Tres factores se superponen en contra del gobierno U-ribe apenas tres meses de iniciado su nuevo p
eriodo de 4 años, la situación del ejercito, el parlamento y la economía. Paradójicamente, el aprieto no se explica como efecto de la actividad de la oposición en manos de los partidos liberal y el polo democrático, o como consecuencia de la actitud de los movimientos sociales, sino como resultado de las políticas desarrolladas por el mismo gobierno en su doble agenda, en tanto mediaticamente sostiene postulados como la persecución de la corrupción mientras en la práctica es su herramienta base de comprensión y ejercicio de la política.
Si bien es cierto la corrupción hace parte de las entrañas del estado colombiano a lo largo de su historia, es evidente que el bipartidismo fungió como ordenador de la repartición burocrática como del débil compromiso de los partidos en las agendas legislativas. Sin embargo, la emergencia del escenario post-frente nacional evidencia la atomización de intereses como de grupos políticos haciendo más exigente para el gobierno saciar el voraz apetito de partidas presupuestales y cargos públicos de consuno con la materialización del control en las decisiones del Congreso, lo que en Colombia se denomina “gobernabilidad”, y que por lo pronto no satisface las demandas de los partidos de gobierno explicado por el estancamiento de los proyectos de ley que cursan en el parlamento, aún aquellos con mensaje de urgencia por parte del ejecutivo.
La gobernabilidad tal como se concibe en nuestro país se suma a no pocos conceptos que son divergentes de la interpretación que estos poseen en democracias desarrolladas. La administración del Congreso como apéndice del ejecutivo contraría la inspiración republicana del equilibrio y división de poderes modificando las funciones del parlamento en cuanto a lugar de libre debate, reconocimiento de la sociedad, de sus intereses, como de la construcción de acuerdos nacionales multipartidistas, destinados a desactivar los conflictos, y a profundizar la realización de una sociedad de derechos, en contraste al ejercicio del absolutismo monacal y a la precariedad de las relaciones sociales sustentadas con esencia en la represión.
En el caso del ejercito la situación es igualmente calamitosa en tanto el gobierno fortalece la tendencia destinada al logro de resultados en la actividad coercitiva motivada a través de compensaciones económicas o recompensas lo que de paso explica el escándalo de los falsos positivos y la infiltración del crimen organizado en los aparatos de seguridad favoreciendo la pérdida de credibilidad como la fractura de la cadena de mando del estamento militar. En palabras del periodista del Washington Post Robert Novak, cercano del Partido Republicano de los EEUU, los aparatos coercitivos del estado colombiano, están sumidos en una “hemorragia” de problemas que pueden conducirlo a su desmoronamiento. La afirmación aunque no es nueva en cuanto se refiere al estrecho vinculo entre organizaciones paramilitares y los aparatos de seguridad del estado, si representa una inflexión puesto que aún en los años cincuenta el control de las fuerzas armadas por parte del ejecutivo nunca fue perdido, así se hubiese convertido en una policía política, en contraste con el control de grupos criminales que hoy exhiben su determinante influencia tanto en unidades militares y de inteligencia como en el aparato de justicia caso de la fiscalía. Diferente es a su vez el periodo de choque entre los carteles de la droga de los años noventa y los gobiernos liberales de Barco, Gaviria y Samper, en tanto si bien es cierto lograron permear de manera considerable los aparatos coercitivos y judiciales, el típico comportamiento de estructura mafiosa, concentrada altamente en su dirección, permitió que la caída de los capos desactivara los nichos de control logrados al interior del estado, lo que en el nuevo escenario es en efecto inviable que se produzca, por la afluencia de grupos unos 400 carteles, lo que da significado a la capilaridad potencial de inscribir en las instituciones del estado sus intereses. A esta altura es del caso reconocer que las negociaciones de paz entre los grupos paramilitares descritos por algunos estudios como mas de un centenar y por otro lado el Estado, se agrupan provisionalmente en torno al fin de evitar la extradición de los capos, y la legalización de los botines de guerra, lo que incluye la exculpación judicial, hechos que manifiestan la refinación de sus lógicas en tanto los fines limitados al control de una modalidad específica de crimen previsible en el contexto de la ilegalidad son modificadas por objetivos como la legalización y legitimación que el estado pueda hacer del crimen como tal. En cualquier caso la violencia no es un fin en si mismo, si no un medio a través del cual se materializan objetivos en el ámbito del poder tanto económico como político.
