La fórmula de c
rear sucesos noticiosos por parte del gobierno caso del tema de la excarcelación de los guerrilleros presos, la mediación francesa en la liberación de los secuestrados en manos de las FARC, o la declaración motivada por Sarkozy en el contexto de la reunión del G8, y esto sin hablar de las informaciones vinculadas con los desplazamientos del presidente y vicepresidente colombianos a EEUU, ha tenido el efecto apenas esperado de eludir o minimizar los sucesos noticiosos sobre el tema central del país, cual es si se esta aplicando la ley de justicia y paz.
Y afirmo tema central, porque diferente a las controversias en torno al acuerdo humanitario, es decir la "humanización del conflicto" o el TLC, la ley de justicia y paz representa la potencialidad de continuar la escena de violencia colombiana como de construir caminos destinados a obtener el fin de la misma. En este sentido, el balance que pueda efectuarse de dicha ley, es ciertamente negativo. Los compromisos que obligan a los jefes paramilitares como beneficiarios de justicia y paz, destinados a la no repetición de los crímenes, y las acciones ilegales, el principio rector del compromiso con la verdad, al igual que el tema de la reparación ha sido puesto en cuestión tanto por las valoraciones efectuadas por la Misión de Verificación de la Organización de Estados Americanos como por la puesta en conocimiento de grabaciones hechas a jefes paras en Itagüí, las declaraciones de Hernando Gómez Bustamante alias Rasguño y las de el narcotraficante Fabio Ochoa Vasco.
La percepción de que las cosas seguirán igual se mide conocido el trasteo de votos en importantes zonas del país, lo que hace pensar que contrario a que se mitigue la influencia paramilitar, existe una avanzada consistente con la perspectiva de las elecciones presidenciales de 2010. Y esto es comprensible puesto que la finalidad de evitar que se extradite los jefes paras a EEUU, que sean entregados al Tribunal Penal Internacional, o se les aplique la ley de justicia y paz, requiere de una correlación política similar a la actual, la cual ha sido prenda de garantía para que ello no se presente.
La situación en el tema de la reparación es similar. Hace poco se dio a conocer que apenas el 0.3% de los desplazados fue motivo de re-paración provisional por medio de la entrega de parcelas en el años 2006.[1] De otro lado, y como contraste, en el Congreso se abre paso la Ley de Tierras[2], a ser aplicada por el Incoder, institución severamente cuestionada por antecedentes como la entrega de tierras a narcotraficantes y paramilitares, como por ser una entidad gestionada por congresistas vinculados a la parapolítica.[3]
La contención se aplica a su vez en el terreno de las victimas que se atreven a acercarse a los tribunales de justicia y paz, en tanto se conocen casos de intimidaciones en 9 departamentos, a lo que se suman 6 personas asesinadas y 160 personas que han sido contactadas o llamadas telefónicamente en las que les exigen desistir de sus reclamos.[4]
Aún así, el gobierno colombiano intenta infructuosamente presentar este escenario como acorde con el advenimiento de la civilidad y el retorno paulatino de la paz, con acento en el ámbito internacional, consecuente con el origen de los mayores cuestionamientos, para lo cual no ahorra recursos económicos. Los lobbistas estadounidenses contratados por el gobierno colombiano obtienen ingresos entre 25 y 40 mil dólares al mes, sólo logrando abrir agendas de los demócratas que bloquean el TLC como castigo a las relaciones que autoridades colombianas han sostenido con grupos paramilitares.[5]
En este sentido, los efectos se siguen profundizando al endurecerse las condiciones para la aprobación del Plan Colombia, la reducción de su presupuesto, y la modificación de sus acentos, colocando como centro la reducción de los cultivos ilícitos[6], que por el informe reciente de la DEA siguen en constante aumento, y que según los cálculos significan una pérdida económica para EEUU de 228 mil millones de dólares en 2005, consecuencia del consumo de estupefacientes por su población en edad laboral, lo que se suma a la demanda efectuada por los demócratas respecto a la extradición de los que consideran los verdaderos capos de la droga hoy en negociaciones de p-az con el gobierno colombiano.[7]
[1] Fracasó la política de tierras del gobierno Uribe?, El Tiempo, Bogotá, mayo 27 de 2007, Nación, pág 1-12.
[2] Ley de tierras: a un paso de su aprobación y de ser demandada, El Tiempo, Bogotá, 15 de junio de 2007, Nación, pág, 1-6.
[3] 4 de la parapolítica, dueños del Incoder, El Tiempo, Bogotá, 15 de junio de 2007, Nación, pág, 1-6.
[4] Víctimas, otra vez perseguidas, El Tiempo, Bogotá, 17 de junio de 2007, Nación, pág 1-6.
[5] Colombia orquesta un costoso lobby para salvar acuerdo bilateral con EEUU, The Wall Street Journal Américas, El Tiempo, Bogotá, 4 de junio de 2007, pág 1-14.
[6] Cámara de E.U endurece requisitos para plata del Plan Colombia 2008, El Tiempo, Bogotá, 21 de junio de 2007, Nación, pág 1-3.
