Agosto de 2006
Varias cosas sucedieron después de aprobada la ley de Justicia y paz. En primera instancia el evitar informarle al país de lo sucedido tras dos décadas de una carnicería sin parangón en la historia Colombiana que hace palidecer el periodo de la violencia con V grande de los cincuenta, evidenciada por el hecho de que las tasas de homicidios por cien mil habitantes de los cincuenta fueron superadas desde finales de los años ochenta hasta aproximadamente el año 2004.
La “verdad” es que la mayoría de los colombianos no se han enterado que buena parte de los 4 millones de desplazados eran mayoritariamente propietarios de tierras según lo confirma la Contraloría de la República, ni que lo sucedido en estas elecciones parlamentarias traduce el paso por notaría de la nueva división política del país, me refiero a la que se dibuja por las zonas de control paramilitar suscrito en su ultimo informe por la Organización de Estados Americanos(OEA).
La verdad es que esa división política que nos enseñaron en el colegio es cosa del pasado, ahora somos una suerte de federación de subregiones cada una con su guardia y mandos debidamente reconocidos, recordemos que cada uno de los lugartenientes paramilitares posterior a su des-movilización notificaron públicamente su decisión de mantener el control de sus respectivas regiones.
La mayor parte de la población tampoco se enteró que el gobierno por medio de la ley de justicia y paz legitimaba la fuerza bruta como formula o mecanismo de enriquecimiento, ya no es el comercio, las finanzas, la producción, sino el enriquecimiento como medida del más fuerte que incluye todo tipo de expresiones de fuerza entre las que se abrigan fundamentalmente el terror, es decir, el genocidio, la masacre, la desaparición, la tortura...
Nada de esto fue titular de prensa ni mereció la condena publica del gobierno en repudio de tales acciones, y como no hubo reconocimiento tampoco hubo tribunal para procesar a los culpables, otros que tampoco conocimos, salvo ligeras excepciones, y más por la labor de aquella pequeña porción de medios críticos los que poseen el 3% de audiencia que todavía se dan la pela so pena de las amenazas, caso de noticias uno.
Y si no hay culpables, tampoco existen riquezas ilícitas; por el contrario lo presente es la legalización de todo el procedimiento, fortunas, ríos de dinero que como lo afirmara el mismisimo Cesar Gaviria director del Partido Liberal financiaron la reciente contienda electoral.
Hace poco la revista Forbes dio a conocer su lista de las 500 personas más ricas del mundo, entre las que se encontraban dos colombianos, J. M Santo Domingo y A. Lule, sin embargo a la lista desearía hacer un reparo. Si damos crédito a investigaciones hechas sobre narcotráfico donde se reconoce que estos han llegado a movilizar, solo ellos, el 7% del PIB, habría que decir que ya no tenemos dos colombianos en tal notable lista como que tal vez podríamos tener unos 10 más, me refiero a los 10 que negocian en S. José de Ralito, todos pedidos en extradición, que seguramente acompañaran a Pablo Escobar en el histórico del reiting de tal publicación, a la que este último accedió en los ochentas.
Volviendo a la Ley de Justicia y Paz y sus derivas, hay que decir que sin la verdad, y sin justicia, el 35% del congreso paramilitar no fue a la cárcel o a comparecer ante algún tribunal sino que por el contrario alentado por sus recursos ya en proceso de legalización aumentó en cantidad; sólo observemos en manos de quien estuvo la postulación y defensa enconada del proyecto de ley de justicia y paz sino por el Partido Conservador, quienes en compañía de la bancada uribista terminaron por aplanar el proyecto alternativo que fuera apoyado por la Unión Europea del triple play Pardo-Parodi-Petro.
