Importartes las reflexiones que el Secretario de Gobierno de Antioquia, Jorge Mejía Martínez hace del texto publicado en mi sitio personal con titulo el derecho a la energia, a proposito de los intercambios que con frecuencia ejercitamos, y reproducido a su vez en su columna semanal del periodico regional el Mundo de Medellìn. A continuación el texto en referencia. La versión digital del periodico en el link: http://www.elmundo.com/sitioweb/noticia_detalle.php?idcuerpo=1&dscuerpo=Sección%20A&idseccion=3&dsseccion=Opinión&idnoticia=51340&dsnoticia=Derecho%20a%20la%20energía%20y%20al%20agua&imagen=051021111025jorgemejia.jpg&vl=1&r=opinion.php
Los que escribimos en estas páginas de opinión pretendemos una reacción del lector, en cualquier sentido, pero que reaccione. Y con la buena costumbre de El Mundo de acompañar el escrito con el correo electrónico del autor, se propicia la retroalimentación. Hay aportes de los lectores que no podemos soslayar; lo mínimo que podemos hacer, es compartirlos con los otros lectores.
Osvaldo de los Ríos C. sugiere un tema interesante: ¿Existe un derecho a la igualdad en el acceso a la energía? Tema poco analizado en las aulas de la academia y muy ausente de las reivindicaciones de los movimientos sociales. Dice Osvaldo que en todo proceso de producción los balances están supeditados por los costos asociados a consumos específicos de energía, en componentes como fuerza de trabajo, consumo de energéticos como combustibles, energía eléctrica, y la renta Ricardiana, o los impuestos por la explotación de materias primas, tanto para la generación de bienes como de servicios. La analogía entre Producto Interno Bruto (PIB), y energía para Colombia se aprecia así: del 100% de la energía producida y consumida por las generaciones en aproximadamente 200 años, el 61% se concentra en los hogares y el 18% pertenece al Estado. El 24% equivale a las inversiones de los dos componentes anteriores; 21% son exportaciones a lo que le restamos las importaciones equivalentes al 25%. La comparación permite visualizar el peso que tienen las familias en el desarrollo de la sociedad, y del Estado como tal. La inequidad en los retornos de energía que el sistema (Estado) hace a las personas, es posible de observar a través de un comparativo con la concentración de la riqueza. Es así como, pese a que en Colombia los esfuerzos son generales en la producción de energía, del 100% de dicha generación, el 50% es concentrado por un 5% de la población, mientras el restante 50% se distribuye entre el 95% de los habitantes del país. Los indicadores asociados al tema de movilidad, evidencian otro tanto. En Medellín, los estudios sobre el uso de las diferentes modalidades de transporte a que tienen acceso las personas, evidencian que cerca de un 50% de la población de la ciudad se moviliza a sus lugares cotidianos a píe, mientras el 50% restante lo hace a través de los demás medios mecanizados que van del automóvil, metro, o vehículos públicos; este guarismo determina los consumos de energéticos respectivos, como gasolina o energía eléctrica y reabre el debate sobre el derecho a la libertad de movilidad, o locomoción de las personas. Igualmente, asevera Osvaldo, si colocamos la lente en la población pobre colombiana, en cifras oficiales (Informe Banco mundial 2007), alrededor de un 50% de la población es responsable del pago del 35% de los gastos totales nacionales, unos 6512 millones de dólares, por el consumo de energía eléctrica; lo que hace de este rubro el más aportado por los estratos bajos del país, por encima del pago por el consumo de alimentos, vivienda, agua, salud o transporte. Así mismo, es posible establecer los consumos medios de energía eléctrica, o los bienes y servicios de una familia, o de cada una de sus personas, en función a los Derechos Sociales, Económicos y culturales, lo que da nacimiento a una de las más avanzadas propuestas modernas de carácter social: la “Renta Básica”, consistente en los ingresos mínimos que el Estado debe garantizar a toda persona, sin ningún tipo de discriminación, como mecanismo de realización de los derechos elementales. El derecho al consumo del agua es otro asunto de gran impacto social, económico y filosófico, a la luz de la Declaración universal de los Derechos del Hombre y de una Constitución nacional pródiga en garantías como la del 91. ¿Cuando una Empresa oficial que monopoliza la prestación del servicio público del agua, le suspende de manera temporal o definitiva el suministro del líquido vital a una familia, por incapacidad de pago o por carencia de recursos, condenándola a morir de sed, delante de toda la sociedad que permanece impávida, estará actuando correctamente? La duda es toda; a la luz de un centímetro de humanidad, parece inadmisible. Interesante discusión la que nos permitió el amigo Osvaldo De los Ríos.
