Los retos actuales del UribismoHoy los dolores de cabeza del presidente, si de elevar denuncias por la violación de derechos a organizaciones internacionales se trata, no solo recae en las organizaciones de derechos humanos o en el Polo Democrático, si no en la Corte Suprema de Justicia.
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Su presidente Francisco Javier Ricaurte, afirmó esta semana que estima del caso colocar en consideración de Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos (OEA), el caso de las escuchas ilegales a que dicha sala se ha visto sometida. Los primeros efectos de tal declaración provienen del Departamento de Estado de los EE.UU. quien ha afirmado que eliminará la ayuda a países que utilicen los recursos de cooperación en actividades por fuera de los protocolos acordados, lo que para algunos analistas se refiere al uso de equipos de interceptación de llamadas que fueron entregados por EE.UU. al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en Colombia, destinados a la lucha contra el narcotráfico.
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En este sentido las declaraciones del Ministro de Defensa Juan Manuel Santos, del presidente de la república, y del director del DAS Felipe Muñoz, al respecto de que la institución de inteligencia del ejecutivo ha sido tomada por mafias, no hace más que corroborar los temores de Washington. De por medio están las interceptaciones ilegales a sectores de oposición como integrantes del Polo Democrático y el Partido Liberal. Ya en el orden de las instituciones involucradas, las grabaciones ilegales se extienden de manera reiterada a la Corte Suprema de Justicia, lo que es considerado por su presidente como un complot contra el alto tribunal.
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Mucho se habla, como en otras ocasiones, del efecto natural que lo sucedido provocaría en países democráticos, es decir la dimisión del presidente. Sin embargo por esto mismo, tal efecto se presenta en países donde el Congreso, los partidos, incluyendo allí el partido de gobierno, la opinión pública, poseen la capacidad critica y apego a la institucionalidad democrática que les permite prescindir de un líder en medio de este tipo de situaciones, lo que en cualquier caso no sucederá en Colombia.
Mucho se habla, como en otras ocasiones, del efecto natural que lo sucedido provocaría en países democráticos, es decir la dimisión del presidente. Sin embargo por esto mismo, tal efecto se presenta en países donde el Congreso, los partidos, incluyendo allí el partido de gobierno, la opinión pública, poseen la capacidad critica y apego a la institucionalidad democrática que les permite prescindir de un líder en medio de este tipo de situaciones, lo que en cualquier caso no sucederá en Colombia.
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Pero las dificultades del gobierno no terminan allí. Recientes informaciones corroboran la tendencia al alza en la tasa de homicidios de la ciudad de Medellín con un incremento del 17% si se comparan los primeros dos meses de los años 2008 y 2009, y esto pese a los operativos encabezados por el general Oscar Naranjo en la capital de la montaña, que terminaron con la detención de más de un millar de personas.
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Al parecer las acciones encaminadas a la reducción de las muertes, y que se concentraron en la persecución de algunos líderes de bandas criminales, se sumaron a las tensiones que estas organizaciones acumulaban de tiempo atrás desatando una ola de violencia que no termina. Lo complejo de esta situación es que Antioquia como en dos décadas atrás, da la pauta en el comportamiento de la tasa de homicidios a escala nacional, situación que es reforzada debido a la profundización de la crisis económica.
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Por su parte, la decisión del tribunal estadounidense que procesa a Don Berna de admitir dentro de un caso por narcotráfico, un homicidio llevado a cabo en Colombia y de una persona de nacionalidad colombiana, puede estimular el actual clima de inseguridad, sobre todo porque representa la apertura de una compuerta con inestimables efectos conocido los centenares de crímenes de este tipo que los jefes paramilitares extraditados realizaron en el país. De abrirse paso esta opción es probable que se erosionen de manera considerable los acuerdos hasta ahora obtenidos con grupos paramilitares y quizás se reactiven a otro nivel las acciones ilegales de las bandas que hacen parte de este proceso.
Otro factor que impacta los acuerdos generados en torno a la ley de justicia y paz lo ofrece el antecedente que se presenta respecto al caso del cartel de Cali, específicamente lo que sucede con la familia Rodríguez Orejuela. Y es que las previsiones de los narcotraficantes se concentra en la idea de llevar a cosa juzgada sus procesos en Estados Unidos confiando que se conjure las posibilidades de reapertura en el futuro. Así, las recientes detenciones, entre los que se cuentan 3 hijos de Miguel Rodríguez dejan claro la viabilidad de la continuidad de los procesos de judicialización e investigación en cualquier momento.
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Por su parte, la decisión del tribunal estadounidense que procesa a Don Berna de admitir dentro de un caso por narcotráfico, un homicidio llevado a cabo en Colombia y de una persona de nacionalidad colombiana, puede estimular el actual clima de inseguridad, sobre todo porque representa la apertura de una compuerta con inestimables efectos conocido los centenares de crímenes de este tipo que los jefes paramilitares extraditados realizaron en el país. De abrirse paso esta opción es probable que se erosionen de manera considerable los acuerdos hasta ahora obtenidos con grupos paramilitares y quizás se reactiven a otro nivel las acciones ilegales de las bandas que hacen parte de este proceso.
Otro factor que impacta los acuerdos generados en torno a la ley de justicia y paz lo ofrece el antecedente que se presenta respecto al caso del cartel de Cali, específicamente lo que sucede con la familia Rodríguez Orejuela. Y es que las previsiones de los narcotraficantes se concentra en la idea de llevar a cosa juzgada sus procesos en Estados Unidos confiando que se conjure las posibilidades de reapertura en el futuro. Así, las recientes detenciones, entre los que se cuentan 3 hijos de Miguel Rodríguez dejan claro la viabilidad de la continuidad de los procesos de judicialización e investigación en cualquier momento.
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Las declaraciones de la Corte Suprema de Justicia en el sentido de que solo pueden ser beneficiarios de la ley de justicia y paz quienes se sometieron a dicha disposición en 2005, es otro tema que entra a revisión y que puede afectar el concepto bajo el cual funciona el programa gubernamental de reinserción y desmovilización tanto de paramilitares como de guerrilleros, en un país donde según las fuerzas armadas existen 18 mil efectivos de grupos paramilitares y 13 mil de todos los grupos guerrilleros.
