Debate electoral y Movilidad en Medellín

De continuar el enfoque que sobreviene los últimos gobiernos locales en Medellín, las políticas públicas mantendrán distancia de prioridades que orientan la agenda mundial sobre alimentación y medio ambiente, como la erradicación de la desnutrición, y la reducción de las emisiones a la atmósfera de gases de invernadero.

Una media de desnutrición del 41%,-en Medellín en total 820 mil personas, y en situación de emergencia y vulnerabilidad 500 mil-, debería estimar la prioridad de las agendas políticas y los presupuestos de la alcaldía local, de orientarse a la realización de los fundamentos del Estado Social de Derecho cual es la garantía del bienestar de las familias y personas, sin embargo suele ocurrir que a tal demanda la respuesta tradicional de los planes de gobierno es la de diferir a futuro la solución, sumando esta problemática a otras tantas por resolver, terminando por esta vía por justificar en la practica la sostenibilidad en el tiempo de esta grave situación.

Como lo estima la Organización para la Agricultura y la alimentación(FAO), entidad perteneciente al Sistema de Naciones Unidas, la desnutrición es problema de orden político, en tanto en la actualidad existen recursos suficientes que de distribuirse, permitirían la erradicación de este flagelo en tiempo presente.

Armonizar una política de este tipo, con la de materializar la realización de los Derechos Económicos Sociales y Culturales, por medio de modificar la tendencia creciente al empleo informal-de cada 10 empleos generados 6 son informales-, con la promoción del empleo estable y el pago de salarios justos, traduce una formula que facilita el transito sostenible de la situación de pobreza de las personas- en Medellín un millón-, a la escena de la inclusión social y el acceso por propia cuenta de bienes y servicios básicos, lo que conjuga una estrategia que localiza el empleo estable y adecuadamente remunerado como mecanismo de superación de la pobreza, y garante del acceso de bienes y servicios básicos para las familias.

Tales políticas, igualmente reduciran no sólo el padecimiento de enfermedades que se originan en la desnutrición, sino también la prevención de enfermedades, ahorrando situaciones traumáticas y costosas para las familias, para el Estado, y el sector productivo de la sociedad, dado el mejoramiento de los rendimientos laborales afines con la reducción de la morbilidad.

En contraste con lo anteriormente citado el debate electoral del que se prevé la orientación de la administración del municipio en los próximos 4 años se concentra en temas como el mejoramiento de la movilidad, es decir, es más importante el fluir de los vehiculos por las calles de la ciudad, que el bienestar de las personas, en la agenda de los candidatos a la alcaldía y concejo de Medellín, con excepción del Polo Democrático.

Pero si de hacer un analisis del tema de la movilidad se trata, el abordaje de este aspecto por los políticos, omite, no por casualidad, el centro del problema de la movilidad, cual es la tendencia creciente al uso del vehículo particular, factor que explica el porque de cada 10 vehículos que están matriculados en la ciudad, uno es público y 9 lo son particulares. De esta forma, para el periodo 1996-2006, el parque automotor se ha visto multiplicado por dos, asunto que contrasta con la media del crecimiento de la construcción de vías, que para años recientes asciende al 2% anual, esto último, presente no sólo por la debilidad en la construcción de nuevas vías, sino a fenómenos como el agotamiento del suelo urbano, entre otros, determinado por los limites que imponen las características geográficas asociadas a la localización de Medellín.

Estos antecedentes explican porque proyectos como Metroplus, iniciativa que busca modular la oferta de vehículos públicos, y agilizar la movilidad, no ataca el epicentro del problema de los embotellamientos, y la contaminación atmosférica, y al contrario, su puesta en marcha, que significa la perdida relativa de vias troncales para la movilidad de la ciudad, de seguro acentuará esta problematica.

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De otra parte, pese a que Medellín padece los rigores del efecto invernadero, con intensificación tanto de olas de calor como del ciclo lluvioso, impactado el comportamiento del microclima del valle de Aburra, ello no parece suficiente para la sustentación de propuestas encaminadas a la regulación de la adquisición de vehículos para uso particular, el consumo de combustibles, y el fomento al incremento de la superficie arbórea de la ciudad, que sirvan para mitigar el cambio climático local y global.

A su vez, la escasez, y los altos de precios de los hidrocarburos, tampoco es tenido en cuenta mientras el país se sumerge paulatinamente en niveles considerables de dependencia petrolera, lo que obliga la sociedad ha destinar mayores cuantías de recursos en la adquisición de hidrocarburos para alimentar los vehículos, como se ha dicho, esencialmente particulares. También se obvian efectos colaterales, como la elevación de los costos de los alimentos para las personas consecuente con la priorización de cultivos para la producción de combustibles vegetales en detrimento de los productos para consumo humano, como ya sucede a escala mundial.

En síntesis, y esto a manera de propuesta respecto a las políticas publicas sobre movilidad en la ciudad, hay que establecer regulaciones más audaces que conduzcan al desestímulo del uso de vehículos particulares, sopena de continuarse el proceso de saturación, la intensificación de los embotellamientos, el incremento en los tiempos de transporte, y consumo de combustibles, como de emisiones de gases contaminantes, que como se sabe, todos, representan factores que favorecen la modificación del clima global y el microclima urbano.