[7] Extradición: a E.U no llegan los peces gordos, El Colombiano, Medellín, 17 de junio de 2007, Rumbo Nacional, pág 10ª.
rear sucesos noticiosos por parte del gobierno caso del tema de la excarcelación de los guerrilleros presos, la mediación francesa en la liberación de los secuestrados en manos de las FARC, o la declaración motivada por Sarkozy en el contexto de la reunión del G8, y esto sin hablar de las informaciones vinculadas con los desplazamientos del presidente y vicepresidente colombianos a EEUU, ha tenido el efecto apenas esperado de eludir o minimizar los sucesos noticiosos sobre el tema central del país, cual es si se esta aplicando la ley de justicia y paz.Y afirmo tema central, porque diferente a las controversias en torno al acuerdo humanitario, es decir la "humanización del conflicto" o el TLC, la ley de justicia y paz representa la potencialidad de continuar la escena de violencia colombiana como de construir caminos destinados a obtener el fin de la misma. En este sentido, el balance que pueda efectuarse de dicha ley, es ciertamente negativo. Los compromisos que obligan a los jefes paramilitares como beneficiarios de justicia y paz, destinados a la no repetición de los crímenes, y las acciones ilegales, el principio rector del compromiso con la verdad, al igual que el tema de la reparación ha sido puesto en cuestión tanto por las valoraciones efectuadas por la Misión de Verificación de la Organización de Estados Americanos como por la puesta en conocimiento de grabaciones hechas a jefes paras en Itagüí, las declaraciones de Hernando Gómez Bustamante alias Rasguño y las de el narcotraficante Fabio Ochoa Vasco.
La percepción de que las cosas seguirán igual se mide conocido el trasteo de votos en importantes zonas del país, lo que hace pensar que contrario a que se mitigue la influencia paramilitar, existe una avanzada consistente con la perspectiva de las elecciones presidenciales de 2010. Y esto es comprensible puesto que la finalidad de evitar que se extradite los jefes paras a EEUU, que sean entregados al Tribunal Penal Internacional, o se les aplique la ley de justicia y paz, requiere de una correlación política similar a la actual, la cual ha sido prenda de garantía para que ello no se presente.
La situación en el tema de la reparación es similar. Hace poco se dio a conocer que apenas el 0.3% de los desplazados fue motivo de re-paración provisional por medio de la entrega de parcelas en el años 2006.[1] De otro lado, y como contraste, en el Congreso se abre paso la Ley de Tierras[2], a ser aplicada por el Incoder, institución severamente cuestionada por antecedentes como la entrega de tierras a narcotraficantes y paramilitares, como por ser una entidad gestionada por congresistas vinculados a la parapolítica.[3]
La contención se aplica a su vez en el terreno de las victimas que se atreven a acercarse a los tribunales de justicia y paz, en tanto se conocen casos de intimidaciones en 9 departamentos, a lo que se suman 6 personas asesinadas y 160 personas que han sido contactadas o llamadas telefónicamente en las que les exigen desistir de sus reclamos.[4]
Aún así, el gobierno colombiano intenta infructuosamente presentar este escenario como acorde con el advenimiento de la civilidad y el retorno paulatino de la paz, con acento en el ámbito internacional, consecuente con el origen de los mayores cuestionamientos, para lo cual no ahorra recursos económicos. Los lobbistas estadounidenses contratados por el gobierno colombiano obtienen ingresos entre 25 y 40 mil dólares al mes, sólo logrando abrir agendas de los demócratas que bloquean el TLC como castigo a las relaciones que autoridades colombianas han sostenido con grupos paramilitares.[5]
En este sentido, los efectos se siguen profundizando al endurecerse las condiciones para la aprobación del Plan Colombia, la reducción de su presupuesto, y la modificación de sus acentos, colocando como centro la reducción de los cultivos ilícitos[6], que por el informe reciente de la DEA siguen en constante aumento, y que según los cálculos significan una pérdida económica para EEUU de 228 mil millones de dólares en 2005, consecuencia del consumo de estupefacientes por su población en edad laboral, lo que se suma a la demanda efectuada por los demócratas respecto a la extradición de los que consideran los verdaderos capos de la droga hoy en negociaciones de p-az con el gobierno colombiano.[7]
[1] Fracasó la política de tierras del gobierno Uribe?, El Tiempo, Bogotá, mayo 27 de 2007, Nación, pág 1-12.
[2] Ley de tierras: a un paso de su aprobación y de ser demandada, El Tiempo, Bogotá, 15 de junio de 2007, Nación, pág, 1-6.
[3] 4 de la parapolítica, dueños del Incoder, El Tiempo, Bogotá, 15 de junio de 2007, Nación, pág, 1-6.
[4] Víctimas, otra vez perseguidas, El Tiempo, Bogotá, 17 de junio de 2007, Nación, pág 1-6.
[5] Colombia orquesta un costoso lobby para salvar acuerdo bilateral con EEUU, The Wall Street Journal Américas, El Tiempo, Bogotá, 4 de junio de 2007, pág 1-14.
[6] Cámara de E.U endurece requisitos para plata del Plan Colombia 2008, El Tiempo, Bogotá, 21 de junio de 2007, Nación, pág 1-3.
[7] Extradición: a E.U no llegan los peces gordos, El Colombiano, Medellín, 17 de junio de 2007, Rumbo Nacional, pág 10ª.
