Segunda semana
Marzo de 2007
Mucho se ha discutido en Colombia si estamos en la escena o no del post-conflicto, y no es para menos, porque tal concepto tiene por su contexto varios significados; así, es presumible que existan conflictos que por su esquema de negociación sean mas o menos sostenibles, en términos de la paz que otros, lo que conduce a pensar que el post-conflicto puede significar la reducción paulatina de la violencia evidente por la recuperación del Estado de Derecho, o a su vez, por el contrario, el reciclaje de un nuevo conflicto, que por los modelos conocidos para el caso de conflagraciones que se prolongan en el tiempo, paulatinamente abren paso a escenarios cada vez mas distantes del derecho de guerra(Derecho Internacional Humanitario), y la perdida del sentido político de las acciones, al efecto de convertirse en expresiones de poder vinculados a intereses económicos y políticos de jefes, carteles o agrupamientos específicos.
En este sentido, mientras menos legitimidad posean los actores de un conflicto, incluyéndose allí el Estado, mas factible la actualización de la violencia. Es de reconocer que el limite de la representación política de una organización Legal/ilegal, institución o Estado, llega a su lugar mínimo, cuando este termina por representar intereses de si mismos, para el caso de organizaciones, y la representación de grupos de poder, para el caso de los Estados, momento en el cual la resonancia política de una organización o Estado comienza a comprimirse al punto de acercar las fronteras de su influencia sólo a los integrantes de la misma, o a una parte minúscula de lo que corresponde al Estado, lo que los convierte ineludiblemente y esto para ambos casos en un cartel, llevando efectos en la mayor o menor legitimidad de los actos que se realicen por estos, lo que los obliga en aras de su supervivencia a poseer como herramienta suprema para su existencia la violencia, y el amedrantamiento.
Es así, como el signo respecto a la percepción de una sociedad, de una acción, o la puesta en marcha de una política, también depende, aunque no exclusivamente, del momento o contexto en el que esta se produzca, es decir no posee un valor absoluto en el tiempo, dado que los actos de guerra siempre son repudiables y sólo justificables a través de la legitimidad de la organización o Estado que los realiza y por los fines, siempre loables, que dice sustentarlos, es decir, guerrilla, paramilitares o la actividad de las fuerzas militares en cualquier caso, sostienen su actividad violenta justificando o que su organización de resultar victoriosa efectuaría una mejor administración de recursos nacionales, o que por causa de la actividad de las organizaciones adversantes se presentan las debilidades administrativas existentes.
La escena de la paridad negativa entre actores, respecto a la sociedad, induce a esta al papel de proveedor pasivo de insumos para los actores del conflicto, mientras, y esto es una suerte de esquizofrenia colectiva, la sociedad disocia de su actividad cotidiana los efectos que el conflicto induce. Así mismo, se presenta una tendencia a una potencial reconfiguración de los actores prevista de facto por el distanciamiento del rol político, y la preeminencia de los intereses particulares en su supervivencia, a esta altura no muy diferentes entre actores antes adversarios, resultando más viable una repartición de regiones, o fuentes económicas, proceso en el cual no obsta como parte de esta escena los choques violentos.
Del caso es expresar a manera de hipótesis, que lo descrito anteriormente, induce los modelos de guerra africana, posibles a presentarse en el conflicto colombiano, y que dependen del tramite de los siguientes escenarios:
En primer lugar, el revés en las expectativas iniciales de la ley de justicia y paz, posterior a las reformas incluidas a dicha ley por la Corte Constitucional, sumado a las presiones de EEUU por la extradición de lideres paramilitares convergen en la dirección de disuadir a estos de la participación en el proceso de paz, con efectos en lo sutilmente expresado en comunicado público por los miembros del Estado Mayor Paramilitar, hoy detenidos en la cárcel de Itaguí, de que ya existen alrededor de unos 6.000 efectivos armados, y unos 500 mandos medios de los cuales no se sabe su paradero. En palabras de Ramiro Bejarano un ultimátum al gobierno, a lo que agregaría, más bien al Estado.