Guerra Urbana: la criminalizacion de la pobreza

El Consenso de Washington representó la apertura en la participación del sector privado en áreas hasta los años ochentas sólo atendidas por entidades del estado como la prestación de servicios públicos, salud, educación, telecomunicaciones, energía eléctrica, agua potable. La reforma del estado, trasformo su función pública como garante de la prestación de servicios a la población, a regulador del desempeño y competencia entre las empresas privadas que compraron activos públicos y las denominadas [empresas sociales] del estado. Las implicaciones del paso del régimen publico al comercial, significó distanciar los compromisos constitucionales, sustituidos por los alcances del contrato privado en la prestación de los servicios, en adelante sin la categoría de públicos, puesto que el acceso se supedita al rendimiento económico o la sostenibilidad financiera, y a la capacidad de compra de los mismos por parte de la población.

Las facturas de servicios se trasformaron en cuentas de cobro, extendiendo las potencialidades de cobertura y garantía de pagos en la cartera de deudores morosos, mientras se disparaban las multas por reconexiones ilegales. Las subvenciones a los estratos inferiores tendieron a su desmonte, mientras los costos de los servicios se supeditan al volumen de consumo de los mismos. Así, un gran consumidor cancela un precio unitario de cualquier servicio mas bajo independiente del estrato al que se pertenezca. El servicio de alumbrado público desarrollado como estrategia de seguridad en la noche, por tanto gratuito, evoluciona al contexto del cobro por consumo, en adelante cuantificado e indexado en las cuentas por pagar.

Si bien el servicio de seguridad prestado por la policía, no es cobrado directamente, si supone una concentración de prioridades en su actividad. De esta forma la fuerza –publica- regida por el principio de la defensa privilegiada de la vida y seguridad de las personas, no importando su estrato social, es modificado por la prioridad de la seguridad de centros financieros, productivos o comerciales. En igual sentido, se denota un crecimiento tanto de empresas como de efectivos a su servicio de entidades de seguridad privada.

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La consecuencia fue el espacio propicio para la emergencia de organizaciones armadas al margen de la ley que terminaron por disputarse territorios, libertades y el derecho a la vida de los habitantes de los barrios periféricos. En estas condiciones el clima de se-guridad de los barrios esta supeditado a la hegemonía que logra una banda en el territorio. Este escenario fue típico en la Medellín de los años ochentas y los noventas, sin embargo, solo en 2002 el gobierno cataloga la situación como Guerra Urbana, cuando grupos guerrilleros entran en la disputa focalizada de algunos barrios, específicamente la comuna 13, y es este factor el que precipita la intervención armada del Estado, que tiene como antesala dos aspectos: el abandono por décadas en la prestación del servicio de seguridad, y la componente catalizadora, el problema de acceso a los servicios públicos por parte de los habitantes de los barrios.

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En efecto la crisis económica colombiana resultado del ajuste estructural, padecido con todo rigor a fines de los años noventa(1999), condujo a un disparo de las tasas de desempleo nacionales, que superaron el 20%, llevando las clases medias y bajas a una crisis inmobiliaria, medida por la imposibilidad de cubrir los pagos de hipotecas, arrendamientos, y servicios públicos, así como la quiebra de múltiples empresas privadas. La situación de iliquidez de entonces llevo los empresarios a acuñar el término “cultura del no pago”, y quienes pertenecían a dicha categoría eran sancionados con veto futuro al acceso de nuevos prestamos, y reportados a “centrales de riesgo”, al efecto de comunicar al universo comercial de la ciudad las personas con perfil crediticio insuficiente. Desde entonces en el país, unas 100 mil familias perdieron sus casas, y en la ciudadde Medellín 58 mil mas (300 mil personas) fueron excluidas del acceso a los servicios

públicos.¹

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La crisis impacto con fuerza los barrios populares. La comuna 13 presentaba un desempleo en jóvenes de un 70%, y los cortes de servicios, acentuaron una reacción social, que concluyó en choques entre piquetes de técnicos que interrumpían los servicios, y las familias que se oponían. Las manifestaciones escalaron al ámbito simbólico, cuando se realizaron piras públicas con las vencidas cuentas de cobro, lo que amenazaba con extenderse al resto de la ciudad cuando igual representación se desarrollo en el principal parque de la ciudad, en la intersección de la carrera carabobo con calle colombia, el parque Berrio, y cuando los piquetes de técnicos llegaron acompañados de la fuerza pu-blica como garantía a la penumbra de vastas zonas residenciales. Los resultados no pudieron ser mas desastrosos, choques entre policía y familias concluyeron con saldos siempre negativos de heridos en ambos bandos, mientras se aportaban las condiciones del escalamiento militar, cuando un grupo armado ilegal de la zona autoproclamado de izquierda, decide terciar a favor de la comunidad, reaccionando con armas de fuego.

