Las inmediaciones temporales del año 1990 como del 2009 tienen para la historia colombiana una singular relación con los contextos internacionales. El primer lustro de los años noventas alarga en el tiempo el contexto de fines de los años ochentas donde la aplicación de la extradición de nacionales a Estados Unidos define los rasgos de un periodo convulso y violento, donde las tasas de homicidios del país fueron las mayores del mundo, y donde fueron muertos por sicarios altos dignatarios como los Ministros de justicia, Enrique Low Murtra y Rodrigo Lara Bonilla, el Procurador Carlos Mauro Hoyos, al igual que jueces, fiscales, policías, y candidatos presidenciales como Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo Osa, y Carlos Pizarro, en un periodo que se cierra parcialmente con la muerte, en medio de un operativo policial, de Pablo Escobar en 1993.
Los hechos relatados en este periodo, conectan con los sucesos de 1989 con la invasión a Panamá, y la captura del General Noriega. Curiosamente Escobar como Noriega, en algún momento sirvieron directa e indirectamente a actividades de interés de Estados Unidos en la región, por lo evidenciado en el caso Oliver North, militar estadounidense involucrado en el canje de drogas proveniente del Cartel de Medellín, por armas y pertrechos destinados a la contra nicaragüense, y por las revelaciones que implican al General Noriega con actividades de la CIA.
La persecución de Escobar en Colombia, quien permeaba considerablemente los aparatos de seguridad del estado, requirió de la fundación de una justicia paralela, especializada, conocida como la justicia sin rostro, y de un grupo elite con atribuciones excepcionales denominado Bloque de Búsqueda. La cooptación de los miembros del cartel, igualmente hizo parte de la estrategia. Los pepes, Perseguidos por Pablo Escobar, sumaron al acorralamiento y caída del capo, y representan, a su vez, la génesis del problema futuro del país, el paramilitarismo, momento posible de ser visualizado por medio del seguimiento al comportamiento de indicadores de proceso como el desplazamiento forzado y las masacres, en el contexto de las zonas rurales, con tendencia al incremento desde la muerte de Escobar, y que se estabilizan, en inmediaciones al periodo de Guerra Urbana en Medellín y contiguo a la escena de la ley de justicia y paz.
2009 infiere a su vez tensiones semejantes al proceso vivido en los noventas. Si la burla que Escobar facturó a los estadounidenses y colombianos con compromiso del abandono de la actividad ilícita de las drogas, y la reclusión en la Catedral, explica la reacción posterior de Estados Unidos, hoy esto esta representado por los compromisos incumplidos que se derivan de la ley de justicia y paz.
Aunque la extradición ya no es tan temida como en el pasado, en tanto simplifica los costos judiciales consecuencia de la realización de crímenes de lesa humanidad en suelo colombiano, centralidad actual del problema, el Tribunal Penal Internacional, ciertamente si lo hace, y representa hoy por hoy su mayor temor.
2009 es el fin de la moratoria a la aplicación del tratado de Roma en Colombia, y el reloj corre raudo ya a unos meses de este acontecimiento, lo que determina el horizonte del actuar del gobierno y por que no, de gremios económicos, y altos miembros de las fuerzas armadas colombianas. En este sentido, la recuperación de la actividad judicial de la Altas Cortes aunque puede ser interpretada tanto como favorable a la inviabilidad de la acción del TPI, a su vez puede verse como quien factura mayores compromisos a los involucrados, además de que, sobre todo el abandono de muchas de estas prácticas están lejos de ser abandonadas.
Por su parte, Estados Unidos ha dejado su actitud pasiva frente al contexto específico del paramilitarismo. La modificación de la perspectiva del Plan Colombia, como el aplazamiento continuado del tratado de libre comercio con el país andino, es un indicador de proceso que evidencia la mayor o menor tensión y la actitud que Estados Unidos asume con la situación colombiana.
