El narcotráfico en Colombia, como advierte el especialista en el tema Francisco Thoumí desarrolla su actividad por la complacencia e inactividad represiva que el Estado exhibe a este tipo de organizaciones criminales. Su actividad ilegal allende la coadministración de cultivos o comercialización de la cocaína a través de redes internacionales, evoluciona de menos a mas respecto a los recursos económicos que moviliza, el control territorial y la filiación política que obtiene. La refinación del lavado de activos confiere potencialidades en cuanto a permear cualquier ámbito económico, y político, e incluso constituye una propia cultura. La capacidad coactiva a su servicio se potencializa en tanto toma posiciones al interior de organizaciones publicas de seguridad, a la vez que desarrolla un ejercito paralelo a las mismas.
Paradójicamente las instituciones estatales y de gobiernos locales, se empeñan públicamente en negar su poder de injerencia en la sociedad, sin embargo, suele suceder que abruptamente se pasa del claro oscuro de la afinidad a evidenciar los efectos de la autocensura, cuando representantes de las autoridades legalmente constituidas se atreven a confesar lo contrario sólo en privado o solicitando el anonimato, demostrándose así las diferentes fases del poder mafioso que va de la corrupción acogida con beneplácito al poder descomunal de intimidación que concentran las organizaciones criminales,1 lo que sugiere la siguiente pregunta, ¿Si esto sucede con personas que albergan niveles de seguridad por su condición, o cargo en instituciones del estado, que puede suceder con personas del común ciertamente mas vulnerables?
La condescendencia primero del Estado y posteriormente de la sociedad, como caja de resonancia de este, permite la construcción de justificaciones destinadas a facilitar la captación de dineros, empleos y demás actividades asociadas a las organizaciones criminales despejándose las posibilidades de crecimiento e influencia social. La sutileza consiste en que permear de esta forma las instituciones del Estado, de facto, tal cual como sucede con sus funcionarios, dejan de representar el oficio de la función publica, cedida por intrigas y compromisos a terceros, en este caso a personas bisagra de organizaciones criminales.
Es así como los -funcionarios públicos-, y sus instituciones correspondientes, para hablar de un caso, modifican su desempeño acorde con el hecho de presentar como logros en el control del orden público, los resultados de las actividades en las que participan organizaciones ilegales, como lo sucedido en la Comuna 13 de la ciudad de Medellín en 2002, donde se desarrollo un operativo mixto entre policía y ejército, denominado Operación Orión, y en el que según revelaciones del Ángeles times de EEUU en su edición del 25 de marzo de 2007, reproduciendo una información en bruto de la CIA, afirma que se llevo a cabo con acuerdo entre paramilitares y el actual comandante del ejercito colombiano Mario Montoya2. Las informaciones referenciadas aunque no son nuevas, ya que en su momento, y no después de 4 años de sucedidos los hechos, fueron denunciados por Amnistía Internacional, Human Watch Right, Naciones Unidas y por organizaciones nacionales de derechos humanos, ponen en cuestión la función pública del estado y la corrupción de estructuras tan vitales para la consagración de los derechos civiles de las personas como las fuerzas militares.
Sin duda, tanto el concepto como la practica asociada a la corrupción evoluciona del carácter eminentemente vinculado con el enriquecimiento ilícito, explicado por la captación ilegal de dineros públicos resultado de la administración de los mismos con fines articulares, a una tipología, donde la corrupción traduce la transformación de las estructuras del Estado, conforme se ajustan a las necesidades del crimen organizado, paralizando la justicia, disputando las orientaciones del ejecutivo, al igual que la actividad de la fuerza pública, de un lado compartiendo la cadena de mando de unidades militares a la vez que conformando unidades militares propias en un primer momento paramilitares para finalizar como ejércitos de justicia privada.