Durante meses continuaron las escaramuzas, mientras se mantenía la exigencia del pago de los servicios. Paulatinamente la atención de medios de comunicación que transmitían en directo los choques armados, sumado a los anuncios que desde una región remota donde se realizaban conversaciones de paz con las FARC² se hablada de la llegada a la ciudad de las mismas, coincidió con la nominación de la escena en la comuna 13, publicitada como Guerra Urbana, donde se concentro la atención de los medios y de la opinión pública, paradójicamente, cuando en un vasto territorio de la ciudad, que incluía múltiples comunas, se libraba una cruenta actividad armada entre bandas, como expresión de la disputa de la ciudad por paramilitares del Bloque Metro y Cacique Nutibara.³

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La confrontación en la comuna 13 se intensificó por la puesta en marcha la Operación Orión y Mariscal, que tiene relevancia en tanto representa la inauguración de la política de Seguridad Democrática promovida por el presidente recién electo A. Uribe, y en medio de la cual, “el comandante del ejército de Colombia Mario Montoya, habría colaborado con grupos paramilitares”, tal como lo revela recientemente el periódico estadounidense Ángeles Times, reproduciendo una información en bruto de la CIA⁴. La Operación contó además, con un excepcional despliegue de medios de comunicación, maniobras y equipos militares hasta entonces destinados a la actividad rural, como el uso de helicópteros artillados que fueron utilizados para el ametrallamiento de zonas densamente habitadas, equipos que por sus características de diseño, error de paralaje y el radio de afectación de sus armas, de facto conduce a la negación del principio de distinción entre combatientes y no combatientes, como lo estima el Derecho Internacional Humanitario, que prevé asegurar la vida de los civiles en medio del conflicto. Las barrios intervenidos convertidos en campos de batalla estuvieron sometidos al sitio militar en cuestión del abastecimiento alimentario y restricciones serias a la movilidad, mientras fue visible por su ausencia un plan alterno para la atención de la totalidad de las personas en los barrios afectados, como lugares donde guarecerse, alimentos, servicios educativos y comunitarios, obligando las personas a convivir en medio de la escena del conflicto, realizando sus actividades cotidianas como movilizarse a los destinos de trabajo, o para el caso de los jóvenes sus rutas a los colegios, situaciones muchas de los cuales terminaron en tragedia. Investigaciones posteriores de la Procuraduría General de la Nación dieron como resultado que la fuerza militar “excedió el uso de la fuerza, detuvieron indiscriminadamente civiles, no hubo disciplina de fuego, y no tomaron las medidas para preservar y proteger los derechos de la población civil.”⁵ La Operación dejó 9 muertos-entre ellos menores de edad-, 38 civiles heridos, 7 miembros de la Fuerza Pública lesionados y 41 detenidos.⁶

A la postre el “plan de pacificación”, se acompasó con medidas a escala municipal destinadas a sustituir la totalidad de la red de distribución de energía, instalándose una modalidad de cable de transmisión del tipo “antifraude”, con el fin de evitar las “pérdidas negras” consecuencia de la captación de energía ilegalmente, como la colocación y cambio de contadores de agua y energía a cerca de un millón y medio de hogares.

Más recientemente la intervención social de la alcaldía, y de la empresa de servicios públicos, incluye un plan piloto desarrollado en los años 2005-2006, puesto en marcha tras infructuosos resultados en la renegociación del pago de morosos de los servicios públicos, destinado a evitar nuevos aumentos de cartera, facilitando la cancelación de los mismos a través de un moderno sistema de tarjetas prepago, que permite consumos por horas y fracciones de hora al día.

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1 Según Empresas Públicas de Medellín(EPM), de propiedad del Municipio de Medellín, a noviembre 30 de 2007, las viviendas sin acueducto asciende a 56 mil, y sin teléfono 106 mil. Días de las velitas todo el año, El Tiempo, Bogotá, 7 de diciembre de 2006, Primer Plano, pag, 1-2.

2 Grupo armado ilegal colombiano, autoproclamado de izquierda.

3 Una breve historia de las autodefensas paisas, El Espectador, Bogotá, semana del 25 de febrero al 3 de marzo, Investigación, pag, 3ª.

4 Colombia army chief linked to outlaw, versión digital Angeles times, marzo 25 de 2007, reproducida por: El Tiempo, Bogotá, con titulo: Si hay pruebas que me investiguen, 26 de marzo de 2007, Nación, pag, 1-4.

5 Exceso de la fuerza en Mariscal?, El Tiempo, Bogotá, 6 de marzo de 2007, Nación, pág, 1-4.

6 Ibid.

Metroplus* no consume en el granero

En un día como cualquiera, como aquel en el que nos levanta el sol, sin recurso adicional que el recordarnos el quehacer, tras la puerta, nos encontramos con el emplazamiento de equipos ya familiares, taladradoras neumáticas, motoniveladoras, retroexcavadoras, y así sin más, los encuestadores, la información de catastro, y el rugir de las máquinas... Así llega Metro-plus.