Osvaldo de los Ríos C. sugiere un tema interesante: ¿Existe un derecho a la igualdad en el acceso a la energía? Tema poco analizado en las aulas de la academia y muy ausente de las reivindicaciones de los movimientos sociales. Dice Osvaldo que en todo proceso de producción los balances están supeditados por los costos asociados a consumos específicos de energía, en componentes como fuerza de trabajo, consumo de energéticos como combustibles, energía eléctrica, y la renta Ricardiana, o los impuestos por la explotación de materias primas, tanto para la generación de bienes como de servicios. La analogía entre Producto Interno Bruto (PIB), y energía para Colombia se aprecia así: del 100% de la energía producida y consumida por las generaciones en aproximadamente 200 años, el 61% se concentra en los hogares y el 18% pertenece al Estado. El 24% equivale a las inversiones de los dos componentes anteriores; 21% son exportaciones a lo que le restamos las importaciones equivalentes al 25%. La comparación permite visualizar el peso que tienen las familias en el desarrollo de la sociedad, y del Estado como tal. La inequidad en los retornos de energía que el sistema (Estado) hace a las personas, es posible de observar a través de un comparativo con la concentración de la riqueza. Es así como, pese a que en Colombia los esfuerzos son generales en la producción de energía, del 100% de dicha generación, el 50% es concentrado por un 5% de la población, mientras el restante 50% se distribuye entre el 95% de los habitantes del país. Los indicadores asociados al tema de movilidad, evidencian otro tanto. En Medellín, los estudios sobre el uso de las diferentes modalidades de transporte a que tienen acceso las personas, evidencian que cerca de un 50% de la población de la ciudad se moviliza a sus lugares cotidianos a píe, mientras el 50% restante lo hace a través de los demás medios mecanizados que van del automóvil, metro, o vehículos públicos; este guarismo determina los consumos de energéticos respectivos, como gasolina o energía eléctrica y reabre el debate sobre el derecho a la libertad de movilidad, o locomoción de las personas. Igualmente, asevera Osvaldo, si colocamos la lente en la población pobre colombiana, en cifras oficiales (Informe Banco mundial 2007), alrededor de un 50% de la población es responsable del pago del 35% de los gastos totales nacionales, unos 6512 millones de dólares, por el consumo de energía eléctrica; lo que hace de este rubro el más aportado por los estratos bajos del país, por encima del pago por el consumo de alimentos, vivienda, agua, salud o transporte. Así mismo, es posible establecer los consumos medios de energía eléctrica, o los bienes y servicios de una familia, o de cada una de sus personas, en función a los Derechos Sociales, Económicos y culturales, lo que da nacimiento a una de las más avanzadas propuestas modernas de carácter social: la “Renta Básica”, consistente en los ingresos mínimos que el Estado debe garantizar a toda persona, sin ningún tipo de discriminación, como mecanismo de realización de los derechos elementales. El derecho al consumo del agua es otro asunto de gran impacto social, económico y filosófico, a la luz de la Declaración universal de los Derechos del Hombre y de una Constitución nacional pródiga en garantías como la del 91. ¿Cuando una Empresa oficial que monopoliza la prestación del servicio público del agua, le suspende de manera temporal o definitiva el suministro del líquido vital a una familia, por incapacidad de pago o por carencia de recursos, condenándola a morir de sed, delante de toda la sociedad que permanece impávida, estará actuando correctamente? La duda es toda; a la luz de un centímetro de humanidad, parece inadmisible. Interesante discusión la que nos permitió el amigo Osvaldo De los Ríos.
