El Consenso de Washington representó la apertura en la participación del sector privado en áreas hasta los años ochentas sólo atendidas por entidades del estado como la prestación de servicios públicos, salud, educación, telecomunicaciones, energía eléctrica, agua potable. La reforma del estado, trasformo su función pública como garante de la prestación de servicios a la población, a regulador del desempeño y competencia entre las empresas privadas que compraron activos públicos y las denominadas [empresas sociales] del estado. Las implicaciones del paso del régimen publico al comercial, significó distanciar los compromisos constitucionales, sustituidos por los alcances del contrato privado en la prestación de los servicios, en adelante sin la categoría de públicos, puesto que el acceso se supedita al rendimiento económico o la sostenibilidad financiera, y a la capacidad de compra de los mismos por parte de la población.Las facturas de servicios se trasformaron en cuentas de cobro, extendiendo las potencialidades de cobertura y garantía de pagos en la cartera de deudores morosos, mientras se disparaban las multas por reconexiones ilegales. Las subvenciones a los estratos inferiores tendieron a su desmonte, mientras los costos de los servicios se supeditan al volumen de consumo de los mismos. Así, un gran consumidor cancela un precio unitario de cualquier servicio mas bajo independiente del estrato al que se pertenezca. El servicio de alumbrado público desarrollado como estrategia de seguridad en la noche, por tanto gratuito, evoluciona al contexto del cobro por consumo, en adelante cuantificado e indexado en las cuentas por pagar.
Si bien el servicio de seguridad prestado por la policía, no es cobrado directamente, si supone una concentración de prioridades en su actividad. De esta forma la fuerza –publica- regida por el principio de la defensa privilegiada de la vida y seguridad de las personas, no importando su estrato social, es modificado por la prioridad de la seguridad de centros financieros, productivos o comerciales. En igual sentido, se denota un crecimiento tanto de empresas como de efectivos a su servicio de entidades de seguridad privada.
.
La consecuencia fue el espacio propicio para la emergencia de organizaciones armadas al margen de la ley que terminaron por disputarse territorios, libertades y el derecho a la vida de los habitantes de los barrios periféricos. En estas condiciones el clima de se-guridad de los barrios esta supeditado a la hegemonía que logra una banda en el territorio. Este escenario fue típico en la Medellín de los años ochentas y los noventas, sin embargo, solo en 2002 el gobierno cataloga la situación como Guerra Urbana, cuando grupos guerrilleros entran en la disputa focalizada de algunos barrios, específicamente la comuna 13, y es este factor el que precipita la intervención armada del Estado, que tiene como antesala dos aspectos: el abandono por décadas en la prestación del servicio de seguridad, y la componente catalizadora, el problema de acceso a los servicios públicos por parte de los habitantes de los barrios.
.
En efecto la crisis económica colombiana resultado del ajuste estructural, padecido con todo rigor a fines de los años noventa(1999), condujo a un disparo de las tasas de desempleo nacionales, que superaron el 20%, llevando las clases medias y bajas a una crisis inmobiliaria, medida por la imposibilidad de cubrir los pagos de hipotecas, arrendamientos, y servicios públicos, así como la quiebra de múltiples empresas privadas. La situación de iliquidez de entonces llevo los empresarios a acuñar el término “cultura del no pago”, y quienes pertenecían a dicha categoría eran sancionados con veto futuro al acceso de nuevos prestamos, y reportados a “centrales de riesgo”, al efecto de comunicar al universo comercial de la ciudad las personas con perfil crediticio insuficiente. Desde entonces en el país, unas 100 mil familias perdieron sus casas, y en la ciudadde Medellín 58 mil mas (300 mil personas) fueron excluidas del acceso a los servicios
públicos.1
.
La crisis impacto con fuerza los barrios populares. La comuna 13 presentaba un desempleo en jóvenes de un 70%, y los cortes de servicios, acentuaron una reacción social, que concluyó en choques entre piquetes de técnicos que interrumpían los servicios, y las familias que se oponían. Las manifestaciones escalaron al ámbito simbólico, cuando se realizaron piras públicas con las vencidas cuentas de cobro, lo que amenazaba con extenderse al resto de la ciudad cuando igual representación se desarrollo en el principal parque de la ciudad, en la intersección de la carrera carabobo con calle colombia, el parque Berrio, y cuando los piquetes de técnicos llegaron acompañados de la fuerza pu-blica como garantía a la penumbra de vastas zonas residenciales. Los resultados no pudieron ser mas desastrosos, choques entre policía y familias concluyeron con saldos siempre negativos de heridos en ambos bandos, mientras se aportaban las condiciones del escalamiento militar, cuando un grupo armado ilegal de la zona autoproclamado de izquierda, decide terciar a favor de la comunidad, reaccionando con armas de fuego.