Luego, los retocados de las fotografías en las vallas de cómo quedará el proyecto, la renovación del espacio urbano, tal vez la valorización de la propiedad, la rapidez del nuevo transporte, la comodidad...los rumores, el reporte del noticiero. Tras meses esperando, llega la hora de la reunión, los planos de los trazados y la comunicación de las demoliciones de los costados del viaducto, la notificación de las casas y zonas que tendrán que desaparecer[el sudor frío de la familia], el cierre del paso de cualquier otro vehículo diferente a Metro-plus por la vía, la clausura de los garajes ...mientras, de manera aislada, el rugido de las maquinas y los vinilos en las calles delinean lo que serán los próximos cortes.

Sí, de esta manera llega uno de los proyectos que por sus características transformara de manera irreversible el sistema urbano de transporte, aquel que por sus remotos antecedentes, mas de medio siglo, se acompaso a los requerimientos de movilidad de las personas de la ciudad. Retrospectivamente, las rutas de transporte publico de la ciudad por momentos vistas como arbitrarias se trazaron a con el objeto de conectar centros laborales, religiosos, unidades de salud, parques o centros culturales. La economía de este sector esta íntimamente ligado con la economía de talleres, cafés, graneros o tiendas a lo largo de las vías usadas para el transito de los vehículos, a través de la cual retornan los recursos obtenidos por la cancelación de pasajes. La importancia de esta economía es tal que los recursos económicos que representa este sector, equivale a lo que moviliza Empresas Públicas de Medellín, 3.8% del Producto Interno Bruto Regional.

Comparativamente Metro-plus acoge un diseño ajustado a los requerimientos de rentabilidad y velocidad del sistema, descartando paradas con mandato de timbre, de allí también que las labores de acopio en los barrios se cederá a vehículos alimentadores diferentes del propio modelo Metro-plus lo que hará necesario transbordos obligados en el transito de los barrios a la captación de las troncales, además, el trazado de los viaductos se efectúa al efecto de los resultados de los estudios de oferta y demanda del servicio, es decir con parámetros de eficacia económica, lo que explica que las paradas sólo se realicen rígidamente cada 500 mt, y las expectativas de copamiento de los buses se asegure con pasajeros de pié, y concentraciones importantes en horas pico. El tiempo de parada es del tipo Metro de Medellín igual que los esquemas de marketing y adquisición de tiquetes.

Diferente a los costos asociados a la prestación del servicio actual de transporte publico, del que se omite costos adicionales en pasajes por cuenta de compromisos derivados de deudas asociadas a la adquisición de vehículos, Metro-plus implicará un costo de 212 mil millones de pesos a cancelar mediante los cobros de tiquetes, mas pagos originados en la sobretasa a los combustibles, con lo que se construiría el equivalente a unas 8 500 soluciones de vivienda, o lo que corresponde a la totalidad del Corregimiento San Cristóbal, con un costo de cero pesos para los beneficiarios, que como se sabe paliaría el problema del 40% de familias de la ciudad que no posee casa.

Si bien es cierto, que el transporte público actual tiene serias deficiencias, como el tema de la educación de los conductores, o los sobresaltos en la disputa por pasajeros, o las proximidades del reloj, ello es posible de resolver con medidas como el modelo de caja única, y la capacitación y exigencia de mayor calidad a los conductores, en la prestación del servicio.

Pero en todo este debate, es de resaltar lo que sucede con el tema central que promete resolver el nuevo sistema. Los embotellamientos. Es una verdadera manipulación, en tanto por cada vehículo de servicio público existente en las vías, hay en servicio 9 particulares, lo que explica porque, pese a la puesta en marcha de estos sistemas, los embotellamientos no desaparecen. Algo semejante sucede con la contaminación, y el consumo de combustibles. Más aún, presente la anterior relación, el servicio público transporta 7 de cada 10 personas que se movilizan diariamente en la ciudad, mientras la afluencia de particulares sólo trasporta las 3 personas restantes.

Y si de finanzas se trata, el modelo importado de los Sistemas de Transporte Masivo(STM) concebidos para autofinanciarse, y pese al respaldo incondicional que el sector publico hace de este, el antecedente de Transmilenio Bogotá, demuestra que aún así es inviable. Mientras el sector privado, operador del sistema se hace con el 70% de los recursos, el ente gestor en manos de entidades públicas obtienen detrimento patrimonial ascendente. En este sentido, la media de las perdidas para el distrito de Bogotá, año a año asciende a 9 mil millones de pesos lo que según la Contraloría enfrenta este sistema a una potencial disolución.

*Metroplus es un sistema de transporte masivo para la ciudad de Medellín en actual construcción en su primera fase.

Ciudades post-miseria

Puede sonar un poco sugestivo y hasta contradictorio el titular, sobre todo porque la ciudad es un concepto que a su vez condensa un conjunto de ideas acorde con el desarrollo de la república, la revolución industrial, y las relaciones típicas que caracterizan las sociedades urbanas. Las concentraciones urbanas ofrecen a las expresiones sociales el carácter de lo masivo, lo que contribuyo a la emergencia de novedosos canales de comunicación pública a través de los parques y retortas. La modulación de los espacios públicos clásicos, me refiero básicamente a los parques, casi sin excepción fue obra de la iglesia, visible por las construcciones imponentes y en un diseño de enclaves fortificados, previendo alzamientos no posibles de controlar, facilitando el papel de observador inquisitorial, y las ulteriores lapidaciones publicas justificadas por la violación de los principios morales.

