puede concluir en una justificación del torbellino de homicidios que se presentan.

¿El comienzo del fin del narcotráfico?

Quizás la condena a 30 años proferida por un tribunal estadounidense por tráfico de cocaína a Don Berna sea la forma en la que se recrea la política antidrogas de EE.UU.

Y aunque las conclusiones de este juicio mantienen la expectativa de eludir la justicia colombiana, al respecto de los crímenes realizados en este país, incluyendo allí los delitos de lesa humanidad, la experiencia de los mafiosos y paramilitares de tomar violentamente escaños importantes del negocio de las exportaciones de cocaína en Colombia, y enriquecerse suficientemente, como para cubrir económicamente los costos de la negociación que a la postre se realiza con EE.UU., con previsiones de una baja pena de prisión, entran a examen.

Por su parte, las fortunas en bienes y efectivo, que a través de las negociaciones de facto se blanqueaban, luego de la entrega de una porción de las mismas al estado americano, también se ven revisadas, lo que se evidencia tras el caso de los Rodríguez Orejuela, donde el proceso continuó, y ahora incluye a los propios hijos de los capos del cartel de Cali.

Aún así, es prematuro definir una nueva política judicial al respecto de las negociaciones entre traficantes de drogas y EE.UU., sin embargo, estas decisiones tienen significado en la incertidumbre jurídica que se genera.

Para algunos analistas, la inexistencia de medidas que realmente disuadan la acción criminal de los narcotraficantes explica la florescencia de este negocio en Colombia, y el sostenido comercio de drogas con EE.UU., y no la racionalidad que plantea el gobierno colombiano que sitúa el centro del problema en aspectos asociados a la demanda de estupefacientes.

En este sentido, partiendo de reconocer que el fundamento del crimen organizado es el enriquecimiento, entonces la manera eficaz de combatir el crimen se sitúa en la expropiación de los bienes y riquezas obtenidos mediante actividades ilícitas. Como alternativa a ello, se presenta la aplicación de condenas prolongadas en años, que eviten el disfrute de las riquezas como al parecer empieza a efectuarlo EE.UU.

El amago de denuncia de "Don Berna" en el sentido de que aportó recursos a la campaña del presidente Álvaro Uribe en 2001, una declaración eludida tras su comparecencia ante la justicia colombiana, es uno de los primeros efectos que sobrevienen al giro que hacen los tribunales estadounidenses en los casos por narcotráfico.

Los retos actuales del Uribismo

Hoy los dolores de cabeza del presidente, si de elevar denuncias por la violación de derechos a organizaciones internacionales se trata, no solo recae en las organizaciones de derechos humanos o en el Polo Democrático, si no en la Corte Suprema de Justicia.

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Su presidente Francisco Javier Ricaurte, afirmó esta semana que estima del caso colocar en consideración de Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos (OEA), el caso de las escuchas ilegales a que dicha sala se ha visto sometida. Los primeros efectos de tal declaración provienen del Departamento de Estado de los EE.UU. quien ha afirmado que eliminará la ayuda a países que utilicen los recursos de cooperación en actividades por fuera de los protocolos acordados, lo que para algunos analistas se refiere al uso de equipos de interceptación de llamadas que fueron entregados por EE.UU. al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en Colombia, destinados a la lucha contra el narcotráfico.

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En este sentido las declaraciones del Ministro de Defensa Juan Manuel Santos, del presidente de la república, y del director del DAS Felipe Muñoz, al respecto de que la institución de inteligencia del ejecutivo ha sido tomada por mafias, no hace más que corroborar los temores de Washington. De por medio están las interceptaciones ilegales a sectores de oposición como integrantes del Polo Democrático y el Partido Liberal. Ya en el orden de las instituciones involucradas, las grabaciones ilegales se extienden de manera reiterada a la Corte Suprema de Justicia, lo que es considerado por su presidente como un complot contra el alto tribunal.

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Mucho se habla, como en otras ocasiones, del efecto natural que lo sucedido provocaría en países democráticos, es decir la dimisión del presidente. Sin embargo por esto mismo, tal efecto se presenta en países donde el Congreso, los partidos, incluyendo allí el partido de gobierno, la opinión pública, poseen la capacidad critica y apego a la institucionalidad democrática que les permite prescindir de un líder en medio de este tipo de situaciones, lo que en cualquier caso no sucederá en Colombia.