Como segundo elemento, los procesos abiertos contra militares, de alto rango, Coroneles, Capitanes, Generales, unidades militares enteras, caso de la vinculación de más de 60 efectivos de una misma brigada vinculados en investigaciones por la masacre de San José de Apartadó, resulta un hecho histórico para las fuerzas armadas, involucradas en sucesivos periodos de violencia, y de los que no existen antecedentes respecto a procesos judiciales como a los que actualmente se encuentran enfrentados. Excepcional es también que estos procesos los este llevando a cabo la justicia ordinaria, y no la penal militar. Esta situación hace pensar, que exista el riesgo de que también miembros de la fuerza publica desistan de participar en el desarrollo del actual proceso. No más, observar la reacción de los altos mandos militares en retiro a la idea presentada por el presidente Uribe en reciente visita a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica en el sentido de reformar la justicia penal militar.
El tercer aspecto, tiene que ver con los políticos involucrados en el paramilitarismo. Las lapidaciones publicas y los procesos que se adelantan conducen a la tentación de eludirlos, aunque por lo pronto elijan la vía de la elusión de la actividad judicial conducida por la Corte Suprema, a través de la renuncia del fuero al que como congresistas tienen derecho, con el objeto de enfrentar juicios en estrados menos exigentes, o donde alberguen un mayor poder de influencia.
Este contexto, la tentación de renunciar al actual proceso, sumado a la fragilidad institucional, la debilidad del Estado, y la ambigüedad que presenta el gobierno respecto al tema paramilitar, complica las expectativas originadas por las actuaciones de la Corte Suprema de Justicia en cuanto a la persecución del Crimen Organizado en Colombia, y la recuperación del Estado de derecho, que como se conoce por sus investigaciones avanza a pasos agigantados en la consolidación de un Estado gestionado por el complejo sistema de alianzas entre políticos, Congresistas, gobernadores, alcaldes, concejales, funcionarios públicos, integrantes de la fuerza pública, dependencias del Estado(caso de la in-filtración del DAS, y la Fiscalía), empresarios del sector privado nacional e internacional, y un verdadero ejercito constituido por los grupos paramilitares, desplegados a lo largo y ancho del país.
A su vez, el florecimiento de los grupos paramilitares facilitado por los gobiernos, como lo afirmara el senador demócrata estadounidense Patrick Leahy en reciente visita en nuestro país, envió como mensaje a la sociedad el ser condescendientes con la actividad paramilitar, y la imposibilidad de reconocer estos actores como nocivos para el ya socavado Estado de Derecho, lo que explica en gran medida las imbricaciones sociales que estos grupos ostentan. Es así, como las ventajas en torno a la legitimación de las acciones que había logrado el narcotráfico de los años ochentas, consolida una nueva fase en la dirección de lograr el objetivo de modificar las estructuras sociales, culturales y políticas del Estado colombiano.
La frustración de la expectativa en la construcción de un Estado gestionado por Organizaciones Criminales, constituido a medio camino en el trasiego de una década, pero con la apuesta de una consolidación “pacífica” a través de la ley de justicia y paz, paulatinamente fortalece la tendencia destinada a lograr sus objetivos a través de medios violentos, lo que bien conduciría a los grupos paramilitares, y esto seria la novedad, a chocar con fuerzas leales al Estado. La singularidad, a su vez abre la oportunidad de la reconfiguración de los actores antes opuestos, guerrilla-paramilitares, prevista por la ecuación típica de la guerra irregular que reza que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, como por las imbricadas relaciones que sustenta una de las fuentes económicas en común, el narcotráfico. Y el asunto no termina allí, puesto que por la vía de los paramilitares es presumible que sobrevengan alianzas adicionales con grupos afines que desestiman paulatinamente las ventajas de la negociación por la vía de la Ley de Justicia y Paz, provenientes de las fuerzas militares, funcionarios públicos y políticos.
De mantenerse las líneas de continuidad de variables que sustentan la anterior hipótesis, presumiblemente se consolidará la opción política de estos actores en el sentido de distanciar el país de EEUU y de la Comunidad Internacional. El mensaje cifrado de localizar a Colombia en el índice de Estados Fracasados, es una alerta temprana de la gravedad de la situación. La reciente reunión de la Organización de Estados Americanos en Perú donde localizan como prioridades para la Seguridad Hemisférica, de mayor a menor, el narcotráfico, el crimen organizado, y el comercio de personas, posee muy a nuestro pesar nombre propio.
