Gobernar para sí
La decisión del presidente Uribe de impulsar un nuevo mandato a su favor, luego de dos gobernaturas consecutivas, ha desatado una ola de presiones sobre la corte Constitucional por cuanto es esta quien en última instancia dará luz verde a la realización del referéndum reeleccionista.
La Corte esta en el filo de la navaja. Más allá de los aspectos jurídicos involucrados en este proceso, tanto a favor como en contra del referéndum, la posibilidad de una nueva modificación a las reglas de juego sobre la elección del presidente como la sucedida en la pasada reelección, consolida la sensación de que la Constitución colombiana es de carácter eminentemente coyuntural, y sobre todo que, en este sentido, se ajusta a los requerimiento del ejecutivo en funciones, algo que para algunos juristas representa en firme los ribetes de una dictadura, ya no aquella encabezada por un jefe militar, si no la que es fungida por un civil con un mandato que destroza normas y contrapesos fundamentales en un estado democrático.
Un rechazo de la ley aprobada por el Congreso por parte de la Corte, significa un desafío a la decisión presidencial con efectos aún inestimables, conocido que las recientes reuniones del presidente Uribe con los candidatos Juan Manuel Santos, Andrés Felipe Arias, y Noemí Sanín, evidencian la tozuda decisión del primer mandatario colombiano de mantenerse en el plan A, cual es una única candidatura, la suya.
No hay que olvidar que para el presidente, las situaciones que obstaculicen sus objetivos son interpretados cual hecatombe nacional. De caerse la reelección en la Corte, toda vez que se desestime la opción de Noemí Sanín en el sentido de que Uribe sería quizás un buen ministro, la tesis de poner en marcha el articulo 104 de la Constitución que permite una consulta al pueblo sobre temas sensibles, pudiese ser un novedoso jaque a la Corte que conduzca a sus integrantes a repensar más que jurídica políticamente la decisión.
Pero esto es solo la cabeza de playa. La ofensiva a la rama del poder judicial se extiende a la Corte Suprema, por su reticencia al nombramiento de un nuevo fiscal de la terna entregada por el gobierno, donde es evidente la preeminencia de la valoración política más que por sus calidades e independencia profesional en la selección que propone el ejecutivo, lo que se suma al antecedente de los seguimientos y grabaciones a integrantes de la Corte, un ambiente caldeado desde las declaraciones del presidente Uribe en el sentido de que la Corte obra con parcialidad, y esta ideologizada, colocando en cuestión la legitimidad de la misma.
Por su parte la prioridad de la reelección presidencial ha desaparecido de la agenda gubernamental la crisis económica, optando por navegar con el favor de los gremios económicos beneficiados con el blindaje de sus inversiones, y erogaciones fiscales, aún así por paradójico que parezca, en su estrategia de ser el único candidato de la derecha colombiana el primer mandatario esta pisoteando las cartas de relevo de los empresarios, anclando por meses la actividad de 6 de sus candidatos aliados, cegando de alternativas a las elites colombianas, un panorama al que no se enfrentan desde 50 años atrás cuando inicia el frente nacional.
Este mismo cometido es el que explica las continuidades en la conflictividad andina, pero que ha llevado al presidente Uribe a pasar por alto las diferencias entre gobernar en su patio si se le compara con el relacionarse con otros mandatarios y países, permitiendo que las problemáticas locales se extiendan, primero a países fronterizos, trascendiendo a la región sudamericana como lo que de manera reiterada sucede con Unasur, para escalar a la escena hemisférica como cuando los temas de las bases, el conflicto interno, o el narcotráfico se vuelven ejes de los debates en la Organización de Estados Americanos.
Por su parte mientras el presidente gobierna para su reelección continúan empantanadas las negociaciones comerciales con la Unión Europea, Estados Unidos, Canada, y China, un cerco económico complejo al que se le suman las restricciones en el tránsito de mercancías en la región andina con Venezuela y Ecuador.
El ego presidencial ha conducido a su vez a desestimar los indicadores en rojo de la economía declarándolos según el ministerio de hacienda como menos negativos de lo esperado, optando por la ampliación del déficit fiscal, unos 4.4 billones en 2009, los que serán cubiertos por ventas en la participación de empresas como Isagen, Ecopetrol, y por la emisión de nuevos títulos de deuda pública. Poco se habla de los efectos que dichas medidas traerán por lo impopular de las reformas tributarias por venir por que ya no será suficiente el actual nivel del IVA, la retención en la fuente, o las restricciones al incremento salarial, tal cual las limitaciones de presupuesto.
Por lo que se ve la perspectiva del proyecto Uribe no sólo hace prever la continuidad de una política de abandono para el país nacional si no la progresividad en la dislocación con el interés del país político.