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Pero las dificultades del gobierno no terminan allí. Recientes informaciones corroboran la tendencia al alza en la tasa de homicidios de la ciudad de Medellín con un incremento del 17% si se comparan los primeros dos meses de los años 2008 y 2009, y esto pese a los operativos encabezados por el general Oscar Naranjo en la capital de la montaña, que terminaron con la detención de más de un millar de personas.

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Al parecer las acciones encaminadas a la reducción de las muertes, y que se concentraron en la persecución de algunos líderes de bandas criminales, se sumaron a las tensiones que estas organizaciones acumulaban de tiempo atrás desatando una ola de violencia que no termina. Lo complejo de esta situación es que Antioquia como en dos décadas atrás, da la pauta en el comportamiento de la tasa de homicidios a escala nacional, situación que es reforzada debido a la profundización de la crisis económica.
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Por su parte, la decisión del tribunal estadounidense que procesa a Don Berna de admitir dentro de un caso por narcotráfico, un homicidio llevado a cabo en Colombia y de una persona de nacionalidad colombiana, puede estimular el actual clima de inseguridad, sobre todo porque representa la apertura de una compuerta con inestimables efectos conocido los centenares de crímenes de este tipo que los jefes paramilitares extraditados realizaron en el país. De abrirse paso esta opción es probable que se erosionen de manera considerable los acuerdos hasta ahora obtenidos con grupos paramilitares y quizás se reactiven a otro nivel las acciones ilegales de las bandas que hacen parte de este proceso.

Otro factor que impacta los acuerdos generados en torno a la ley de justicia y paz lo ofrece el antecedente que se presenta respecto al caso del cartel de Cali, específicamente lo que sucede con la familia Rodríguez Orejuela. Y es que las previsiones de los narcotraficantes se concentra en la idea de llevar a cosa juzgada sus procesos en Estados Unidos confiando que se conjure las posibilidades de reapertura en el futuro. Así, las recientes detenciones, entre los que se cuentan 3 hijos de Miguel Rodríguez dejan claro la viabilidad de la continuidad de los procesos de judicialización e investigación en cualquier momento.

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Las declaraciones de la Corte Suprema de Justicia en el sentido de que solo pueden ser beneficiarios de la ley de justicia y paz quienes se sometieron a dicha disposición en 2005, es otro tema que entra a revisión y que puede afectar el concepto bajo el cual funciona el programa gubernamental de reinserción y desmovilización tanto de paramilitares como de guerrilleros, en un país donde según las fuerzas armadas existen 18 mil efectivos de grupos paramilitares y 13 mil de todos los grupos guerrilleros.

Jaque a la elite

Los seis años y medio transcurridos del gobierno Uribe Vélez sin duda contrastarán con el periodo restante hasta agosto de 2010, cuando el peso de los pasivos políticos cobrara factura a la gobernatura actual.

Para comenzar, en el campo económico y desde el año 2002 la meta del gobierno se cifraba en la materialización de un acuerdo comercial con Estados Unidos, a la manera de un post ATPDEA, que ya no se justificara como contraprestación de la lucha contra el narcotráfico y la guerrilla, en la escena Plan Colombia del gobierno Pastrana, sino enmarcada en el apoyo al denominado escenario post-conflicto, es decir ajustado al proceso de negociación con los paramilitares, y la consolidación democrática del país vista por la reducción de las tasas de homicidios, desplazamiento, disminución de los cultivos ilícitos, como la continuación de la ofensiva y copamiento militar de las zonas de estacionamiento y corredores estratégicos utilizados por la guerrilla.

Así, el instrumento político de negociación económica y política internacional de Colombia se concentró en esta definición ampliada de la Seguridad Democrática que llegó a sustentarse en indicadores hasta el año 2007, cuando desde entonces, y como consecuencia del incumplimiento de los beneficios a los jefes paramilitares extraditados previstos en la primera edición de la ley de justicia y paz, Don Mario, alias Cuchillo, el Loco Barrera, Sebastián o de otra forma estructuras como los Paisas o las Aguilas Negras reactivan sus acciones violentas, que sumadas a los actos de la guerrilla invierten las tendencias a la baja del indicador de homicidios y desplazamiento en lugares como Medellín y el departamento de Córdoba. La inflexión en la reducción de cultivos ilícitos tempranamente se presenta a escala nacional desde 2006. El resultado es una afectación del esquema internacional de negociación del gobierno, como la congelación del Tratado de Libre Comercio con EE.UU.