A todas estas también hay que decir que el proyecto de Justicia y Paz “salvó” al país de la crisis de los partidos, esa que se explica por la entrada en vigor del Estado minimalista y colapso del Estado bolsa de empleo, por antonomasia de votos para las elecciones, y digo “salvó”, porque estas etapas de crisis permiten el recambio de fuerzas políticas factor que favoreció el fenómeno latinoamericano en el cono sur, y tal vez el fenómeno Mockus, Peñalosa, PDI en 2002 con la alcaldía de Bogotá, que en Colombia es abortado dado que pasamos de las maquinas políticas basadas en los beneficios sustraídos por particulares del Estado a máquinas mafiosas basadas en el voto al mayoreo, en síntesis, tal ley evitará como ya lo mostró, el auge del voto de opinión, y con este del ascenso y oxigenación de la vida política en el país.
También permite subsanar, aminorar o evitar la crisis económica de las elites las que participaron en mayor o menor medida en el corto periodo del auge del voto de opinión atrás referenciado, que obligadas por su iliquidez facilitaron o permitieron el recambio político en el Cono Sur, lo que en Colombia no sucederá porque muy al contrario, en contubernio con el narcotráfico, se encuentran en una bonanza excepcional mostrado entre otros, por las tasas de adquisición de camionetas de lujo, una de las más altas en crecimiento del mundo.
En resumen, la ley de justicia y paz desahució la justicia colombiana, y seguirá generando consecuencias hasta tanto no sea revocada... tal vez se requieran años... o que sabemos décadas, es por ello que insisto que asistimos no a una reforma particular como a un punto de inflexión. Ya se deja entrever la agenda legislativa próxima: reforma a la tutela, ratificación del TLC, denuncia internacional del TPI, Extradición, estos dos últimos ítems, que convertirán al país en un Estado Granuja, es decir defensor internacional de criminales.
Es un panorama verdaderamente sombrío al que nos enfrentamos, el desmoronamiento del Estado de Derecho, y la contraofensiva de derecha dirigida a volvernos a la constitución de 1886, lo que significa un reto de consideración y la obligación ética y moral de una organización que como la UCJD debe dirigir sus esfuerzos a defender la Democracia, en este sentido, me uno a la idea de que se aclaren las posturas políticas al interior de la organización, lo que nos conduzca sin vacilaciones a re-conocer lo que significa ser una inflexión histórica en el desarrollo no sólo del Estado sino de la Sociedad colombiana, de tal suerte que nos permita el comienzo de una mancomunada reflexión que nos de ideas sobre que debemos hacer ante esta verdadera asonada contra la democracia.
La “verdad” es que la mayoría de los colombianos no se han enterado que buena parte de los 4 millones de desplazados eran mayoritariamente propietarios de tierras según lo confirma la Contraloría de la República, ni que lo sucedido en estas elecciones parlamentarias traduce el paso por notaría de la nueva división política del país, me refiero a la que se dibuja por las zonas de control paramilitar suscrito en su ultimo informe por la Organización de Estados Americanos(OEA).
La verdad es que esa división política que nos enseñaron en el colegio es cosa del pasado, ahora somos una suerte de federación de subregiones cada una con su guardia y mandos debidamente reconocidos, recordemos que cada uno de los lugartenientes paramilitares posterior a su des-movilización notificaron públicamente su decisión de mantener el control de sus respectivas regiones.
La mayor parte de la población tampoco se enteró que el gobierno por medio de la ley de justicia y paz legitimaba la fuerza bruta como formula o mecanismo de enriquecimiento, ya no es el comercio, las finanzas, la producción, sino el enriquecimiento como medida del más fuerte que incluye todo tipo de expresiones de fuerza entre las que se abrigan fundamentalmente el terror, es decir, el genocidio, la masacre, la desaparición, la tortura...
Nada de esto fue titular de prensa ni mereció la condena publica del gobierno en repudio de tales acciones, y como no hubo reconocimiento tampoco hubo tribunal para procesar a los culpables, otros que tampoco conocimos, salvo ligeras excepciones, y más por la labor de aquella pequeña porción de medios críticos los que poseen el 3% de audiencia que todavía se dan la pela so pena de las amenazas, caso de noticias uno.
Y si no hay culpables, tampoco existen riquezas ilícitas; por el contrario lo presente es la legalización de todo el procedimiento, fortunas, ríos de dinero que como lo afirmara el mismisimo Cesar Gaviria director del Partido Liberal financiaron la reciente contienda electoral.