Finalmente la arista económica. El crecimiento económico inusitado del 5.96% entre abril y junio tomo por sorpresa incluso al Banco de la República que estimaba 3.8% semanas atrás, y a Planeación Nacional que lo ubicaba en 4,2 evidenciando que el control de la economía también se va de las manos. Para Carlos Caballero Argaez, ex junta directiva del Banco de la República variables como el disparo en las importaciones, básicamente de bienes de consumo suntuarios, el galopante déficit fiscal del 5% del PIB, la cartera de los bancos aumentando al 28% anual, y la agudización del déficit de la balanza de pagos escenifican las características previas a la recesión de 1999. La inestabilidad también se observa en los bandazos de la tasa de cambio, y la fragilidad de una economía que al margen del sector financiero, luego de su hundimiento, mira condescendiente la caída del agro, y la ralentización de las exportaciones.
El economista Javier Fernández Riva converge en los temores de Argaez, y viene alertando desde el segundo semestre de 2005 del enfriamiento de sectores básicos de la economía y que ha tenido un respiro consecuencia de los abundantes recursos de gasto público efectuado en periodo electoral, lo que significa que el estancamiento económico solo se aplaza y a la postre continuará.
El freno a la recalentada economía ya esta en marcha, la Junta del Banco eleva paulatinamente la tasa de interés, intentando apagar el incendio instigado por el gobierno ahora con efectos en la totalidad de la economía, y en particular del empleo indicador que según el DANE hace observancia a la antesala del proceso actual; entre septiembre de 2005 y septiembre de 2006 se perdieron 750 mil empleos. La tendencia se confirma entre igual periodo pero entre los meses de octubre donde la suma de empleos perdidos asciende a 1 220 000. De recordar que de 20 millones de personas económicamente activas sólo 5 millones tienen contrato de trabajo formal y cotizan pensión, lo que permite observar la magnitud y efectos del giro en la tendencia en la reducción del desempleo.
Este conjunto de elementos unido a la ambigüedad con que el gobierno intenta relacionarse con los grupos armados, tanto con los paramilitares como con las FARC respecto al intercambio humanitario promueve el ya ambiente de nerviosismo e indefinición reinante, terreno movedizo para las características de Uribe. La agenda de Uribe I en su primer cuatrienio perfilada por la ley de Justicia y Paz esta en franco agotamiento tanto desde las expectativas nacionales como en el caso de los EEUU puesto que los dos indicadores de proceso, reducción de producción de coca, cocaína, y reducción de homicidios, en los dos primeros años mostrando algún avance, hoy ambos presentan un balance adverso.
La política que buscará salir al paso a estos dos factores determinará los trazos del nuevo panorama a todas luces complejo tras seguramente medidas de fuerza que muy probablemente se aplicaran con resultados todavía imprevisibles.
eriodo de 4 años, la situación del ejercito, el parlamento y la economía. Paradójicamente, el aprieto no se explica como efecto de la actividad de la oposición en manos de los partidos liberal y el polo democrático, o como consecuencia de la actitud de los movimientos sociales, sino como resultado de las políticas desarrolladas por el mismo gobierno en su doble agenda, en tanto mediaticamente sostiene postulados como la persecución de la corrupción mientras en la práctica es su herramienta base de comprensión y ejercicio de la política.Si bien es cierto la corrupción hace parte de las entrañas del estado colombiano a lo largo de su historia, es evidente que el bipartidismo fungió como ordenador de la repartición burocrática como del débil compromiso de los partidos en las agendas legislativas. Sin embargo, la emergencia del escenario post-frente nacional evidencia la atomización de intereses como de grupos políticos haciendo más exigente para el gobierno saciar el voraz apetito de partidas presupuestales y cargos públicos de consuno con la materialización del control en las decisiones del Congreso, lo que en Colombia se denomina “gobernabilidad”, y que por lo pronto no satisface las demandas de los partidos de gobierno explicado por el estancamiento de los proyectos de ley que cursan en el parlamento, aún aquellos con mensaje de urgencia por parte del ejecutivo.
La gobernabilidad tal como se concibe en nuestro país se suma a no pocos conceptos que son divergentes de la interpretación que estos poseen en democracias desarrolladas. La administración del Congreso como apéndice del ejecutivo contraría la inspiración republicana del equilibrio y división de poderes modificando las funciones del parlamento en cuanto a lugar de libre debate, reconocimiento de la sociedad, de sus intereses, como de la construcción de acuerdos nacionales multipartidistas, destinados a desactivar los conflictos, y a profundizar la realización de una sociedad de derechos, en contraste al ejercicio del absolutismo monacal y a la precariedad de las relaciones sociales sustentadas con esencia en la represión.