Es una cuenta de cobro y sin duda una muestra de desconfianza por parte de los paramilitares ante lo definido como reveses en la negociación de 2005, factor que jugará de manera importante en las elecciones de 2010, y que incluirá de seguro la forma como el gobierno administrará las previsiones y entrada en vigor del Tribunal Penal Internacional en 2009.

En este sentido la reprobación de la Andi a una nueva reelección del presidente en funciones es una consecuencia de estos resultados, y un mensaje a la coalición de gobierno. Sin embargo, es visible el reconocimiento que los gremios económicos hacen de los importantes avances en cuanto a los resultados en la lucha que libran las fuerzas militares contra las guerrillas, lo que cambia de manera terminante el auge que estas organizaciones sostenían desde mediados de los años noventas.

Son estos factores, la venida a menos de los grupos guerrilleros, lo que disuade la reedición de la opción paramilitar como la que se sucede desde 1995, como el avance y recreación de los grupos paramilitares, que no cejan en su cometido de refundar la patria, visto por la evolución de sus estructuras militares, la refinación de sus espacios económicos, políticos y sociales, lo que definirá el marco del gobierno 2010-2014, y los resultados electorales en 2010.

En este sentido, son previsibles dos tendencias, una especie de jaque a la elite tradicional. La primera, que apunta a una nueva renegociación con los grupos paramilitares, confiando en que el entrabamiento de la ONU llevará a la comunidad internacional a desatender lo que sucede en Colombia, facilitando la ampliación de su influencia actual. Y una segunda, de choque entre elites, la bogotana, y la emergente proveniente de las Sabanas de Córdoba.

Medidas sorpresivas hacen parte de este juego como la depuración ligth de las Fuerzas Armadas, lo que denominan cambio de concepto, - recordemos la reciente separación de 27 militares de las fuerzas armadas, o el levantamiento del fuero militar a los generales Alejo del Río y Osorio efectuada por la Fiscalía-, o la intervención de las pirámides, son las primeras movidas en este sentido y que tienen como objetivo sensibilizar las condiciones para una reapertura de la agenda internacional que facilite el tramite de acuerdos económicos, y disipe la acción del TPI.

Es una sumatoria de iniciativas en la campaña del Uribismo de cara a las presidenciales de 2010, a la que se integra el formato de venderse como el timón fuerte en medio del temporal económico internacional, del que ya se contagia la economía nacional, el garantizar las ventajas a las inversiones tal como hasta ahora se ha hecho, así como el actor que puede mediar de nuevo con los grupos paramilitares en armas.

Actualmente México pasa, según analistas, por una situación semejante a la que sacudió a Colombia a comienzos de los años noventas en el contexto de la guerra entre el Cartel de Medellín y el gobierno presidido por Cesar Gaviria.

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Sin duda, una historia que por paradógico que sea establece una relación intima entre la región andina suramericana y Norte América.
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La invitación es a que sigan este correlato a través de nuestro portal destinado para ello.

La recreación del poder mafioso en Colombia

El distanciamiento entre los intereses de la elite tradicional de la sabana de Bogotá y los de las sabanas de Córdoba continua su curso extendiendo sus efectos en los órdenes políticos, y ahora económicos.

La metástasis del proyecto paramilitar entre los años 1995 y 2002 evidencia la envergadura de proceso por muchos desdeñado respecto a su capacidad de mutar, escalar y recrearse, y es esa misma miopía la que evita vislumbrar la calidad del proyecto económico en curso, que paso de tramitarse a través de las estructuras de las elites tradicionales a lograr un nivel de independencia y autonomía sorprendentes.

La mezcla de actividades lícitas e ilícitas tiene una larga tradición en Colombia, sin embargo una economía como la de DMG que impacta unas 4 millones de personas en cifras del Fiscal Mario Iguarán, revela no sólo el carácter de una disputa con la economía “licita” o más bien la administrada por las elites clásicas colombianas, si no la envergadura de la crisis económica a la que se da apertura con su intervención.