Hace poco la revista Forbes dio a conocer su lista de las 500 personas más ricas del mundo, entre las que se encontraban dos colombianos, J. M Santo Domingo y A. Lule, sin embargo a la lista desearía hacer un reparo. Si damos crédito a investigaciones hechas sobre narcotráfico donde se reconoce que estos han llegado a movilizar, solo ellos, el 7% del PIB, habría que decir que ya no tenemos dos colombianos en tal notable lista como que tal vez podríamos tener unos 10 más, me refiero a los 10 que negocian en S. José de Ralito, todos pedidos en extradición, que seguramente acompañaran a Pablo Escobar en el histórico del reiting de tal publicación, a la que este último accedió en los ochentas.
Volviendo a la Ley de Justicia y Paz y sus derivas, hay que decir que sin la verdad, y sin justicia, el 35% del congreso paramilitar no fue a la cárcel o a comparecer ante algún tribunal sino que por el contrario alentado por sus recursos ya en proceso de legalización aumentó en cantidad; sólo observemos en manos de quien estuvo la postulación y defensa enconada del proyecto de ley de justicia y paz sino por el Partido Conservador, quienes en compañía de la bancada uribista terminaron por aplanar el proyecto alternativo que fuera apoyado por la Unión Europea del triple play Pardo-Parodi-Petro.
A todas estas también hay que decir que el proyecto de Justicia y Paz “salvó” al país de la crisis de los partidos, esa que se explica por la entrada en vigor del Estado minimalista y colapso del Estado bolsa de empleo, por antonomasia de votos para las elecciones, y digo “salvó”, porque estas etapas de crisis permiten el recambio de fuerzas políticas factor que favoreció el fenómeno latinoamericano en el cono sur, y tal vez el fenómeno Mockus, Peñalosa, PDI en 2002 con la alcaldía de Bogotá, que en Colombia es abortado dado que pasamos de las maquinas políticas basadas en los beneficios sustraídos por particulares del Estado a máquinas mafiosas basadas en el voto al mayoreo, en síntesis, tal ley evitará como ya lo mostró, el auge del voto de opinión, y con este del ascenso y oxigenación de la vida política en el país.
También permite subsanar, aminorar o evitar la crisis económica de las elites las que participaron en mayor o menor medida en el corto periodo del auge del voto de opinión atrás referenciado, que obligadas por su iliquidez facilitaron o permitieron el recambio político en el Cono Sur, lo que en Colombia no sucederá porque muy al contrario, en contubernio con el narcotráfico, se encuentran en una bonanza excepcional mostrado entre otros, por las tasas de adquisición de camionetas de lujo, una de las más altas en crecimiento del mundo.
En resumen, la ley de justicia y paz desahució la justicia colombiana, y seguirá generando consecuencias hasta tanto no sea revocada... tal vez se requieran años... o que sabemos décadas, es por ello que insisto que asistimos no a una reforma particular como a un punto de inflexión. Ya se deja entrever la agenda legislativa próxima: reforma a la tutela, ratificación del TLC, denuncia internacional del TPI, Extradición, estos dos últimos ítems, que convertirán al país en un Estado Granuja, es decir defensor internacional de criminales.
Es un panorama verdaderamente sombrío al que nos enfrentamos, el desmoronamiento del Estado de Derecho, y la contraofensiva de derecha dirigida a volvernos a la constitución de 1886, lo que significa un reto de consideración y la obligación ética y moral de una organización que como la UCJD debe dirigir sus esfuerzos a defender la Democracia, en este sentido, me uno a la idea de que se aclaren las posturas políticas al interior de la organización, lo que nos conduzca sin vacilaciones a re-conocer lo que significa ser una inflexión histórica en el desarrollo no sólo del Estado sino de la Sociedad colombiana, de tal suerte que nos permita el comienzo de una mancomunada reflexión que nos de ideas sobre que debemos hacer ante esta verdadera asonada contra la democracia.