Durante meses continuaron las escaramuzas, mientras se mantenía la exigencia del pago de los servicios. Paulatinamente la atención de medios de comunicación que transmitían en directo los choques armados, sumado a los anuncios que desde una región remota donde se realizaban conversaciones de paz con las FARC2 se hablada de la llegada a la ciudad de las mismas, coincidió con la nominación de la escena en la comuna 13, publicitada como Guerra Urbana, donde se concentro la atención de los medios y de la opinión pública, paradójicamente, cuando en un vasto territorio de la ciudad, que incluía múltiples comunas, se libraba una cruenta actividad armada entre bandas, como expresión de la disputa de la ciudad por paramilitares del Bloque Metro y Cacique Nutibara.3
.
La confrontación en la comuna 13 se intensificó por la puesta en marcha la Operación Orión y Mariscal, que tiene relevancia en tanto representa la inauguración de la política de Seguridad Democrática promovida por el presidente recién electo A. Uribe, y en medio de la cual, “el comandante del ejército de Colombia Mario Montoya, habría colaborado con grupos paramilitares”, tal como lo revela recientemente el periódico estadounidense Ángeles Times, reproduciendo una información en bruto de la CIA4. La Operación contó además, con un excepcional despliegue de medios de comunicación, maniobras y equipos militares hasta entonces destinados a la actividad rural, como el uso de helicópteros artillados que fueron utilizados para el ametrallamiento de zonas densamente habitadas, equipos que por sus características de diseño, error de paralaje y el radio de afectación de sus armas, de facto conduce a la negación del principio de distinción entre combatientes y no combatientes, como lo estima el Derecho Internacional Humanitario, que prevé asegurar la vida de los civiles en medio del conflicto. Las barrios intervenidos convertidos en campos de batalla estuvieron sometidos al sitio militar en cuestión del abastecimiento alimentario y restricciones serias a la movilidad, mientras fue visible por su ausencia un plan alterno para la atención de la totalidad de las personas en los barrios afectados, como lugares donde guarecerse, alimentos, servicios educativos y comunitarios, obligando las personas a convivir en medio de la escena del conflicto, realizando sus actividades cotidianas como movilizarse a los destinos de trabajo, o para el caso de los jóvenes sus rutas a los colegios, situaciones muchas de los cuales terminaron en tragedia. Investigaciones posteriores de la Procuraduría General de la Nación dieron como resultado que la fuerza militar “excedió el uso de la fuerza, detuvieron indiscriminadamente civiles, no hubo disciplina de fuego, y no tomaron las medidas para preservar y proteger los derechos de la población civil.”5 La Operación dejó 9 muertos-entre ellos menores de edad-, 38 civiles heridos, 7 miembros de la Fuerza Pública lesionados y 41 detenidos.6
A la postre el “plan de pacificación”, se acompasó con medidas a escala municipal destinadas a sustituir la totalidad de la red de distribución de energía, instalándose una modalidad de cable de transmisión del tipo “antifraude”, con el fin de evitar las “pérdidas negras” consecuencia de la captación de energía ilegalmente, como la colocación y cambio de contadores de agua y energía a cerca de un millón y medio de hogares.
Más recientemente la intervención social de la alcaldía, y de la empresa de servicios públicos, incluye un plan piloto desarrollado en los años 2005-2006, puesto en marcha tras infructuosos resultados en la renegociación del pago de morosos de los servicios públicos, destinado a evitar nuevos aumentos de cartera, facilitando la cancelación de los mismos a través de un moderno sistema de tarjetas prepago, que permite consumos por horas y fracciones de hora al día.
******
1 Según Empresas Públicas de Medellín(EPM), de propiedad del Municipio de Medellín, a noviembre 30 de 2007, las viviendas sin acueducto asciende a 56 mil, y sin teléfono 106 mil. Días de las velitas todo el año, El Tiempo, Bogotá, 7 de diciembre de 2006, Primer Plano, pag, 1-2.
2 Grupo armado ilegal colombiano, autoproclamado de izquierda.
3 Una breve historia de las autodefensas paisas, El Espectador, Bogotá, semana del 25 de febrero al 3 de marzo, Investigación, pag, 3ª.
4 Colombia army chief linked to outlaw, versión digital Angeles times, marzo 25 de 2007, reproducida por: El Tiempo, Bogotá, con titulo: Si hay pruebas que me investiguen, 26 de marzo de 2007, Nación, pag, 1-4.
5 Exceso de la fuerza en Mariscal?, El Tiempo, Bogotá, 6 de marzo de 2007, Nación, pág, 1-4.
6 Ibid.