Comparativamente, en pesos, la crisis de 1999 representó una contracción del 6% del PIB, lo que equivale al monto que tiene en vilo el lío de las pirámides, 2 billones de pesos. Desde el punto de vista de las familias afectadas la crisis de fines de los noventas vio como 200 mil familias perdían sus casas. Hoy las estimaciones en cuanto a la afectación de los inversionistas en pirámides asciende a más de un millón de personas, y esto sin todavía sumar los efectos de otras 3000 entidades que en una estructura semejante captan recursos por internet.

Como novedad, la “informalidad” de las pirámides se impuso a la banca colombiana la que paso de servirse del lavado de activos a servir de apalancamiento a la retícula de entidades comercializadoras y de inversión como DMG, lo que amenazaba la sostenibilidad futura del sistema financiero colombiano y por sobre todo, en el mediano plazo, la prevalencia de la elite financiera tradicional en el curubito de la economía colombiana.

Así pues, 2009 y las elecciones presidenciales de 2010, se darán en medio de un contexto turbulento en los ordenes clásicos de la seguridad democrática, las tasas de homicidios, el desplazamiento, y la desestructuración del actual orden económico mafioso, que también se contagia de la desazón que deja la pérdida de confianza.

De seguro, los capitales que giran en torno a más de 130 mil hectáreas de hoja de coca y 900 millones de toneladas de cocaína año, buscarán nuevas o viejas modalidades de capitalización política, social y económica.

Y si de efectos políticos se trata, piénsese en los votos que puede movilizar una economía de este tipo.

Es una recreación. Pablo Escobar pensó en un imperio de la droga en Colombia manejado por él, y aunque aquí se produce el 90% de la cocaína del mundo, el Estado mafioso para este no fue posible desde 1993. Los paramilitares también lo pensaron de esta forma, y contrario a disputar por la fuerza con la elite tradicional, lo hicieron mediante su coptación económica y ofreciéndoles seguridad. 2005 materializa en parte este sueño pero fue franqueado por los demócratas en EE.UU en el diciembre de ese mismo 2005, las presiones de organizaciones de derechos humanos, y la revitalización de las Cortes, Suprema y Constitucional, el fantasma del Tribunal Penal Internacional, y la presión política del Polo Democrático.

Luego del mal menor, la extradición de los 15 jefes paramilitares a EE.UU, el juego se puso en la escena de la economía. Son dos los ejes gravitacionales del poder político moderno. Los mas media, y la economía, y esto es bien conocido por todos, también por los paramilitares, y mafiosos, que apostaron intensivamente al segundo.

Hoy el Uribismo rompe acuerdos del pasado reciente, y reciente es el paro en la región de Urabá el pasado 15 de octubre, como el retiro de 27 oficiales del ejército y la “dimisión” del Comandante de las Fuerzas Armadas Mario Montoya.

¿Cual será la contrapartida del gremio mafioso colombiano ante estos recientes acontecimientos? La respuesta la dirán los días que vienen, pero la escena de cara a 2010 representa incertidumbre si se le compara con los acuerdos entre partes con el que se administró el país desde 2002.

*Este texto se realizó en compañía de Alis Tumarro.

Notas: Para el exministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry, el impacto de la crisis de las pirámides cubre entre 200 y 250 mil familias, y el equivalente a 500 mil millones de pesos. Por su parte el Banco Interamericano de Desarrollo, y su presidente Luis A. Moreno, la crisis de las pirámides moderarará el crecimiento del PIB en 2009 a entre 2 y 2.5%.

El sábado 26 de julio fuí invitado a la socialización de una versión más de reflexiones a propósito del narcotráfico en Colombia. Fue un encuentro ciertamente cordial, con un público heterogéneo y que resulto gratificante.

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Las consideraciones curiosamente surgieron ya en un ambiente informal con posterioridad a la finalización del evento, y en torno a algunas cervezas.

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Ver resumen presentación .

Michoacán no es Medellín

El narcotráfico en Colombia, como advierte el especialista en el tema Francisco Thoumí desarrolla su actividad por la complacencia e inactividad represiva que el Estado exhibe a este tipo de organizaciones criminales. Su actividad ilegal allende la coadministración de cultivos o comercialización de la cocaína a través de redes internacionales, evoluciona de menos a mas respecto a los recursos económicos que moviliza, el control territorial y la filiación política que obtiene. La refinación del lavado de activos confiere potencialidades en cuanto a permear cualquier ámbito económico, y político, e incluso constituye una propia cultura. La capacidad coactiva a su servicio se potencializa en tanto toma posiciones al interior de organizaciones publicas de seguridad, a la vez que desarrolla un ejercito paralelo a las mismas.

