Las guerras interimperialistas del siglo XIX y XX hicieron visible lo devastador que significaba resolver mediante el conflicto los intereses opuestos entre las potencia
s europeas, lo que permitió avances en la consolidación del Derecho Internacional sobre las bases del derecho a la paz, sujeto al principio de soberanía y a la tipificación como crimen supremo la agresión.
Esta situación efectúa un giro en las expectativas políticas de los Estados, donde los esfuerzos que se destinaban al referente de la expansión colonial, y territorial de los mismos, debería orientarse al logro del bienestar de la población y a la consolidación del Estado Nación. Como consecuencia, las disputas de intereses al interior de los países que fueran aplazadas al efecto de la visión suprema del Estado Colonial, deben ser tramitadas y resueltas de manera pacifica y civilizada a través de diversos mecanismos de participación y modelación de consensos, lo que constituye en suma un impulso de consideración a la Democracia.
En efecto, esta modificación termina por facilitar el ascenso al mando del Estado por parte de civiles los cuales eran reconocidos per se como sustentadores de tendencias destinadas al desarrollo de la sociedad dado que el referente político previsto como impulso del Estado Nación obliga la gestión del mismo en función de una mayor eficiencia y eficacia del uso de los recursos y a una mayor capacidad en la consecución de consensos entre la sociedad. Ello faculta el desplazamiento paulatino de la tendencia militar colonial en la administración de los Estados, que desde entonces traduce un indicador de desarrollo de la democracia.
Las previsiones sustentadas en la capacidad institucional que pudiesen llevar a cabo los gobiernos civiles fue también puesta en cuestión raudamente tras la puesta en marcha de regímenes civiles pero con inclinaciones vehementemente anti-republicanas y anti-democráticas, comparables o que incluso superaron la rudeza de las expresiones propiamente militares coloniales, llevadas a cabo contra los propios ciudadanos al interior de sus países.
Es decir, el avance de la sociedad de derechos se valora por sus fines en términos de la consecución del bienestar general. La democracia entendida como los medios para la consecución pacifica de tal fin, debe valorarse a través de la existencia como de la capacidad de mandato y referencia institucional en la administración del Estado por parte de los ciudadanos, la cual puede llevarse a cabo a través de un régimen occidental bipartidista o un régimen de partido único.
La evolución de la democracia esta vinculada a su vez al transito pacifico de una sociedad sustentada en valores heredados del feudalismo, traducidos por un régimen defensor de privilegios, por la constitución de relaciones sociales civilizadas en el contexto de la realización de los derechos consagrados por la revolución francesa, la igualdad entre los seres humanos, la libertad y la fraternidad, instituciones garantes de la existencia de una sociedad de derechos. Un poco la colisión entre el liberalismo clásico y el conservadurismo, en términos contemporáneos.
En este sentido dictadura significa imposición y anclaje al pasado feudal de la sociedad, mientras que la democracia, partiendo de reconocer la diversidad de intereses, privilegia los mecanismos pacíficos y dialogados a través de los cuales paulatinamente esta tramita sus diferencias políticas. Lo anterior da lugar a constituir un escenario de derechos de los ciudadanos acorde con principios como el derecho a la expresión, la organización[incluyendo los partidos políticos], y la huelga como formulas de correlación entre el Estado, el gobierno y los grupos de presión mediante lo cual, y ello en la clave de los argumentos, los principios, y leyes del Estado se ajustan a los requerimientos de la sociedad.
El trámite de los intereses de una sociedad toma basamento en el principio supremo del bienestar general y se profundiza a través del multiculturalismo, los derechos vinculados a los temas de género, el derecho a la objeción de conciencia, entre otros. Donde la generalidad de las tendencias en un país, se conjuga con la visión que localiza la diversidad de los grupos sociales, o los pueblos, como elementos constitutivos de la riqueza nacional, y a los que debe garantizarse su existencia como sus derechos particulares en relación con sus expectativas culturales propias como en la participación de la gestión del Estado como tal.