En contraste con lo sucedido en Medellín, hace apenas unos días en México se llevo a cabo la Operación Michoacán, motivada por el incremento de las muertes violentas que en este país asciende en los últimos 6 años a 9 mil muertes, o como las deno
mina el Estado por sus características especiales, “ejecuciones”-esas que en Colombia ascienden al 90% de las muertes violentas, que acompasa una de las tasas mas altas del mundo-, atribuibles a Carteles de la droga relacionados con carteles colombianos, lo que significo la intervención de las fuerzas federales para la recuperación de las ciudades de Tijuana(noroeste) y Guerrero al que pertenece el famoso balneario de Acapulco, donde la suma de “ejecuciones” ascendió a 355 sólo el año 2006. Los efectos también se sienten en aspectos como la libertad de prensa censurada de facto como consecuencia del asesinato sistemático de periodistas comprometidos con la denuncia y el esclarecimiento de temas relacionados con corrupción, y que colocan a México en segundo lugar en el mundo, después de Irak como los países mas peligrosos para el desempeño del periodismo.3
mina el Estado por sus características especiales, “ejecuciones”-esas que en Colombia ascienden al 90% de las muertes violentas, que acompasa una de las tasas mas altas del mundo-, atribuibles a Carteles de la droga relacionados con carteles colombianos, lo que significo la intervención de las fuerzas federales para la recuperación de las ciudades de Tijuana(noroeste) y Guerrero al que pertenece el famoso balneario de Acapulco, donde la suma de “ejecuciones” ascendió a 355 sólo el año 2006. Los efectos también se sienten en aspectos como la libertad de prensa censurada de facto como consecuencia del asesinato sistemático de periodistas comprometidos con la denuncia y el esclarecimiento de temas relacionados con corrupción, y que colocan a México en segundo lugar en el mundo, después de Irak como los países mas peligrosos para el desempeño del periodismo.3 La Operación, realizada en el contexto de la denominada por el gobierno “Cruzada Antimafia”5, significó el emplazamiento y puesta a disposición de las autoridades la totalidad de las fuerzas de policía local. Sólo en Tijuana, fueron sustituidos de sus funciones de vigilancia para acudir a declarar ante la Procuraduría General 2 500 policías, bajo sospecha de corrupción. Provisionalmente unos 3300 efectivos de las fuerzas federales se ocupan de las labores de policía, puesto que las normativas del ejercito mexicano destinan esta fuerza a la protección de las fronteras, la conservación de la unidad de su territorio y la defensa ante un ataque de un país extranjero.
La competencia de las fuerzas militares aunque al parecer accesorio para la comparación de lo que sucede entre México y Colombia resulta de capital importancia tanto para la actividad de estas fuerzas como respecto a los efectos sociales que este enfoque genera. Mientras el ejercito federal de la nación azteca no esta destinado al control del orden público interno, es decir elude la acción militar como solución privilegiada a los conflictos internos, en Colombia la herencia dejada por la Doctrina de Seguridad Nacional, que exhibe como referente la existencia de “un enemigo interno”, faculta la acción militar del ejercito contra nacionales al interior del país, lo que hace del primero una fuerza con grado de legitimidad social como reserva provisional ante los actos de corrupción de otras fuerzas, mientras en el caso del país neogranadino, tal alternativa desaparece.
La avanzada contra organizaciones internacionales de narcotraficantes en México permite a sus autoridades tras 45 días de operativos restablecer provisionalmente el orden constitucional en las zonas descritas, anunciando como resultado una reducción considerable, y sostenible del número de homicidios. De seguro, esto no significa la erradicación del narcotráfico como de sus nefastos efectos en México, pero ello tiene significado en el mensaje de no claudicación que el Estado envía a las organizaciones criminales.
1 El renacer “para” que ronda Antioquia, El Espectador, Bogotá, semana del 25 al 3 de marzo de 2007, sección investigación, Pág. 2ª.
2 Colombia army chief linked to outlaw. Reproducido por el diario colombiano el Tiempo de la ciudad de Bogotá con título, Si hay pruebas que me investiguen, 26 de marzo de 2007, Nación, Pág.1-4.
3. Campaña antinarcos baja en 40% la violencia en Michoacán, El Tiempo, Bogotá, 19 de enero de 2007, Internacional, pág 1-9.
2 Colombia army chief linked to outlaw. Reproducido por el diario colombiano el Tiempo de la ciudad de Bogotá con título, Si hay pruebas que me investiguen, 26 de marzo de 2007, Nación, Pág.1-4.
3. Campaña antinarcos baja en 40% la violencia en Michoacán, El Tiempo, Bogotá, 19 de enero de 2007, Internacional, pág 1-9.