Paradójicamente las instituciones estatales y de gobiernos locales, se empeñan públicamente en negar su poder de injerencia en la sociedad, sin embargo, suele suceder que abruptamente se pasa del claro oscuro de la afinidad a evidenciar los efectos de la autocensura, cuando representantes de las autoridades legalmente constituidas se atreven a confesar lo contrario sólo en privado o solicitando el anonimato, demostrándose así las diferentes fases del poder mafioso que va de la corrupción acogida con beneplácito al poder descomunal de intimidación que concentran las organizaciones criminales,1 lo que sugiere la siguiente pregunta, ¿Si esto sucede con personas que albergan niveles de seguridad por su condición, o cargo en instituciones del estado, que puede suceder con personas del común ciertamente mas vulnerables?

La condescendencia primero del Estado y posteriormente de la sociedad, como caja de resonancia de este, permite la construcción de justificaciones destinadas a facilitar la captación de dineros, empleos y demás actividades asociadas a las organizaciones criminales despejándose las posibilidades de crecimiento e influencia social. La sutileza consiste en que permear de esta forma las instituciones del Estado, de facto, tal cual como sucede con sus funcionarios, dejan de representar el oficio de la función publica, cedida por intrigas y compromisos a terceros, en este caso a personas bisagra de organizaciones criminales.

Es así como los -funcionarios públicos-, y sus instituciones correspondientes, para hablar de un caso, modifican su desempeño acorde con el hecho de presentar como logros en el control del orden público, los resultados de las actividades en las que participan organizaciones ilegales, como lo sucedido en la Comuna 13 de la ciudad de Medellín en 2002, donde se desarrollo un operativo mixto entre policía y ejército, denominado Operación Orión, y en el que según revelaciones del Ángeles times de EEUU en su edición del 25 de marzo de 2007, reproduciendo una información en bruto de la CIA, afirma que se llevo a cabo con acuerdo entre paramilitares y el actual comandante del ejercito colombiano Mario Montoya2. Las informaciones referenciadas aunque no son nuevas, ya que en su momento, y no después de 4 años de sucedidos los hechos, fueron denunciados por Amnistía Internacional, Human Watch Right, Naciones Unidas y por organizaciones nacionales de derechos humanos, ponen en cuestión la función pública del estado y la corrupción de estructuras tan vitales para la consagración de los derechos civiles de las personas como las fuerzas militares.

Sin duda, tanto el concepto como la practica asociada a la corrupción evoluciona del carácter eminentemente vinculado con el enriquecimiento ilícito, explicado por la captación ilegal de dineros públicos resultado de la administración de los mismos con fines articulares, a una tipología, donde la corrupción traduce la transformación de las estructuras del Estado, conforme se ajustan a las necesidades del crimen organizado, paralizando la justicia, disputando las orientaciones del ejecutivo, al igual que la actividad de la fuerza pública, de un lado compartiendo la cadena de mando de unidades militares a la vez que conformando unidades militares propias en un primer momento paramilitares para finalizar como ejércitos de justicia privada.

En contraste con lo sucedido en Medellín, hace apenas unos días en México se llevo a cabo la Operación Michoacán, motivada por el incremento de las muertes violentas que en este país asciende en los últimos 6 años a 9 mil muertes, o como las denomina el Estado por sus características especiales, “ejecuciones”-esas que en Colombia ascienden al 90% de las muertes violentas, que acompasa una de las tasas mas altas del mundo-, atribuibles a Carteles de la droga relacionados con carteles colombianos, lo que significo la intervención de las fuerzas federales para la recuperación de las ciudades de Tijuana(noroeste) y Guerrero al que pertenece el famoso balneario de Acapulco, donde la suma de “ejecuciones” ascendió a 355 sólo el año 2006. Los efectos también se sienten en aspectos como la libertad de prensa censurada de facto como consecuencia del asesinato sistemático de periodistas comprometidos con la denuncia y el esclarecimiento de temas relacionados con corrupción, y que colocan a México en segundo lugar en el mundo, después de Irak como los países mas peligrosos para el desempeño del periodismo.3

La Operación, realizada en el contexto de la denominada por el gobierno “Cruzada Antimafia”5, significó el emplazamiento y puesta a disposición de las autoridades la totalidad de las fuerzas de policía local. Sólo en Tijuana, fueron sustituidos de sus funciones de vigilancia para acudir a declarar ante la Procuraduría General 2 500 policías, bajo sospecha de corrupción. Provisionalmente unos 3300 efectivos de las fuerzas federales se ocupan de las labores de policía, puesto que las normativas del ejercito mexicano destinan esta fuerza a la protección de las fronteras, la conservación de la unidad de su territorio y la defensa ante un ataque de un país extranjero.