La decisión del presidente Uribe de impulsar un nuevo mandato a su favor, luego de dos gobernaturas consecutivas, ha desatado una ola de presiones sobre la corte Constitucional por cuanto es esta quien en última instancia dará luz verde a la realización del referéndum reeleccionista.
La Corte esta en el filo de la navaja. Más allá de los aspectos jurídicos involucrados en este proceso, tanto a favor como en contra del referéndum, la posibilidad de una nueva modificación a las reglas de juego sobre la elección del presidente como la sucedida en la pasada reelección, consolida la sensación de que la Constitución colombiana es de carácter eminentemente coyuntural, y sobre todo que, en este sentido, se ajusta a los requerimiento del ejecutivo en funciones, algo que para algunos juristas representa en firme los ribetes de una dictadura, ya no aquella encabezada por un jefe militar, si no la que es fungida por un civil con un mandato que destroza normas y contrapesos fundamentales en un estado democrático.
Un rechazo de la ley aprobada por el Congreso por parte de la Corte, significa un desafío a la decisión presidencial con efectos aún inestimables, conocido que las recientes reuniones del presidente Uribe con los candidatos Juan Manuel Santos, Andrés Felipe Arias, y Noemí Sanín, evidencian la tozuda decisión del primer mandatario colombiano de mantenerse en el plan A, cual es una única candidatura, la suya.
No hay que olvidar que para el presidente, las situaciones que obstaculicen sus objetivos son interpretados cual hecatombe nacional. De caerse la reelección en la Corte, toda vez que se desestime la opción de Noemí Sanín en el sentido de que Uribe sería quizás un buen ministro, la tesis de poner en marcha el articulo 104 de la Constitución que permite una consulta al pueblo sobre temas sensibles, pudiese ser un novedoso jaque a la Corte que conduzca a sus integrantes a repensar más que jurídica políticamente la decisión.
Pero esto es solo la cabeza de playa. La ofensiva a la rama del poder judicial se extiende a la Corte Suprema, por su reticencia al nombramiento de un nuevo fiscal de la terna entregada por el gobierno, donde es evidente la preeminencia de la valoración política más que por sus calidades e independencia profesional en la selección que propone el ejecutivo, lo que se suma al antecedente de los seguimientos y grabaciones a integrantes de la Corte, un ambiente caldeado desde las declaraciones del presidente Uribe en el sentido de que la Corte obra con parcialidad, y esta ideologizada, colocando en cuestión la legitimidad de la misma.
Por su parte la prioridad de la reelección presidencial ha desaparecido de la agenda gubernamental la crisis económica, optando por navegar con el favor de los gremios económicos beneficiados con el blindaje de sus inversiones, y erogaciones fiscales, aún así por paradójico que parezca, en su estrategia de ser el único candidato de la derecha colombiana el primer mandatario esta pisoteando las cartas de relevo de los empresarios, anclando por meses la actividad de 6 de sus candidatos aliados, cegando de alternativas a las elites colombianas, un panorama al que no se enfrentan desde 50 años atrás cuando inicia el frente nacional.
Este mismo cometido es el que explica las continuidades en la conflictividad andina, pero que ha llevado al presidente Uribe a pasar por alto las diferencias entre gobernar en su patio si se le compara con el relacionarse con otros mandatarios y países, permitiendo que las problemáticas locales se extiendan, primero a países fronterizos, trascendiendo a la región sudamericana como lo que de manera reiterada sucede con Unasur, para escalar a la escena hemisférica como cuando los temas de las bases, el conflicto interno, o el narcotráfico se vuelven ejes de los debates en la Organización de Estados Americanos.
Por su parte mientras el presidente gobierna para su reelección continúan empantanadas las negociaciones comerciales con la Unión Europea, Estados Unidos, Canada, y China, un cerco económico complejo al que se le suman las restricciones en el tránsito de mercancías en la región andina con Venezuela y Ecuador.
El ego presidencial ha conducido a su vez a desestimar los indicadores en rojo de la economía declarándolos según el ministerio de hacienda como menos negativos de lo esperado, optando por la ampliación del déficit fiscal, unos 4.4 billones en 2009, los que serán cubiertos por ventas en la participación de empresas como Isagen, Ecopetrol, y por la emisión de nuevos títulos de deuda pública. Poco se habla de los efectos que dichas medidas traerán por lo impopular de las reformas tributarias por venir por que ya no será suficiente el actual nivel del IVA, la retención en la fuente, o las restricciones al incremento salarial, tal cual las limitaciones de presupuesto.
Por lo que se ve la perspectiva del proyecto Uribe no sólo hace prever la continuidad de una política de abandono para el país nacional si no la progresividad en la dislocación con el interés del país político.