La acción política tuvo en las ciudades su propia primavera, las grandes reuniones dieron de facto un lugar de participación de lo publico en las decisiones administrativas de la ciudad. En un periodo mas contemporáneo, las calles fueron escenario sobre las cuales se extendieron las actividades de la plaza, constituyendo un particular medio de comunicación, y persuasión e integración política a los pobladores, explicado por la emergencia de los movimientos sociales, y la constitución a través de las marchas, plantones y mítines, de la fuerza pública.

Este complejo e inusitado sistema de relaciones alumbro tanto el desarrollo del decálogo liberal, la condena a la esclavitud, y las ideas que hicieron posible la consolidación de los principios constitutivos de la justicia en contraste con la moral religiosa, lo que permitió no sólo sustraer la actividad monopolizada por la iglesia en la prescripción de los valores sociales, sino la constitución de una cultura laica, que perfilo la separación del poder religioso en la tarea de la decisión y deliberación de lo público, referenciado básicamente por las instituciones republicanas como la asamblea, o el congreso, básicamente facultado por los preceptos heredados de la revolución francesa, al tenor del principio de igualdad, y el racionalismo.

Paradójicamente el concepto a través del cual se desarrollan las ciudades, de facto realizadas por la acción social en las calles y plazas, hoy es tácitamente condenado. El escenario de lo publico, me refiero al actuar de las organizaciones sociales, las manifestaciones publicas que traducían los contrapesos al poder de las instituciones republicanas que posibilitaron la comunicación y los referentes de conciliación social pacífica, en la practica han sido desestructurados, y velados tras la consideración de observarlos como lo negativo para el adecuado desempeño del Estado, es decir para un gobierno que se concibe al margen y por encima de los ciudadanos, y que contrario de navegar en dirección de las convergencias sociales y la desactivación de la represión, prescribe su función social sumergiéndose en la doctrina de la seguridad pu-blica orientada al constante recorte de los derechos ciudadanos, imponiendo medidas exclusivas de participación y condenando otras de consuno históricas, garantes del desarrollo de principios civilistas, sobre los que descansa el mismo Estado de Derecho.

Y no es para menos, los gobiernos hoy se encuentran en una situación particularmente diferente respecto de periodos pasados en donde la riqueza no sólo es visiblemente acumulada sino que riñe con cualquier principio republicano de justicia, es decir, las monarquías pese a contar con riquezas exuberantes, a su vez eran justificadas por la razón moral religiosa, que incluía el hecho de que la voz de Dios estaba depositada en los monarcas, en contraste la razón derivada del principio de igualdad entre todas las personas, origen del concepto moderno del desarrollo de las sociedades y países, y que por ello mismo termina por localizar la acción y expresión de lo público como algo eminentemente amenazante para un orden caracterizado por la inequidad.

Es así como mientras los escenarios de participación social que enmarcaron la era republicana obedecían a la idea de generar confianza y espacios adecuados para la reunión, hoy se diseñan basados en el paradigma de la seguridad, plazoletas descampadas, sin árboles, ni lugares cómodos de asiento para reuniones, ya mostrados como barreras al oficio del control publico, y torretas de observación desde las alturas a través de cámaras. Es decir el ambiente de confianza, que posibilitaba la re-unión entre personas es evidentemente violentado por arquitecturas y mecanismos de intimidación. La justificación de los altos niveles de delincuencia sirve como acicate para aplicar medidas generalizadas de control, es decir derribar la casa para atrapar el ratón, generalizando a su vez la persecución y la intimidación de las personas, lo que no obsta las justificaciones de lo magno del problema de seguridad empero que sin duda redunda en que se parte de que todos, o somos criminales, o debemos adecuarnos vivir en una ciudad diseñada a la medida de la persecución a los criminales, lo que constituye una nueva versión hobbesiana de sociedad, tal vez lo más cercano a lo que realmente sucede, y que responde al marchitamiento de las ideas republicanas. En síntesis, se sustituye el escenario de los espacios en los que el publico era el actor principal, a los nuevos diseños de grandes construcciones donde se les concede el oficio de espectadores.

Apenas es lógico que siendo una realidad la existencia de ciudades de cientos de miles de pobres, y descontado el oficio del Estado en la reducción de la pobreza, el paradigma de referencia proceda a ser la seguridad, exhibido por el aumento continuado del pie de fuerza militar, las cámaras de vigilancia, la seguridad privada, mientras países con niveles ponderados de desarrollo social han encontrado incluso innecesaria la existencia de un ejercito regular, o son relativamente pequeños, y las actividades de policía son en esencia particularizadas, donde las ciudades se diseñan en clave del desarrollo industrial, y los espacios públicos de manera cosmopolita, es decir el lugar del encuentro, del divertimento y la reflexión.