Marzo de 2007
Mucho se ha discutido en Colombia si estamos en la escena o no del post-conflicto, y no es para menos, porque tal concepto tiene por su contexto varios significados; así, es presumible que existan conflictos que por su esquema de negociación sean mas o menos sostenibles, en términos de la paz que otros, lo que conduce a pensar que el post-conflicto puede significar la reducción paulatina de la violencia evidente por la recuperación del Estado de Derecho, o a su vez, por el contrario, el reciclaje de un nuevo conflicto, que por los modelos conocidos para el caso de conflagraciones que se prolongan en el tiempo, paulatinamente abren paso a escenarios cada vez mas distantes del derecho de guerra(Derecho Internacional Humanitario), y la perdida del sentido político de las acciones, al efecto de convertirse en expresiones de poder vinculados a intereses económicos y políticos de jefes, carteles o agrupamientos específicos.
En este sentido, mientras menos legitimidad posean los actores de un conflicto, incluyéndose allí el Estado, mas factible la actualización de la violencia. Es de reconocer que el limite de la representación política de una organización Legal/ilegal, institución o Estado, llega a su lugar mínimo, cuando este termina por representar intereses de si mismos, para el caso de organizaciones, y la representación de grupos de poder, para el caso de los Estados, momento en el cual la resonancia política de una organización o Estado comienza a comprimirse al punto de acercar las fronteras de su influencia sólo a los integrantes de la misma, o a una parte minúscula de lo que corresponde al Estado, lo que los convierte ineludiblemente y esto para ambos casos en un cartel, llevando efectos en la mayor o menor legitimidad de los actos que se realicen por estos, lo que los obliga en aras de su supervivencia a poseer como herramienta suprema para su existencia la violencia, y el amedrantamiento.
Es así, como el signo respecto a la percepción de una sociedad, de una acción, o la puesta en marcha de una política, también depende, aunque no exclusivamente, del momento o contexto en el que esta se produzca, es decir no posee un valor absoluto en el tiempo, dado que los actos de guerra siempre son repudiables y sólo justificables a través de la legitimidad de la organización o Estado que los realiza y por los fines, siempre loables, que dice sustentarlos, es decir, guerrilla, paramilitares o la actividad de las fuerzas militares en cualquier caso, sostienen su actividad violenta justificando o que su organización de resultar victoriosa efectuaría una mejor administración de recursos nacionales, o que por causa de la actividad de las organizaciones adversantes se presentan las debilidades administrativas existentes.
La escena de la paridad negativa entre actores, respecto a la sociedad, induce a esta al papel de proveedor pasivo de insumos para los actores del conflicto, mientras, y esto es una suerte de esquizofrenia colectiva, la sociedad disocia de su actividad cotidiana los efectos que el conflicto induce. Así mismo, se presenta una tendencia a una potencial reconfiguración de los actores prevista de facto por el distanciamiento del rol político, y la preeminencia de los intereses particulares en su supervivencia, a esta altura no muy diferentes entre actores antes adversarios, resultando más viable una repartición de regiones, o fuentes económicas, proceso en el cual no obsta como parte de esta escena los choques violentos.
Del caso es expresar a manera de hipótesis, que lo descrito anteriormente, induce los modelos de guerra africana, posibles a presentarse en el conflicto colombiano, y que dependen del tramite de los siguientes escenarios:
En primer lugar, el revés en las expectativas iniciales de la ley de justicia y paz, posterior a las reformas incluidas a dicha ley por la Corte Constitucional, sumado a las presiones de EEUU por la extradición de lideres paramilitares convergen en la dirección de disuadir a estos de la participación en el proceso de paz, con efectos en lo sutilmente expresado en comunicado público por los miembros del Estado Mayor Paramilitar, hoy detenidos en la cárcel de Itaguí, de que ya existen alrededor de unos 6.000 efectivos armados, y unos 500 mandos medios de los cuales no se sabe su paradero. En palabras de Ramiro Bejarano un ultimátum al gobierno, a lo que agregaría, más bien al Estado.
