Sin duda
el secuestro de Ingrid Betancur concentra la atención de los franceses, contrario a lo que sucede con la opinión de los colombianos, donde el secuestro o las tasas de homicidios, una de las más altas del mundo, hacen parte de la constelación de noticias cotidianas, componentes de un guión de un país cruzado por records considerables de inseguridad, impunidad, -cerca del un 97% según el Banco Mundial-, e inoperatividad del aparato de justicia, lo que se fortalece con la lección que imparte el ejecutivo cuando elude con regularidad mediante maniobras jurídicas y políticas las normas legales.
La historia y la impronta al efecto de los actos jurídico legales en medio de las comparecencias de los jefes paramilitares, sirven de memoria y evidencian la arbitrariedad con que se ha gobernado el país, dejando sin piso la “realidad virtual” del paradigma de la existencia de la democracia en Colombia, mostrado como aquel periodo que se abre paso posterior al frente nacional, y la proclamación de la constitución de 1991, que sirvió como carta de presentación y reclamo a la comunidad internacional de la inclusión del país en el contexto de la globalización, los tratados comerciales, la captación de recursos económicos, tanto en el ámbito de la cooperación como la inversión privada, y de la posibilidad de gozar de la buena imagen que genera el ser reconocido como miembro parte en la escena de la legalidad internacional, de la firma y ratificación de los tratados magnánimos y garantistas de los derechos de las personas, sin que, groso modo, se hubiere dado lugar al cuestionamiento del cumplimiento de tales compromisos.
Lo cierto es que diferente a que en el pasado se conociere soto voz lo que ocurría en Colombia y que los medios de comunicación, la justicia, los gremios económicos, el Congreso o el ejecutivo, omitieran y en consecuencia ocultaran lo que sucedía, la crónica histórica que en el último año se edita y que gira a través de los medios de comunicación mundiales, propicia efectos inestimables en los espacios y relaciones internacionales de los que participa el país. Es así como las demandas efectuadas, aisladamente por los grupos de derechos humanos ha dejado de ser local, y ha trascendido los efectos limitados de los foros que tratan el tema en Naciones Unidas, o de los centros de información sobre derechos humanos, en tanto ahora dichas informaciones tienen eco en editoriales de influyentes periódicos y revistas a escala planetaria.
El “desplante” de Albert Gore por ello no es casual, sino la expresión de lo que significa el hoy el Estado colombiano ante el mundo. Aún así, la expectativa de modificar esta situación, no parece estar en la agenda del gobierno, ni en las mentes de sectores influyentes, las cuales de múltiples formas muestran apoyo a la labor presidencial, en decisiones que solo servirán de colofón de una era con un guión similar al desarrollado en el pasado, mostrado por las trabas en la aplicación de la ley de justicia y paz, sustituida por la reapertura de la ne-gociación con los jefes paras, y con los políticos con nexos con paramilitares, de las que se derivan nuevas concesiones. Desde la cár-cel Itagüí el gobierno legaliza la existencia del vocero político, y desde la picota, la actualización de procedimientos legales destinados a estructurar paulatinamente una ley de punto final, todo ello pese a las evidencias que muestran que los des-movilizados y políticos en la car-cel continúan en sus actividades “tradicionales” buscando garantizar las posiciones obtenidas en el pasado a través del crimen.
De otr
o lado, las medida sorprendente del gobierno Uribe, de decretar la liberación unilateral de un grupo de presos de las FARC en cárceles colombianas, contrasta con la postura política que acompañó al presidente ya desde la campaña de la que resulto vencedor en 2002, base de su política de Seguridad Democrática, cual es “derrotar el terrorismo”, representa una inflexión que corresponde con un giro drástico de las prioridades del ejecutivo, y una nueva apuesta por salir al paso a la imagen cuestionada que el gobierno colombiano cosecha internacionalmente.