Los nuevos diseños arquitectónicos de las ciudades, se acompasan ya prematuramente de una orientación particular de los organismos encargados de garantizar la seguridad. El concepto fuerza publica tuvo en la revolución francesa uno de los escenarios mas determinantes en la historia de su constitución cuando en medio de la caída de la monarquía paralelamente se consolidaba a través del movimiento social que se emancipaba, sustituyendo las actividades y funciones de policía política que ejercía para tal entonces la armada real. El ejercito francés tuvo en la acción solidaria de la sociedad con la revolución el núcleo tras el cual se produjo la defensa de la republica a la agresión por parte de las monarquías en frontera que buscaban la reinstauración, y que tuvo como basamento ideológico político la troica que derivara en el concepto de pa-tria, libertad, igualdad, fraternidad. En síntesis, el ejercito, o la fuerza-pública, tiene origen en el oficio de salvaguardar los derechos magnos de la ciudadanía, incluyendo todas las formas de redistribución social y de las nuevas relaciones sociales que desde entonces emanaron. Como se observa, hoy los aparatos de seguridad del Estado, se destinan casi exclusivamente a perseguir criminales, omitiendo de facto su principio de principios.

El 70% bajo la alfombra

Ayer mientras emprendíamos una caminata por la única y planeada vía que circunvala la comuna nor-oriental observaba la explanada del absurdo antioqueña y tal vez de común de ciudades del tercer mundo. Absurdo porque las políticas públicas del Municipio de Medellín perfilan como uno de los elementos de mayor interés el promocionar la capital antioqueña como un centro turístico a fin de atraer ingresos, y mostrar la otra cara de la ciudad. Con este fin varias administraciones de la ciudad han concentrado un volumen cuantioso de recursos para “recuperar” el centro de de Medellín donde se vuelven patéticos los efectos de la aplicación del Consenso de Washington como la des-industrialización y con ello la clausura de todos los sectores derivados como el comercio de manufacturas, los círculos de profesionales, abogados, contadores, trabajadores sociales, ingenieros, etc. El nuevo rostro de la zona central es un paisaje suburbial, con prostitución infantil, venta abierta de drogas, informalidad laboral generalizada e indigencia. Los locales que concentran hoy las inversiones económicas son esencialmente Casinos, negocios de Juegos de azar y prostíbulos velados como hostales o lugares de descanso. Esta tipologia de inversiones se acompaña de nuevos y suntuosos Centros Comerciales que simulando una extensión del espacio público mas allá de las calles, son cuidados debidamente por vigilancia privada desde donde se restringe “sutilmente” y se hace seguimiento del ingreso y comportamiento de las personas.

Como contraste con la clausura de lo que fuera el complejo central originado tras la década de los sesentas, es evidente la concentración de aparatos de seguridad que van desde el control en las alturas por medio de cámaras remotas, como de un copioso volumen de vigilantes privados, que en contravención con los principios legales en cuestión del control del orden público, reservado a las autoridades de policía, regulan el las vías articuladas del centro de la ciudad. El refinamiento del control es efectuado tras la superposición de la estrategia de seguridad que va de la “sutil” llamada por celular a los vigilantes estacionados en las calles, el paneo “invisible” de la cámara aérea, a la captura y coacción de los presuntos implicados en una lesión a la seguridad, provisto no ya por el código penal colombiano, como por los “códigos de las empresas de seguridad privada”. Esta escena cobra eficacia tras la casi imperceptible y silenciosa acción de estos particulares aparatos de seguridad.

La Seguridad Pública Privatizada(SPP) se mueve en dos frentes, la directamente contratada y administrada por los centros comerciales, y la informal que se efectúa a través de organizaciones para-estatales a cargo del orden publico llevado a cabo directamente en las calles, financiado a través de rentas obligatorias a los vendedores informales, pero en contraste con los primeros, no sujeta a su administración o defensa de su seguridad, en tanto es gestionada por Cooperativas de Seguridad Privada(CSP), conocidas como Convivir, quienes reciben las rentas de los trabajadores informales(1) como dación de pago por el permiso o arriendo del suelo público, y que se complementa con el “permiso” de estacionarse en el semáforo, la esquina para la venta de minutos celular, o el permiso para la oferta de proxenetas o los jíbaros en la venta de drogas.

El radio de acción de las C.P.S se expande del centro a la periferia de la ciudad, sus tentáculos son observables en buena parte de los ya 55 asentamientos de desplazados internos, donde cobran arriendo por la posesión u ocupación de tierras baldías, la coadministración del transporte publico de pasajeros, o actuando como bancos de primer piso efectuando prestamos del tipo gota a gota o paga diario con intereses que llegan al techo del 20%, el equivalente a unas 10 veces mas que el interés ofrecido por las entidades financieras oficiales. El complejo de las C.P.S desarrolla una actividad económica con las características de un Trust en tanto luego de refinar la actividad de prestamista se complementa verticalmente destinando su organización coercitiva y de vigilancia como mecanismo de persuasión a los morosos y de garantía a las formas de fianzas, pagos en bienes muebles, etc.

