miércoles, junio 24, 2009

Los confines de la ley de justicia y paz
La puesta en marcha de la ley de justicia y paz en 2005 hizo posible, lo que hasta entonces era silenciosamente conocido por todos, formalizar la existencia de los grupos paramilitares en Colombia. Hasta entonces se conocía a Carlos Castaño quien hablaba desde la “clandestinidad” por las cadenas radiales y televisivas nacionales, mientras la información de las masacres, y muertes selectivas se presentaban sin cuestionamiento alguno con las justificaciones de los paramilitares.
.
Era el periodo donde el “muertos por ser auxiliadores de la guerrilla”, anestesiaba los gobiernos, sus instituciones, y de paso a la sociedad, que quedaba “notificada”. Mientras las noticias luctuosas circulaban por los matutinos, el estado desoía lo que sucedía, lo que explica porque tal sistematicidad de las acciones no fue seguida, hecha historia, o compendio judicial.
.
La reconstrucción bien parcial de los hechos, por ello, se ha logrado gracias a las organizaciones de derechos humanos, que conforme se abre la página de esta vorágine política con algunos resultados por parte de la justicia desde 2005, se articulan a sus indagaciones. No está demás reconocer el trabajo del Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia, una excepción en todo ello, aunque sin algún efecto en el orden judicial.
.
Pero lo que resulta del todo sintomático, ya al filo del segundo semestre de 2009, en esta pequeña apertura en los ojos de la justicia, es el hundimiento reciente de la ley de víctimas, un mensaje si se quiere del gobierno a la sociedad en el que se rehúsa a reconocer la crisis humanitaria, y la historia de violencia que acumula el país.
.
El mapa se completa si se observa la reforma política aprobada, como la ley que faculta la aplicación del principio de favorabilidad a los integrantes de los grupos armados ilegales, lo que hace pensar en una fórmula destinada a la neutralización de las investigaciones por parapolítica, y a la obstrucción de las investigaciones sobre la violencia de los grupos paramilitares, - y de paso guerrilleros-, por ello no parece casual la propuesta del ministro del interior y justicia Fabio Valencia, de revivir la inmunidad parlamentaria.
.
Pero esto no es un objetivo coyuntural. Recordemos que la primigenia ley de justicia y paz, impulsada por el gobierno Uribe, tuvo que ser modificada por la Corte Constitucional dada su inocuidad en los temas ejes del proyecto de ley, la justicia, la verdad, y la reparación. Por su parte, una interpretación de las normas permitió que los congresistas investigados por parapolítica renunciaran a su fuero, y eludieran su juez natural, la Corte Suprema, buscando que sus investigaciones fuesen realizadas por la Fiscalía, donde algunos congresistas han recuperado su libertad, y los demás procesos se estancan indefinidamente. El anterior ministro del interior y de justicia, Carlos Holguín, impulso otra puerta giratoria redefiniendo la actividad de los paramilitares como delito político, reviviendo el fantasma de las antaño leyes de amnistía. La extradición de los jefes paramilitares a los EE.UU., truncando los procesos judiciales en marcha, se suman a la conjura de la obtención de la verdad, y la justicia en Colombia.
.
A manera de síntesis, la ley de justicia y paz permitió conocer los rostros de los jefes paramilitares, parapolíticos, y magros resultados en cuanto a las revelaciones sobre la participación de los sectores económicos y de las fuerzas militares. Y aunque se observa un relativo cambio de actitud del gobierno al respecto de estos grupos armados, estos continúan en un proceso de reestructuración, mientras mantienen sus actividades ilegales. Es decir se conocen algunos de los protagonistas de esta arista de la violencia, pero la justicia, y la verdad, aún en términos de la justicia transicional, brillan por su ausencia.