En efecto, el enfriamiento de las relaciones y compromisos entre Colombia y EEUU se explican no sólo por el ascenso de los demócratas en el control del congreso estadounidense en las recientes elecciones, sino que explicita un acuerdo bipartidista entre Republicanos y Demócratas. Sin duda esta escena contrasta con el acompañamiento que EEUU ofreció al gobierno Pastrana a fines de los noventas en el contexto de las negociaciones de paz con las FARC, y la puesta en marcha del Plan Colombia, haciendo evidente el aislamiento que vive el país en la escena internacional, que hoy por hoy, acumula el distanciamiento en la participación de las negociaciones y mas tarde del proceso de desmovilización de los grupos paramilitares por parte de la comunidad internacional sobresaliendo en este caso el rol de una veeduría extra proceso, asumido por la fiscalía de la Corte Penal Internacional en representación de Naciones Unidas como consecuencia de las investigaciones de oficio que esta organización adelanta de consuno con los Tratados Internacionales suscritos por el Estado colombiano. Solo la Organización de Estados Americanos, con una misión de verificación, con restricciones en su mandato, y algunos países europeos al margen de una decisión colegiada de la Unión Europea, acompaña el proceso colombiano, lo que se suma a la ausencia de la delegación especial del Secretario de Naciones Unidas, si lo comparamos con las negociaciones del Caguán en las que tuvo representación en James Lemoine.
La decisión unilateral del aplazamiento de la firma del Tratado de Libre Comercio por parte de EEUU a propósito del tema paramilitar, confirman una nueva fase prevista por el sutil bloqueo económico que ello significa para Colombia, y que el presidente Uribe interpreta como un trato de “paria”, lo que exhibe la tensión existente en las relaciones bilaterales, con ecos en las afirmaciones del Vicepresidente Santos, que en este contexto, expresa la necesidad de replantear las relaciones con EEUU.
La particularidad de la situación actual, en términos políticos puede ser comparable paradójicamente con lo sucedido durante el gobierno Samper, que se vio obligado a girar hacia Europa luego de enturbiarse las relaciones con el Tio Sam enrarecidas tras la descertificación, la cancelación de la visa al primer mandatario, los comunicados del embajador M. Frechette en Bogotá que hablaban de la narco-democracia colombiana, la “filtración” de los narcocasettes dados a conocer por el expresidente Pastrana que abrieron las compuertas al proceso 8000, el ruido de sables protagonizado por parte del estamento militar, y un intento de golpe de estado, que por revelaciones recientes compromete al ministro de defensa en ejercicio Juan Manuel Santos.
En este sentido, no parece extraño que como consecuencia del cambio de ritmo en las relaciones colombianas con EEUU busquen ser equilibradas mirando hacia Europa, dado el giro a la derecha que presentan dos de sus países mas influyentes, Francia y Alemania.
Así las cosas, existen intereses complementarios dado que el recién electo presidente francés Nicolas Sarkozy, requiere un voto de confianza de sus ciudadanos que eche tierra a la apretada diferencia con la cual arriba a los elíseos, a la vez que cosechar la popularidad suficiente para encarar decisiones de envergadura como la postura francesa respecto a Irak.
De otra parte, el presidente Uribe encara el doble reto de mantener los índices de popularidad local favorables, con el objetivo de revertir los cuestionamientos a su gobierno en la escena internacional, cuestión aludida recientemente con las declaraciones del presidente de la FIFA, Joseph Blatter, a propósito de la solicitud de Colombia de adelantar el mundial 2010, asunto que intentara modificar con la creación de sucesos noticiosos que alejen del set las noticias que le son adversas, mientras estimula la colocación de temas menos comprometedores como mostrar la voluntad del ejecutivo en cuanto a la decisión de lograr la libertad de los secuestrados a manos de las FARC y el intento de crear un clima de dialogo con los rebeldes.
En este contexto, de Sarkozy convertirse en el Aznar colombiano, en términos de asumir una agenda de compromisos y apoyos mutuos respecto al gobierno Uribe, es previsible que los sucesos destinados a modificar la maltrecha imagen internacional de Colombia, sirva de insumo al premier francés para abogar por una flexibilización en las medidas y condicionamiento que EEUU hace al país andino, lo que en la agenda incluye la consecución de un espaldarazo de las potencias del G8, y como titulara un diario francés, un baño de buena publicidad internacional para el gobierno Uribe.