La competencia de las fuerzas militares aunque al parecer accesorio para la comparación de lo que sucede entre México y Colombia resulta de capital importancia tanto para la actividad de estas fuerzas como respecto a los efectos sociales que este enfoque genera. Mientras el ejercito federal de la nación azteca no esta destinado al control del orden público interno, es decir elude la acción militar como solución privilegiada a los conflictos internos, en Colombia la herencia dejada por la Doctrina de Seguridad Nacional, que exhibe como referente la existencia de “un enemigo interno”, faculta la acción militar del ejercito contra nacionales al interior del país, lo que hace del primero una fuerza con grado de legitimidad social como reserva provisional ante los actos de corrupción de otras fuerzas, mientras en el caso del país neogranadino, tal alternativa desaparece.

La avanzada contra organizaciones internacionales de narcotraficantes en México permite a sus autoridades tras 45 días de operativos restablecer provisionalmente el orden constitucional en las zonas descritas, anunciando como resultado una reducción considerable, y sostenible del número de homicidios. De seguro, esto no significa la erradicación del narcotráfico como de sus nefastos efectos en México, pero ello tiene significado en el mensaje de no claudicación que el Estado envía a las organizaciones criminales.

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1 El renacer “para” que ronda Antioquia, El Espectador, Bogotá, semana del 25 al 3 de marzo de 2007, sección investigación, Pág. 2ª.
2 Colombia army chief linked to outlaw. Reproducido por el diario colombiano el Tiempo de la ciudad de Bogotá con título, Si hay pruebas que me investiguen, 26 de marzo de 2007, Nación, Pág.1-4.
3. Campaña antinarcos baja en 40% la violencia en Michoacán, El Tiempo, Bogotá, 19 de enero de 2007, Internacional, pág 1-9.

Narcotrafico. Supremacia de la economia colombiana?

Agosto de 2006

El narcotráfico finalmente representa un medio a través del cual se financia económicamente una visión política cimentada en la contrapartida del Estado de derecho, es decir las relaciones violentas como medio para obtener el control económico y político. Lo fue también en los treintas el café, ya en las zonas de colonización agrícola del viejo caldas, Antioquia, Valle y Tolima, con mayor intensidad en medio de la expulsión de los campesinos en la historia conocida elusivamente como la “Violencia”, o las guerras partidistas de los cuarentas y cincuentas. La practica a escala de laboratorio estuvo presente en la expansión de la política destinada al fomento de los monocultivos, entre ellos por ejemplo, las caucherías, y los inge-nios.

Es decir, no es una forma de actuar novedosa, sino periódicamente aplicada, como reacción a los limitados procesos de democratización en general, y en especifico la propiedad de la tierra, explicado por sus actuales niveles de concentración, expresado a través del índice de GINI de 0.85, uno de los más altos en América Latina, o de otra forma, se entiende por el hecho de que el 70% de los campesinos poseen el 5% de la tierra del país.[1]

Diferente al Conservatismo que a la postre de los cincuentas decidió participar de la política en el concierto de la constitución y del derecho, el neo-conservadurismo es el ala que propende por todos los medios la reinstauración del modelo monacal que se sustenta en el perse vanguardialismo de los privilegiados, un poco la superioridad concedida por la divina providencia a la nobleza.

Hay que decir que el neoconserva-durismo trasciende la esfera de una teoría política, y de los partidos, en tanto esta arraigada en una cultura que justifica la aplicación de la “justicia” por las propias manos, el pillaje, la venganza y el ajuste de cuentas, que tiene como rieles la ineficacia del aparato de justicia estatal medido por una impunidad que alberga niveles excepcionales, superiores al 95%[2]. Tal laxitud, regularmente citada, permite comprender porque el proyecto de constitución del Estado de derecho en Colombia que lleva unos dos siglos, se halla debilitado a tal punto que internacionalmente se visibilice como un Estado Fallido.

