la quimera de la escena de paz colombiana

La turbulencia de procesos en marcha en el país, evidencian lo imprevisible de las expectativas económicas, la marcha de las relaciones internacionales, y el curso que toma el comportamiento de los grupos paramilitares en el país. Es un momento sui géneris para la clase dirigente colombiana tradicionalmente aliada y protegida por los gobiernos estadounidenses. La última media centuria esta exenta del riesgo que actualmente se enfrenta, aún considerando el periodo de tensiones del gobierno Samper, marcado por la desazón del Tío Sam con el ejecutivo, la descer-tificación en materia de narcotráfico, la cancelación de la visa al presidente, pero manteniéndose inalterado el apoyo irrestricto a los gremios económicos, y la iglesia, lo que conjuro efectos en el orden de las relaciones económicas bilaterales, mientras a cambio estos sectores cooperaban con la estrategia aislacionista al presidente originada como castigo a la incipiente independencia que este tomaba del gobierno estadounidense, que apostaba por una alternancia de su influencia con la Unión Europea.

En el gobierno Pastrana, las negociaciones de paz con la guerrilla de las FARC concentro toda la atención, mientras el juego decisivo de efectuar una reingeniería a las fuerzas militares se llevaba a cabo con el fin de contener la evolucionada estructura irregular ya en el nivel de la guerra de movimientos, en auge tras el financiamiento mixto, pero en ascenso del narcotráfico. En este sentido la convergencia en objetivos de EEUU y el gobierno colombiano era uno a uno, complementado con el trabajo persuasivo de la inversión social desarrollado por la Unión Europea.

La escena Uribe I, representa desde un comienzo intereses opuestos de Estados Unidos y los grupos paramilitares. Los efectos de la puesta en marcha del Plan Birmania, una alianza financiada por el narcotráfico entre políticos y grupos armados ilegales tendiente a “refundar” la patria, condujo a su vez la exclusión de sectores políticos no afines con el proyecto, consumando el fin de el Frente Nacional, es decir la cohabitación tacita pero pacífica entre los partidos liberal y conservador, que cifraba unos 35 años de paz específicamente entre estos grupos de interés que rivalizaran de manera violenta en los años cincuentas, y fines del siglo XIX. Diferente a la tradición de financiamiento de las campañas políticas por medio de la canalización ilegal de recursos públicos, la nueva escena superpone la determinante influencia del narcotráfico, cimentando un fenómeno económico, social y cultural propio evidenciando la dificultad de materializar compromisos en la erradicación o reducción de cultivos ilícitos, y comercialización de la cocaína, llevando a la inviabilidad los acuerdos que en este sentido se tienen con EEUU. Es así, que mientras EEUU estaba a la espera de la integralidad del desmonte de las estructuras paramilitares en el gobierno Uribe I, a través de lo cual se estimaba el encauzamiento de los roles pasados de los partidos políticos, los paramilitares, a su vez lo consideraban una fase de consolidación “pacífica” de su proyecto.

En este sentido, el gobierno Uribe II, representa la evidencia de la colisión de intereses, entre EEUU y el emergente proyecto que se impone en Colombia. Sin duda, el marco político que estimaba la integralidad en el desmonte de los grupos paramilitares contenido en la ley de justicia y paz, apoyado por EEUU, y que buscaba notificar a los narcotraficantes “puros” la continuación de la guerra, fue burlada lanzando por la borda los efectos subsecuentes como la reducción del narcotráfico, y el poder de influencia del complejo político constituido por los firmantes del Plan Birmania. En este sentido el congelamiento de las extradiciones de los líderes paramilitares acordado como compás de espera a las nego-ciaciones traduce a su vez, un nuevo fraude a los acuerdos, sin embargo, la puesta en marcha del escenario reactivo por parte del gobierno colombiano a esta situación evidencia para los EEUU, una inflexión histórica contrastante con lo sucedido a fines de los años ochentas cuando una situación semejante protagonizada por el Cartel de Medellín, con apéndice en la intervención a Panamá, y que cimentó la alianza partidos políticos, gremios económicos, y EEUU contra la mafia, haciendo consciente a los EEUU de la pérdida del control y la modificación de las relaciones bilaterales del pasado.