Pero aunque existiendo elementos comunes entre el momento actual y el gobierno Samper, se presentan a su vez notables diferencias, y es que para mediados de los años noventas el fuego amigo se concentró en la figura presidencial y el gabinete, pero excluyó los sectores económicos por considerarse al margen de la corrupción proveniente del narcotráfico, lo que permitía comprender los alcances estadounidenses, cual era la sustitución del gobierno en ejercicio, lo que en el presente es evidentemente contrastante, dado que el fenómeno paramilitar mezclado con el narcotráfico, ha hecho metástasis no sólo en las instituciones estatales, sino que comienzan a salir pruebas que comprometen élites y fuerzas armadas. Así las cosas, la perspectiva de desalojar la tendencia proclive al paramilitarismo del Estado requerirá de un proceso, articulado, entre otros, del ascenso al poder de un partido político distante del juego ilegal, como del relevo en las posiciones de sectores económicos igualmente involucrados, todos elementos complejos en su materialización, y con riesgos respecto al potencial desencadenamiento de una guerra civil de carácter formal.
A su vez, la modificación de los roles en cuanto a las relaciones EEUU Colombia, pueden conducir al presidente colombiano al pragmatismo derivado del encontrarse ante la escena del “enemigo de mi enemigo es mi amigo”, lo que le puede conducir a revisar la estrategia hasta ahora planteada con las guerrillas, prevista por la incertidumbre política que genera la Casa Blanca al Plan Colombia, las “trabas” a la firma del TLC, y los compromisos en el cumplimiento de los derechos humanos, coincidiendo en buscar aligerar las presiones armadas de la guerrilla, mientras sutilmente relaja la situación judicial de los políticos con nexos con los paramilitares, que en un juego a dos bandas, facilite el acuerdo a través del cual se decidan las lógicas futuras del Estado colombiano al margen de la Comunidad y los tratados Internacionales sobre delitos de lesa humanidad.
el secuestro de Ingrid Betancur concentra la atención de los franceses, contrario a lo que sucede con la opinión de los colombianos, donde el secuestro o las tasas de homicidios, una de las más altas del mundo, hacen parte de la constelación de noticias cotidianas, componentes de un guión de un país cruzado por records considerables de inseguridad, impunidad, -cerca del un 97% según el Banco Mundial-, e inoperatividad del aparato de justicia, lo que se fortalece con la lección que imparte el ejecutivo cuando elude con regularidad mediante maniobras jurídicas y políticas las normas legales.La historia y la impronta al efecto de los actos jurídico legales en medio de las comparecencias de los jefes paramilitares, sirven de memoria y evidencian la arbitrariedad con que se ha gobernado el país, dejando sin piso la “realidad virtual” del paradigma de la existencia de la democracia en Colombia, mostrado como aquel periodo que se abre paso posterior al frente nacional, y la proclamación de la constitución de 1991, que sirvió como carta de presentación y reclamo a la comunidad internacional de la inclusión del país en el contexto de la globalización, los tratados comerciales, la captación de recursos económicos, tanto en el ámbito de la cooperación como la inversión privada, y de la posibilidad de gozar de la buena imagen que genera el ser reconocido como miembro parte en la escena de la legalidad internacional, de la firma y ratificación de los tratados magnánimos y garantistas de los derechos de las personas, sin que, groso modo, se hubiere dado lugar al cuestionamiento del cumplimiento de tales compromisos.
Lo cierto es que diferente a que en el pasado se conociere soto voz lo que ocurría en Colombia y que los medios de comunicación, la justicia, los gremios económicos, el Congreso o el ejecutivo, omitieran y en consecuencia ocultaran lo que sucedía, la crónica histórica que en el último año se edita y que gira a través de los medios de comunicación mundiales, propicia efectos inestimables en los espacios y relaciones internacionales de los que participa el país. Es así como las demandas efectuadas, aisladamente por los grupos de derechos humanos ha dejado de ser local, y ha trascendido los efectos limitados de los foros que tratan el tema en Naciones Unidas, o de los centros de información sobre derechos humanos, en tanto ahora dichas informaciones tienen eco en editoriales de influyentes periódicos y revistas a escala planetaria.