De otro lado el narcotráfico es un fenómeno en espiral que posee múltiples entradas. Partiendo de reconocer que el auge importador colombiano visible por su crecimiento inusitado, por ejemplo entre 2002-2006 fue del 100%[3], y que las exportaciones equivalentes legales que permitan explicar este auge, presentan algún grado de ralentización, toma fuerza la hipótesis de que se esta presentando el lavado de un volumen considerable de activos.

De conocimiento es que la producción agrícola nacional viene en declive y que las compensaciones de la demanda se esta efectuando vía importaciones[4]. En este sentido, la generalización de practicas a escala, de arruinar por métodos violentos zonas de producción cerealera para convertirlos en dependientes de importaciones de granos, cierra el ciclo de una doble función que justifica las exportaciones de cocaína como las importaciones de granos. Lamentablemente este círculo conduce a las personas de las regiones a abandonar la producción agrícola “legal” y a desempeñarse merced de la necesidad de los actores ilegales.[5]

En el campo de las importaciones de manufacturas el caso es similar. La Asociación de Comercio Exterior(Analdex) afirma que sólo a través de Panamá ingresan unos 6 mil millones de dólares provenientes del narcotráfico[6], que explica la inviabilidad en la que se subsume la pequeña y mediana industria nacional y la fuga de unos 300 mil colombianos que se estima salieron del país en los últimos 18 meses para no volver.[7]

Si a esto sumamos que los nuevos cálculos de producción de cocaína son cerca del doble de los estimativos que hasta ahora se efectúan, unas 770 toneladas año, 15 400 millones de dólares[8](35.42 billones de pesos) potencialmente serían canalizados a través de la economía colombiana, que comparativamente equivalen a 40.8% del presupuesto nacional(2002-2006)[9], o que superarían a la mayor de las empresas colombianas en ventas, Ecopetrol S. A., y esto sigue siendo potencial, en cerca de un 70%[10], la situación se hace más abrumadora.


[1] Extinción de dominio, reforma agraria, democracia y paz, Dr. Luis Bernardo Flórez Enciso, Vice-Contralor General de la República, en la instalación del Foro “La Extinción de la Propiedad Ilícita: ¿Una Vía para la Reforma Agraria?, Bogotá, Junio 9 de 2005
[2] Colombia, fundamentos económicos para la paz, Marcelo M. Giungale y otros, World Bank, 2003, pag.805.
[3] Sólo las importaciones de vehículos y autopartes, crecieron 47.8% en el primer semestre de 2006, y es la principal causa del incremento del 20.7% de las importaciones generales en igual periodo, breves, El Tiempo, Bogotá, 20 de agosto de 2006, económicas, pág, 1-11.
[4] según la Sociedad Colombiana de Agricultores(SAC), entre enero y junio de 2006 ingresaron 700 mil toneladas más de productos agroindustriales que en igual periodo de 2005, es decir un 20% adicional, En: Las importaciones del agro crecerán este año en más de un millón de toneladas, periódico Portafolio, Bogotá, 24 de agosto de 2006, pag, 7.
[5] “Para esto sirve la guerra, para despojar a los campesinos de las mejores tierras dijo Cayetano Tapia[Alcalde de Ungía en el Urabá Chocoano], al destacar que el 80% de los 1.200 Km2 de su municipio están en manos de terratenientes y que, de ser el principal productor de maíz de Colombia, en 1995, hoy la localidad importa el grano”, En: Proyecto PASO genera controversia porque beneficiaría usurpadores, El Colombiano Medellín, agosto de 2006.
[6] Colombia y Panamá van a los estrados, El Tiempo, Bogotá, 20 de agosto de 2006, pág 1-2.
[7] Revista Cambio, agosto 11 de 2006.
[8] Estimando un precio del gramo de 20 dólares.
[9] Libardo Sarmiento Anzola, El proyecto nacional del uribismo, Caja de herramientas, Bogotá, junio de 2006. El Plan Nacional de Desarrollo(2002-2006) equivale a 86.8 billones de pesos.
[10] El Tiempo, Bogotà, 06-03-2005. Pàg 1-16(económicas).