En síntesis las características fundamentales de este complejo económico y de seguridad es la informalidad y la privacidad de su actuación dado que regularmente la C.P.S no están adscritas ni reguladas por las entidades estatales correspondientes para cada una de sus actividades como la Supervigilancia, la superintendencia financiera, etc,. Menos aún en el caso de litigios o asuntos de rezago de cartera que en ningún caso son tramitados a través de los juzgados.

Son estas entidades las encargadas de velar por la convivencia y seguridad ciudadana que traducen un modelo de control del orden publico sobre el que se soportan las inversiones macro legales tal cual los Sistemas de Transporte Masivo, o los Walk Park del tipo las Vegas o Barcelona, este último parodiado en Medellín como Ciudad Botero, que significara el “Embellecimiento Urbano” de el eje troncal de la Carrera Carabobo y el Barrio Corazón de Jesús, un poco el Cartucho de Bogota. Este “Modelo de Intervención” faculta a el gobierno local a proferir la venta obligatoria de bienes muebles en la zona a través del incremento de impuestos, de servicios públicos, de seguridad, o a razón del titular de la resolución respectiva, “a fin de lograr el bienestar General” de la comunidad medellinense, lo que significa una declaración de expulsión ineludible.

Volviendo a la historia, el boom inmobiliario en el sur de la ciudad abrevado en las potencialidades de la liquidez generada por el narcotráfico, surgió como alternativa económica a la desdibujada industria manufacturera antioqueña, abandonando cualquier expectativa de inversión en el centro de la ciudad. Esta situación permitió que el mercado informal avanzara paulatinamente obligando incluso a la adecuación de los locales, antes confortables y amplios pero impagables por los nuevos huéspedes, los cuales como patrón de referencia fueron subdivididos en función con la capacidad de pago de las ventas informales. La informalidad también copo los andenes públicos y cimentó la reorientación del derecho y defensa del mismo obviado en la construcción y arquitectura de una de una de las ciudades per se mas deficitarias en este indicador, facultando la creación de un aparato coactivo con denominación “Grupo de Defensa del Espacio Público” financiada por el gobierno local y con fin la recuperación de las aceras del centro de la ciudad.

Como es obvio las características arquitectónicas, de construcción, y mantenimiento de una edificación depende de las condiciones económicas y de la formación educativa de quien lo gestiona, ello explica porque los suburbios difieren en sus formas y material y lugar de construcción con las edificaciones efectuadas en zonas de otras clases sociales, teniendo en si su propia estética, oficio relacional, funcional y simbólico. Desde esta perspectiva es posible hacer visible como la económico determina los emplazamientos arquitectónicos, evitando la estigmatización de los mismos, fortaleciendo los emprendimientos de las familias de bajos ingresos, promoviendo el mejoramiento de sus construcciones, reduciendo u omitiendo las cargas impositivas, a la vez que dada su situación de fragilidad económica, evitar comprometer macro proyectos urbanos con el desplazamiento de asentamientos o inversiones económicas del sector informal. Lo anterior tiene sentido, cuando recordamos que Colombia posee un 70% de su población en estado de pobreza y el empleo tiende a ser fundamentalmente informal. Además, que al respecto del turismo, primero hay que enfrentar las problemáticas socioeconomicas y violentas del país, las que explican porque Colombia se encuentra en la lista del Departamento de Estado de los EEUU, y por supuesto de las agencias de viajes en el mundo, como un lugar no aconsejable siquiera para pernoctar.



(1) La informalidad traduce generalización de lo laboral. En tanto hasta la década de los sesentas el salario de una de las personas de una familia regularmente el padre era suficiente para el sostenimiento del hogar, es decir la esposa, y sus 4 hijos aproximadamente. Tras las décadas perdidas de los años ochentas y noventas, los programas de ajuste estructural abrieron paso a la generalización de la economía informal, que implico inestabilidad laboral, estancamiento y declive salarial, desempleo y sobre costos sociales a las familias en salud, y educación. Este cuadro explica la exigencia a los hogares de multiplicar el número de trabajadores por familia, esencialmente informales, sin embargo es posible demostrar que pese al incremento global de la masa de trabajadores en el país, en sí el volumen de los hogares pobres en el país respecto a los años sesentas no solo no se estanca sino que se incrementa el porcentaje de familias pobres, como el número de personas pobres e indigentes.

Los trabajadores informales desarrollan su actividad básicamente a través del comercio de bienes o manufacturas originados en empresas nacionales o multinacionales reconocidas pero con las cuales no poseen algún tipo de vínculo laboral, o pago por la prestación de este servicio. Es esta situación la que explica su incapacidad de pago de impuestos o arrendamiento de un local adecuado al desarrollo de esta actividad comercial. Comercian desde frutas de la Chiquita Brand, o United Fruit, articulos de aseo de unilever, Palmolive, cigarrillos de todas las marcas conocidas(Marlboro, Kent, y todos los de Coltabaco), dulces de Colombina, la Colombiana de Chocolates, y Noel. También se incluye el comercio de bisuterías con marcas genéricas del exterior de empresas comerciales de China y EEUU.