El “desplante” de Albert Gore por ello no es casual, sino la expresión de lo que significa el hoy el Estado colombiano ante el mundo. Aún así, la expectativa de modificar esta situación, no parece estar en la agenda del gobierno, ni en las mentes de sectores influyentes, las cuales de múltiples formas muestran apoyo a la labor presidencial, en decisiones que solo servirán de colofón de una era con un guión similar al desarrollado en el pasado, mostrado por las trabas en la aplicación de la ley de justicia y paz, sustituida por la reapertura de la ne-gociación con los jefes paras, y con los políticos con nexos con paramilitares, de las que se derivan nuevas concesiones. Desde la cár-cel Itagüí el gobierno legaliza la existencia del vocero político, y desde la picota, la actualización de procedimientos legales destinados a estructurar paulatinamente una ley de punto final, todo ello pese a las evidencias que muestran que los des-movilizados y políticos en la car-cel continúan en sus actividades “tradicionales” buscando garantizar las posiciones obtenidas en el pasado a través del crimen.
De otr
o lado, las medida sorprendente del gobierno Uribe, de decretar la liberación unilateral de un grupo de presos de las FARC en cárceles colombianas, contrasta con la postura política que acompañó al presidente ya desde la campaña de la que resulto vencedor en 2002, base de su política de Seguridad Democrática, cual es “derrotar el terrorismo”, representa una inflexión que corresponde con un giro drástico de las prioridades del ejecutivo, y una nueva apuesta por salir al paso a la imagen cuestionada que el gobierno colombiano cosecha internacionalmente.En efecto, el enfriamiento de las relaciones y compromisos entre Colombia y EEUU se explican no sólo por el ascenso de los demócratas en el control del congreso estadounidense en las recientes elecciones, sino que explicita un acuerdo bipartidista entre Republicanos y Demócratas. Sin duda esta escena contrasta con el acompañamiento que EEUU ofreció al gobierno Pastrana a fines de los noventas en el contexto de las negociaciones de paz con las FARC, y la puesta en marcha del Plan Colombia, haciendo evidente el aislamiento que vive el país en la escena internacional, que hoy por hoy, acumula el distanciamiento en la participación de las negociaciones y mas tarde del proceso de desmovilización de los grupos paramilitares por parte de la comunidad internacional sobresaliendo en este caso el rol de una veeduría extra proceso, asumido por la fiscalía de la Corte Penal Internacional en representación de Naciones Unidas como consecuencia de las investigaciones de oficio que esta organización adelanta de consuno con los Tratados Internacionales suscritos por el Estado colombiano. Solo la Organización de Estados Americanos, con una misión de verificación, con restricciones en su mandato, y algunos países europeos al margen de una decisión colegiada de la Unión Europea, acompaña el proceso colombiano, lo que se suma a la ausencia de la delegación especial del Secretario de Naciones Unidas, si lo comparamos con las negociaciones del Caguán en las que tuvo representación en James Lemoine.
La decisión unilateral del aplazamiento de la firma del Tratado de Libre Comercio por parte de EEUU a propósito del tema paramilitar, confirman una nueva fase prevista por el sutil bloqueo económico que ello significa para Colombia, y que el presidente Uribe interpreta como un trato de “paria”, lo que exhibe la tensión existente en las relaciones bilaterales, con ecos en las afirmaciones del Vicepresidente Santos, que en este contexto, expresa la necesidad de replantear las relaciones con EEUU.
La particularidad de la situación actual, en términos políticos puede ser comparable paradójicamente con lo sucedido durante el gobierno Samper, que se vio obligado a girar hacia Europa luego de enturbiarse las relaciones con el Tio Sam enrarecidas tras la descertificación, la cancelación de la visa al primer mandatario, los comunicados del embajador M. Frechette en Bogotá que hablaban de la narco-democracia colombiana, la “filtración” de los narcocasettes dados a conocer por el expresidente Pastrana que abrieron las compuertas al proceso 8000, el ruido de sables protagonizado por parte del estamento militar, y un intento de golpe de estado, que por revelaciones recientes compromete al ministro de defensa en ejercicio Juan Manuel Santos.