Como segundo elemento, los procesos abiertos contra militares, de alto rango, Coroneles, Capitanes, Generales, unidades militares enteras, caso de la vinculación de más de 60 efectivos de una misma brigada vinculados en investigaciones por la masacre de San José de Apartadó, resulta un hecho histórico para las fuerzas armadas, involucradas en sucesivos periodos de violencia, y de los que no existen antecedentes respecto a procesos judiciales como a los que actualmente se encuentran enfrentados. Excepcional es también que estos procesos los este llevando a cabo la justicia ordinaria, y no la penal militar. Esta situación hace pensar, que exista el riesgo de que también miembros de la fuerza publica desistan de participar en el desarrollo del actual proceso. No más, observar la reacción de los altos mandos militares en retiro a la idea presentada por el presidente Uribe en reciente visita a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica en el sentido de reformar la justicia penal militar.
El tercer aspecto, tiene que ver con los políticos involucrados en el paramilitarismo. Las lapidaciones publicas y los procesos que se adelantan conducen a la tentación de eludirlos, aunque por lo pronto elijan la vía de la elusión de la actividad judicial conducida por la Corte Suprema, a través de la renuncia del fuero al que como congresistas tienen derecho, con el objeto de enfrentar juicios en estrados menos exigentes, o donde alberguen un mayor poder de influencia.
Este contexto, la tentación de renunciar al actual proceso, sumado a la fragilidad institucional, la debilidad del Estado, y la ambigüedad que presenta el gobierno respecto al tema paramilitar, complica las expectativas originadas por las actuaciones de la Corte Suprema de Justicia en cuanto a la persecución del Crimen Organizado en Colombia, y la recuperación del Estado de derecho, que como se conoce por sus investigaciones avanza a pasos agigantados en la consolidación de un Estado gestionado por el complejo sistema de alianzas entre políticos, Congresistas, gobernadores, alcaldes, concejales, funcionarios públicos, integrantes de la fuerza pública, dependencias del Estado(caso de la in-filtración del DAS, y la Fiscalía), empresarios del sector privado nacional e internacional, y un verdadero ejercito constituido por los grupos paramilitares, desplegados a lo largo y ancho del país.
A su vez, el florecimiento de los grupos paramilitares facilitado por los gobiernos, como lo afirmara el senador demócrata estadounidense Patrick Leahy en reciente visita en nuestro país, envió como mensaje a la sociedad el ser condescendientes con la actividad paramilitar, y la imposibilidad de reconocer estos actores como nocivos para el ya socavado Estado de Derecho, lo que explica en gran medida las imbricaciones sociales que estos grupos ostentan. Es así, como las ventajas en torno a la legitimación de las acciones que había logrado el narcotráfico de los años ochentas, consolida una nueva fase en la dirección de lograr el objetivo de modificar las estructuras sociales, culturales y políticas del Estado colombiano.
La frustración de la expectativa en la construcción de un Estado gestionado por Organizaciones Criminales, constituido a medio camino en el trasiego de una década, pero con la apuesta de una consolidación “pacífica” a través de la ley de justicia y paz, paulatinamente fortalece la tendencia destinada a lograr sus objetivos a través de medios violentos, lo que bien conduciría a los grupos paramilitares, y esto seria la novedad, a chocar con fuerzas leales al Estado. La singularidad, a su vez abre la oportunidad de la reconfiguración de los actores antes opuestos, guerrilla-paramilitares, prevista por la ecuación típica de la guerra irregular que reza que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, como por las imbricadas relaciones que sustenta una de las fuentes económicas en común, el narcotráfico. Y el asunto no termina allí, puesto que por la vía de los paramilitares es presumible que sobrevengan alianzas adicionales con grupos afines que desestiman paulatinamente las ventajas de la negociación por la vía de la Ley de Justicia y Paz, provenientes de las fuerzas militares, funcionarios públicos y políticos.
De mantenerse las líneas de continuidad de variables que sustentan la anterior hipótesis, presumiblemente se consolidará la opción política de estos actores en el sentido de distanciar el país de EEUU y de la Comunidad Internacional. El mensaje cifrado de localizar a Colombia en el índice de Estados Fracasados, es una alerta temprana de la gravedad de la situación. La reciente reunión de la Organización de Estados Americanos en Perú donde localizan como prioridades para la Seguridad Hemisférica, de mayor a menor, el narcotráfico, el crimen organizado, y el comercio de personas, posee muy a nuestro pesar nombre propio.