Gobierno nacional y local ordena redesplazamiento de personas

Julio de 2006

El periódico el Tiempo de la ciudad de Bogotá(1), recoge la percepción del Tema tanto del Municipio de Medellín como de la Nación sobre la necesidad de "localizar" en un lugar mas salubre los pobladores de Moravia. Y pensaran, que compromiso social el que expresan estos entes, en torno al bienestar de la población.

Un contexto
Medellín también es Colombia, y su composición de pobres corresponde de manera proporcional a los indicadores nacionales, aproximadamente un 80% de población en estado de pobreza, entre otros resultado como lo reporta el Tiempo de las sucesivas oleadas de personas del campo obligadas a salir de sus regiones consecuencia de la expropiación violenta de sus tierras efectuada por grupos paramilitares como lo referencia uno de los últimos informes la Procuraduría General sobre el tema del desplazamiento forzado en el país.

Estos campesinos y sus familias, luego de ser diezmados de sus seres queridos por cuenta de la generalización de las masacres, esas de los cementerios clandestinos que hoy se exhuman en unos 26 departamentos del país, y luego de las vejaciones a las que son sometidas sus esposas e hijos, son lanzados a las ciudades. En consecuencia a la llegada a las zonas urbanas su composición es esencialmente mujeres, y niños.

Estos últimos estertores de fami-lia que debiesen ser reivindicados por el Estado como ciudadanos de derechos, y a quienes por la omisión del mismo en la protección de su dignidad, estabilidad, propiedad, y vida debieran ser acogidos a plenitud por todas y cada una de las instituciones del Estado en la idea de "reparar" lo sucedido, son desconocidos, y al contrario estigmatizados, obligados a huir nuevamente a las periferias, los basureros, los retiros de quebradas, las tierras mas accidentadas para sus asentamientos urbanos.

Están en estos lugares porque no poseen empleo, normalmente en medio de prevalentes tasas de desnutrición, viven de los alimentos que recogen en el recorrido-caminatas diarias, que se planifican dividiendo la ciudad por sectores- pidiendo limosnas, casa por casa. Esas mismas personas, son las que presa de su necesidad caen en las redes de prostitución de la ciudad, o que a través de los prestamos particulares del tipo gota a gota, expoliados al 10% día, colocan un ventorrillo en el centro de la ciudad para ser luego perseguidos por el "Grupo de Defensores del Espacio Público", organización legal coactiva del resorte de la Secretaria de Gobierno del Municipio.

Se asientan en los lugares que conocemos, porque no poseen recursos con los cuales solventar el pago de una renta, menos aún la adquisición de una propiedad, o el pago de los impuestos. Están en estos lugares no porque así lo hallan deseado sino como consecuencia de la historia que se relata.

Ahora los van a re-desplazar, y el temor que les embarga gira en torno a su incapacidad económica para cubrir obligaciones derivadas de la adquisición o renta de otra vivienda, el pago de servicios [públicos], los impuestos... Es ese 80% de la población pobre que los gobiernos nacional y local intentan introducir bajo la alfombra, porque los turistas que se prevé tomaran el Metro circunvalara Moravia, el viejo basurero, con sus casuchas de desechos, desnutrición a flor de piel, y las ropas laídas y de segunda en los estendederos de las casas, esas de única habitación 2x2 mt.

Es un pretexto.
No hay interés en la salubridad de esas personas, porque el proyecto destinado al centro de la ciudad y que se expande a Moravia habla de "recuperar" estas zonas. Re-cuperar de que, de quien? De los pobres, de los ventorrillos, esos que con la ayuda protagónica del Estado se han podido constituir. El proyecto habla de motivar la llegada de turistas del exterior, pero habrá que preguntar como esto es posible cuando existe una advertencia del Departamento de Estado de los EEUU de que en Colombia no se recomienda ni pernoctar, por ser uno de los lugares mas peligrosos del mundo?

De seguro, nadie desea vivir en un basurero, como cientos de miles de personas no desean vivir en las zonas inestables, y técnicamente no urbanizables de las laderas de las montañas. Lo que sucede es que las zonas planas y aptas para la vivienda son por sus costos inaccesibles consecuencia del acaparamiento, y en este sentido, destinadas al oprobioso fundamento de la especulación inmobiliaria, la que se explica a través del grillete financiero de 30 años de pagos sin garantía de obtener algún día un “derecho” de propiedad.

Mucho de interés tiene en este proyecto de "Embellecimiento Urbano" la asociación Fajardo-Sindicato Antioqueño; grandes plazas de estructuras y acabados previsiblemente con el hormigón de la Cementera Argos, y la ingeniería de Integral.co. El ensamble es semejante al que se efectuó con Transmilenio Bogotá con Peña-losa; tu me financias y yo te contrato, tu me financias, y yo desplazo, y violo los derechos de las personas pobres, y humildes, como garantía de la vejación ad infinitum.

(1) Para evitar tragedia 10 mil personas seran trasteadas, el tiempo, Bogotá, 7 de julio de 2006, información general, pag, 1-12.