La incomodidad que inscribe cambiar bienes y servicios lícitos estadounidenses por productos ilícitos con impactos negativos para las juventudes norteamericanas, la seguridad nacional y para su economía como tal, pese a las cuantiosas inversiones en la guerra contra las drogas en Colombia, de seguro continuará en el futuro, mientras el efecto de la dimensión de las redes internacionales de narcotráfico conectan la problemática colombiana en un asunto de carácter continental conforme impacta países y zonas, como México(Carteles de Tijuana y Guerrero), Centro América(las Maras), la región Andina y el Centro(Brasil; Comando Vermelho y Capital) y Sur de Sudamérica.

Al parecer, el doblegar la cerviz en las recientes nego-ciaciones del Tratado bilateral con por parte del gobierno Uribe, no obtuvo los resultados esperados en la “comprensión” y condescendencia con el fenómeno paramilitar en el país del norte y al contrario a sugerencia de las reacciones de demócratas y republicanos que han visitado la nación andina, y por la disposición de la utilería mediática en contra del gobierno colombiano, hay planes en marcha paulatinamente evidenciados. Contrario a lo sucedido décadas atrás, cuando los estadounidenses, conocido por los documentos recientemente desclasificados, eran permisivos, y según otras fuentes impulsores del accionar de los grupos paramilitares, tal postura se modifica tempranamente en 2001 cuando los paramilitares son incluidos en el listado de grupos terroristas del departamento de Estado, asunto no terminado de comprender por el gobierno colombiano.

El aislamiento internacional que padece el país a escala regional, haría pensar que la incidencia del más prominente de los aliados fuera incuestionable, sin embargo a esta altura, las potencialidades del fracaso en la aprobación del trata-do de libre comercio con EEUU, ya mezclado con el escándalo de la infiltración paramilitar, que a su vez contagia la agenda de las negociaciones con la Unión Europea, por lo pronto, no parece modificar la decisión de los gremios colombianos de apoyar el actual gobierno, considerando posiblemente la remota expectativa de una flexibilidad de ultimo momento, o por otro lado, la perspectiva de tomar distancia de la comunidad internacional, y del mismo EEUU con los costos que ello pudiese acarrear.

Por lo pronto la llamada de atención en clave de las sindicaciones publicas usando medios de comunicación como filtraciones “no deliberadas” de la CIA y documentos desclasificados por “presión” de la Universidad George Washington acompañadas de la reconvención publica del apoyo al gobierno Uribe por parte del Subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Thomas Shanon, no han hecho sino fortalecer el núcleo gobierno colombiano - gremios económicos, en reacción a las sutiles demandas del país del norte.

Pero es probable que la insistencia continúe y se haga mas fuerte, como lo recientemente sucedido, en el mensaje que envía el departamento de Estado cifrado en el retiro de actividades publicas del exvicepresidente estadounidense Al Gore con la primera au-toridad colombiana, en el contexto de la reunión sobre el cambio climático realizada en Miami, la cancelación de la visa al exdirector del DAS Jorge Noguera, o respecto a las declaraciones del jefe del Pentágono para el Hemisferio, Stephen Johnson quien afirmara que EEUU iniciará un repliegue de parte del apoyo a Colombia, insistiendo en un cambio de las características de la ayuda prestada en el pasado.1

Es presumible que EEUU evite lanzar a una caída en libre al mandatario colombiano, con una declaración oficial de distanciamiento, con efectos en el congelamiento de las relaciones económicas, potenciales embargos, y la inflexión de las relaciones diplomáticas no sólo con EEUU sino con el mundo, puesto que seguramente esto afianzaría la línea dura que conduce al país por la senda del aislamiento internacional incluyendo a EEUU, sacando de toda posibilidad cartas presumiblemente aceptables en la administración del gobierno colombiano como el Partido Liberal[asunto comprendido por Cesar Gaviria], o tal vez el mismo Polo Democrático.