En este sentido, no parece extraño que como consecuencia del cambio de ritmo en las relaciones colombianas con EEUU busquen ser equilibradas mirando hacia Europa, dado el giro a la derecha que presentan dos de sus países mas influyentes, Francia y Alemania.
Así las cosas, existen intereses complementarios dado que el recién electo presidente francés Nicolas Sarkozy, requiere un voto de confianza de sus ciudadanos que eche tierra a la apretada diferencia con la cual arriba a los elíseos, a la vez que cosechar la popularidad suficiente para encarar decisiones de envergadura como la postura francesa respecto a Irak.
De otra parte, el presidente Uribe encara el doble reto de mantener los índices de popularidad local favorables, con el objetivo de revertir los cuestionamientos a su gobierno en la escena internacional, cuestión aludida recientemente con las declaraciones del presidente de la FIFA, Joseph Blatter, a propósito de la solicitud de Colombia de adelantar el mundial 2010, asunto que intentara modificar con la creación de sucesos noticiosos que alejen del set las noticias que le son adversas, mientras estimula la colocación de temas menos comprometedores como mostrar la voluntad del ejecutivo en cuanto a la decisión de lograr la libertad de los secuestrados a manos de las FARC y el intento de crear un clima de dialogo con los rebeldes.
En este contexto, de Sarkozy convertirse en el Aznar colombiano, en términos de asumir una agenda de compromisos y apoyos mutuos respecto al gobierno Uribe, es previsible que los sucesos destinados a modificar la maltrecha imagen internacional de Colombia, sirva de insumo al premier francés para abogar por una flexibilización en las medidas y condicionamiento que EEUU hace al país andino, lo que en la agenda incluye la consecución de un espaldarazo de las potencias del G8, y como titulara un diario francés, un baño de buena publicidad internacional para el gobierno Uribe.
Pero aunque existiendo elementos comunes entre el momento actual y el gobierno Samper, se presentan a su vez notables diferencias, y es que para mediados de los años noventas el fuego amigo se concentró en la figura presidencial y el gabinete, pero excluyó los sectores económicos por considerarse al margen de la corrupción proveniente del narcotráfico, lo que permitía comprender los alcances estadounidenses, cual era la sustitución del gobierno en ejercicio, lo que en el presente es evidentemente contrastante, dado que el fenómeno paramilitar mezclado con el narcotráfico, ha hecho metástasis no sólo en las instituciones estatales, sino que comienzan a salir pruebas que comprometen élites y fuerzas armadas. Así las cosas, la perspectiva de desalojar la tendencia proclive al paramilitarismo del Estado requerirá de un proceso, articulado, entre otros, del ascenso al poder de un partido político distante del juego ilegal, como del relevo en las posiciones de sectores económicos igualmente involucrados, todos elementos complejos en su materialización, y con riesgos respecto al potencial desencadenamiento de una guerra civil de carácter formal.
A su vez, la modificación de los roles en cuanto a las relaciones EEUU Colombia, pueden conducir al presidente colombiano al pragmatismo derivado del encontrarse ante la escena del “enemigo de mi enemigo es mi amigo”, lo que le puede conducir a revisar la estrategia hasta ahora planteada con las guerrillas, prevista por la incertidumbre política que genera la Casa Blanca al Plan Colombia, las “trabas” a la firma del TLC, y los compromisos en el cumplimiento de los derechos humanos, coincidiendo en buscar aligerar las presiones armadas de la guerrilla, mientras sutilmente relaja la situación judicial de los políticos con nexos con los paramilitares, que en un juego a dos bandas, facilite el acuerdo a través del cual se decidan las lógicas futuras del Estado colombiano al margen de la Comunidad y los tratados Internacionales sobre delitos de lesa humanidad.
