Debo comenzar por reconocer que el titular no es propiamente de mi cosecha. Fue la pregunta incitadora de una serie de conversatorios motivados por algunos amigos.Lo considero un interrogante apenas pertinente en medio de la modificación de la tendencia descendente que mostraban indicadores como los homicidios, y el desplazamiento - el primero desde comienzos de los años noventas, y el segundo desde 2005-, ambos factores fundamentales en el monitoreo de la Seguridad Democrática, y a los que se les debe sumar el indicador sobre narcotráfico.
Al respecto, las viejas disputas que sobrevenían a las cifras encontradas sobre cultivos de coca en Colombia entre Naciones Unidas y el Departamento de Estado de EEUU ha terminado por saldarse con la evaluación cualitativa que infiere una tendencia al crecimiento de los cultivos ilícitos en los últimos años.
De otra parte la reingeniería de las estructuras paramilitares en el país, y las nuevas disputas por el control de zonas geográficas y económicas, posterior a la extradición a los EEUU de los 15 jefes paramilitares que se acogieron a la ley de justicia y paz, por los nuevos jefes como Don Mario, Cuchillo, el Loco Barrera, y las viejas estructuras a fines a jefes como Don Berna, Cuco Vanoy y Mancuso, perfilan un escenario que coquetea con la reedición del periodo de violencia en Colombia que inicia con la muerte del capo de las drogas Pablo Escobar en 1993, y que tiene en la realización del paro de las Autodefensas Gaitanistas el pasado 15 de octubre en la zona estratégica de Urabá, una suerte de preámbulo.
En este contexto el Ejecutivo colombiano se encuentra ante un doble reto, el evitar que se reedite este ciclo, lo que puede leerse a la sazón del retiro de 27 militares, y la aceptación de la dimisión del comandante de las fuerzas militares colombianas Mario Montoya, como de evitar una pérdida de gobernabilidad facilitando el avance de las investigaciones sobre parapolítica en la que se involucran más de 60 Congresistas a fines al gobierno.
Son retos, porque la probabilidad de contener acciones ilegales de las fuerzas militares a través de los retiros pueden fracturar las actuales relaciones cordiales entre el Ejecutivo y las fuerzas militares, con el agravante de que el presidente Uribe se ha convertido en la amalgama del poder militar en Colombia más allá de la existencia de las instituciones como tales.
Ahora bien, sin un mensaje claro a las fuerzas militares en estos temas, y si no existen otras formas eficaces de hacerlo, la compuerta que se abre es hacia un escenario aún inestimable, en medio de un contexto con actores de gran poder económico y político de carácter ilegal, a más de la existencia de las guerrillas.