En este contexto las apuestas de los jefes y grupos paramilitares, se inscribe en la parcialidad del cumplimiento de los compromisos de la ley de justicia y paz en la entrega de bienes, fosas comunes, tierras, y las evidentes omisiones en la comparecencia ante los jueces de justicia y paz fracturando el principio básico para acreditarse como beneficiarios del mismo, cual es el reconocimiento de la verdad, mostrando que la continuidad de la escena actual se explica por la garantía de protección que los lugartenientes observan por parte del Estado, que incluye ineludiblemente el veto a la extradición, las perspectivas de bajas penas de prisión, y la futura participación política a cambio de una relativa lapidación publica. Más aún, es evidente según fuentes como la defensoría, la Organización de Estados Americanos(OEA) e incluso la fundación Seguridad y Democracia que los grupos paramilitares continúan distribuidos en buena parte del país, en categorías que van de los que nunca se desmovilizaron, hasta las estructuras emergentes.2 En síntesis, la doble estrategia, algunos miembros se encargan de mantener una “estética” de la desmovilización mientras otros continúan las actividades delictivas tradicionales, destinadas a mantener la fase de consolidación del proyecto macro paramilitar.

Otros indicadores presentados como sustentadores del proceso de negociación como la caída en las tasas de homicidio nacionales a su vez parecen invertirse, rompiendo una línea descendente venida con proximidad al año 1993, con la muerte de Pablo Escobar. Entre el primero de enero del 2007 y el pasado 24 de marzo se registraron en el país 3972 homicidios “comunes”, 97 más que en el mismo periodo del 2006, afirma un informe de la Policía, resaltando a su vez que la inflexión a la tendencia se acompaña del masivo asesinato de desmovilizados que ascienden a esta altura del año a 420, 24% más que en la vigencia anterior.3

La situación hace insostenible los argumentos que esgrime Uribe tanto en el país, como a nivel internacional, justificando la disciplina en la aplicación de la ley de justicia y paz, y el hecho de que los jefes permanecen en la cárcel, mientras se omite, por obvias razones, la evolución de la producción de cocaína, y las sindicaciones de que los jefes paras continúan al frente de grupos y acciones criminales. A su vez, se enfocan logros como la incautación de estupefacientes, síntoma de una desaforada producción; la extradición de centenares de personas, a excepción de los jefes paras; y la disminución de las tasas de homicidios, ya ralentizadas en su tendencia.

La sordidez del panorama para el gobierno se acentúa con el distanciamiento del único diario de tirada nacional, y hasta ahora fiel aliado del mismo, consecuencia de los reiterados adjetivos lanzados contra su dirección. Recientemente, y a propósito del debate sobre la parapolítica en Antioquia, el Tiempo titulaba, en el sentido de que el debate toco las fibras de la familia Uribe Vélez, presentación catalogada por el asesor presidencial Obdulio Gaviria, como infame, y petrista, refiriéndose a que el enfoque del periódico se orienta al beneficio del Senador en la oposición G. Petro, en una paradoja que hace evidente los grados de esquizofrenia que asiste al propio gobierno, en tanto las afirmaciones efectuadas en cualquier caso no fueron descontadas, y finalmente quedaron en firme. A la postre el allanamiento a la oficina del Senador Petro, como contrapartida al debate, realizada con el concurso de la Fiscalía, en una faena jurídica inédita, e improcedente, así catalogada por el Fiscal general de la nación, deja entrever las características de la nueva escena a la que se enfrentan los opositores al gobierno.

1 “E.U iniciará repliegue de parte del apoyo a Colombia: Pentágono. El Tiempo, Bogotá, 10 de marzo de 2007, Nación, pag, 1-3.
2 Fuentes: OEA da campanazo por rearme, el Colombiano, Medellín, 23-02-2007, Secc Paz y DDHH, pág. 8ª.
3 Breves. El Tiempo, Bogota, 1 de marzo de 2007, Nación, pag. 1-7.