Los seis años y medio transcurridos del gobierno Uribe Vélez sin duda contrastarán con el periodo restante hasta agosto de 2010, cuando el peso de los pasivos políticos cobrara factura a la gobernatura actual.
Para comenzar, en el campo económico y desde el año 2002 la meta del gobierno se cifraba en la materialización de un acuerdo comercial con Estados Unidos, a la manera de un post ATPDEA, que ya no se justificara como contraprestación de la lucha contra el narcotráfico y la guerrilla, en la escena Plan Colombia del gobierno Pastrana, sino enmarcada en el apoyo al denominado escenario post-conflicto, es decir ajustado al proceso de negociación con los paramilitares, y la consolidación democrática del país vista por la reducción de las tasas de homicidios, desplazamiento, disminución de los cultivos ilícitos, como la continuación de la ofensiva y copamiento militar de las zonas de estacionamiento y corredores estratégicos utilizados por la guerrilla.
Así, el instrumento político de negociación económica y política internacional de Colombia se concentró en esta definición ampliada de la Seguridad Democrática que llegó a sustentarse en indicadores hasta el año 2007, cuando desde entonces, y como consecuencia del incumplimiento de los beneficios a los jefes paramilitares extraditados previstos en la primera edición de la ley de justicia y paz, Don Mario, alias Cuchillo, el Loco Barrera, Sebastián o de otra forma estructuras como los Paisas o las Aguilas Negras reactivan sus acciones violentas, que sumadas a los actos de la guerrilla invierten las tendencias a la baja del indicador de homicidios y desplazamiento en lugares como Medellín y el departamento de Córdoba. La inflexión en la reducción de cultivos ilícitos tempranamente se presenta a escala nacional desde 2006. El resultado es una afectación del esquema internacional de negociación del gobierno, como la congelación del Tratado de Libre Comercio con EE.UU.
Es una cuenta de cobro y sin duda una muestra de desconfianza por parte de los paramilitares ante lo definido como reveses en la negociación de 2005, factor que jugará de manera importante en las elecciones de 2010, y que incluirá de seguro la forma como el gobierno administrará las previsiones y entrada en vigor del Tribunal Penal Internacional en 2009.
En este sentido la reprobación de la Andi a una nueva reelección del presidente en funciones es una consecuencia de estos resultados, y un mensaje a la coalición de gobierno. Sin embargo, es visible el reconocimiento que los gremios económicos hacen de los importantes avances en cuanto a los resultados en la lucha que libran las fuerzas militares contra las guerrillas, lo que cambia de manera terminante el auge que estas organizaciones sostenían desde mediados de los años noventas.
Son estos factores, la venida a menos de los grupos guerrilleros, lo que disuade la reedición de la opción paramilitar como la que se sucede desde 1995, como el avance y recreación de los grupos paramilitares, que no cejan en su cometido de refundar la patria, visto por la evolución de sus estructuras militares, la refinación de sus espacios económicos, políticos y sociales, lo que definirá el marco del gobierno 2010-2014, y los resultados electorales en 2010.
En este sentido, son previsibles dos tendencias, una especie de jaque a la elite tradicional. La primera, que apunta a una nueva renegociación con los grupos paramilitares, confiando en que el entrabamiento de la ONU llevará a la comunidad internacional a desatender lo que sucede en Colombia, facilitando la ampliación de su influencia actual. Y una segunda, de choque entre elites, la bogotana, y la emergente proveniente de las Sabanas de Córdoba.
Medidas sorpresivas hacen parte de este juego como la depuración ligth de las Fuerzas Armadas, lo que denominan cambio de concepto, - recordemos la reciente separación de 27 militares de las fuerzas armadas, o el levantamiento del fuero militar a los generales Alejo del Río y Osorio efectuada por la Fiscalía-, o la intervención de las pirámides, son las primeras movidas en este sentido y que tienen como objetivo sensibilizar las condiciones para una reapertura de la agenda internacional que facilite el tramite de acuerdos económicos, y disipe la acción del TPI.
Es una sumatoria de iniciativas en la campaña del Uribismo de cara a las presidenciales de 2010, a la que se integra el formato de venderse como el timón fuerte en medio del temporal económico internacional, del que ya se contagia la economía nacional, el garantizar las ventajas a las inversiones tal como hasta ahora se ha hecho, así como el actor que puede mediar de nuevo con los grupos paramilitares en armas.