En el caso del ejercito la situación es igualmente calamitosa en tanto el gobierno fortalece la tendencia destinada al logro de resultados en la actividad coercitiva motivada a través de compensaciones económicas o recompensas lo que de paso explica el escándalo de los falsos positivos y la infiltración del crimen organizado en los aparatos de seguridad favoreciendo la pérdida de credibilidad como la fractura de la cadena de mando del estamento militar. En palabras del periodista del Washington Post Robert Novak, cercano del Partido Republicano de los EEUU, los aparatos coercitivos del estado colombiano, están sumidos en una “hemorragia” de problemas que pueden conducirlo a su desmoronamiento. La afirmación aunque no es nueva en cuanto se refiere al estrecho vinculo entre organizaciones paramilitares y los aparatos de seguridad del estado, si representa una inflexión puesto que aún en los años cincuenta el control de las fuerzas armadas por parte del ejecutivo nunca fue perdido, así se hubiese convertido en una policía política, en contraste con el control de grupos criminales que hoy exhiben su determinante influencia tanto en unidades militares y de inteligencia como en el aparato de justicia caso de la fiscalía. Diferente es a su vez el periodo de choque entre los carteles de la droga de los años noventa y los gobiernos liberales de Barco, Gaviria y Samper, en tanto si bien es cierto lograron permear de manera considerable los aparatos coercitivos y judiciales, el típico comportamiento de estructura mafiosa, concentrada altamente en su dirección, permitió que la caída de los capos desactivara los nichos de control logrados al interior del estado, lo que en el nuevo escenario es en efecto inviable que se produzca, por la afluencia de grupos unos 400 carteles, lo que da significado a la capilaridad potencial de inscribir en las instituciones del estado sus intereses. A esta altura es del caso reconocer que las negociaciones de paz entre los grupos paramilitares descritos por algunos estudios como mas de un centenar y por otro lado el Estado, se agrupan provisionalmente en torno al fin de evitar la extradición de los capos, y la legalización de los botines de guerra, lo que incluye la exculpación judicial, hechos que manifiestan la refinación de sus lógicas en tanto los fines limitados al control de una modalidad específica de crimen previsible en el contexto de la ilegalidad son modificadas por objetivos como la legalización y legitimación que el estado pueda hacer del crimen como tal. En cualquier caso la violencia no es un fin en si mismo, si no un medio a través del cual se materializan objetivos en el ámbito del poder tanto económico como político.
Finalmente la arista económica. El crecimiento económico inusitado del 5.96% entre abril y junio tomo por sorpresa incluso al Banco de la República que estimaba 3.8% semanas atrás, y a Planeación Nacional que lo ubicaba en 4,2 evidenciando que el control de la economía también se va de las manos. Para Carlos Caballero Argaez, ex junta directiva del Banco de la República variables como el disparo en las importaciones, básicamente de bienes de consumo suntuarios, el galopante déficit fiscal del 5% del PIB, la cartera de los bancos aumentando al 28% anual, y la agudización del déficit de la balanza de pagos escenifican las características previas a la recesión de 1999. La inestabilidad también se observa en los bandazos de la tasa de cambio, y la fragilidad de una economía que al margen del sector financiero, luego de su hundimiento, mira condescendiente la caída del agro, y la ralentización de las exportaciones.
El economista Javier Fernández Riva converge en los temores de Argaez, y viene alertando desde el segundo semestre de 2005 del enfriamiento de sectores básicos de la economía y que ha tenido un respiro consecuencia de los abundantes recursos de gasto público efectuado en periodo electoral, lo que significa que el estancamiento económico solo se aplaza y a la postre continuará.
El freno a la recalentada economía ya esta en marcha, la Junta del Banco eleva paulatinamente la tasa de interés, intentando apagar el incendio instigado por el gobierno ahora con efectos en la totalidad de la economía, y en particular del empleo indicador que según el DANE hace observancia a la antesala del proceso actual; entre septiembre de 2005 y septiembre de 2006 se perdieron 750 mil empleos. La tendencia se confirma entre igual periodo pero entre los meses de octubre donde la suma de empleos perdidos asciende a 1 220 000. De recordar que de 20 millones de personas económicamente activas sólo 5 millones tienen contrato de trabajo formal y cotizan pensión, lo que permite observar la magnitud y efectos del giro en la tendencia en la reducción del desempleo.
Este conjunto de elementos unido a la ambigüedad con que el gobierno intenta relacionarse con los grupos armados, tanto con los paramilitares como con las FARC respecto al intercambio humanitario promueve el ya ambiente de nerviosismo e indefinición reinante, terreno movedizo para las características de Uribe. La agenda de Uribe I en su primer cuatrienio perfilada por la ley de Justicia y Paz esta en franco agotamiento tanto desde las expectativas nacionales como en el caso de los EEUU puesto que los dos indicadores de proceso, reducción de producción de coca, cocaína, y reducción de homicidios, en los dos primeros años mostrando algún avance, hoy ambos presentan un balance adverso.
La política que buscará salir al paso a estos dos factores determinará los trazos del nuevo panorama a todas luces complejo tras seguramente medidas de fuerza que muy probablemente se aplicaran con resultados todavía imprevisibles.