Derecho a la Autodeterminación
Históricamente este derecho regularizo y legitimo el periodo clásico de descolonización en el que se hacía un llamado en el contexto de la solidaridad internacional a los Estados democráticos a colaborar y permitir a los pueblos bajo regímenes catalogados de tiranías o bajo control colonial deponer tales gobiernos o permitir pacíficamente su independencia. De esta forma la emancipación fue producto de agrupaciones políticas de civiles regularizados en ejércitos destinados al oficio de la constitución de la republica, en una historia que tiene antecedentes en las consecuencias del fin del periodo conocido como feudalismo, la condena a la esclavitud, para desencadenar la revolución americana, las revoluciones latinoamericanas, los procesos de descolonización del medio oriente, África y el sudeste asiático.
Es de importancia desarrollar esta historia dado que existe una diferencia considerable entre el régimen dictatorial destinado a mantener privilegios en el contexto feudal moderno, es decir los típicos golpes de Estado efectuados por el mando militar de un país a un gobierno electo democráticamente, y los regímenes nacidos en el contexto del principio de autodeterminación. En igual sentido, hay que reconocer que la institución republicana es el escenario pacifico democrático en el que, reconociendo el Estado de derecho, los derechos de las personas, la democracia, se permite se libre una batalla de ideas entre los diversos intereses como partidos. Teóricamente el conservatismo, orientado a la protección de los privilegios, y el liberalismo, destinado a la profundización de los derechos de los ciudadanos. El socialismo pretende establecer una sociedad de derechos profesando no sólo la accesibilidad de los derechos de propiedad, sino sustentando la necesidad de la estatización de la misma como mecanismo garantista de los plenos derechos liberales. Fundamentos a través de los cuales se corona como elemento base en la resolución de las diferencias, la política a la violencia. Finalmente, y luego de la reflexión de la sociedad sobre lo que plantean los diversos sectores, la decisión sobre los ejes políticos de la gober-natura del país se decide mediante elecciones, y ello para los diversos regímenes, parlamentario, bipartidista occidental o unipartidista.
s europeas, lo que permitió avances en la consolidación del Derecho Internacional sobre las bases del derecho a la paz, sujeto al principio de soberanía y a la tipificación como crimen supremo la agresión.Esta situación efectúa un giro en las expectativas políticas de los Estados, donde los esfuerzos que se destinaban al referente de la expansión colonial, y territorial de los mismos, debería orientarse al logro del bienestar de la población y a la consolidación del Estado Nación. Como consecuencia, las disputas de intereses al interior de los países que fueran aplazadas al efecto de la visión suprema del Estado Colonial, deben ser tramitadas y resueltas de manera pacifica y civilizada a través de diversos mecanismos de participación y modelación de consensos, lo que constituye en suma un impulso de consideración a la Democracia.
En efecto, esta modificación termina por facilitar el ascenso al mando del Estado por parte de civiles los cuales eran reconocidos per se como sustentadores de tendencias destinadas al desarrollo de la sociedad dado que el referente político previsto como impulso del Estado Nación obliga la gestión del mismo en función de una mayor eficiencia y eficacia del uso de los recursos y a una mayor capacidad en la consecución de consensos entre la sociedad. Ello faculta el desplazamiento paulatino de la tendencia militar colonial en la administración de los Estados, que desde entonces traduce un indicador de desarrollo de la democracia.
Las previsiones sustentadas en la capacidad institucional que pudiesen llevar a cabo los gobiernos civiles fue también puesta en cuestión raudamente tras la puesta en marcha de regímenes civiles pero con inclinaciones vehementemente anti-republicanas y anti-democráticas, comparables o que incluso superaron la rudeza de las expresiones propiamente militares coloniales, llevadas a cabo contra los propios ciudadanos al interior de sus países.
Es decir, el avance de la sociedad de derechos se valora por sus fines en términos de la consecución del bienestar general. La democracia entendida como los medios para la consecución pacifica de tal fin, debe valorarse a través de la existencia como de la capacidad de mandato y referencia institucional en la administración del Estado por parte de los ciudadanos, la cual puede llevarse a cabo a través de un régimen occidental bipartidista o un régimen de partido único.
La evolución de la democracia esta vinculada a su vez al transito pacifico de una sociedad sustentada en valores heredados del feudalismo, traducidos por un régimen defensor de privilegios, por la constitución de relaciones sociales civilizadas en el contexto de la realización de los derechos consagrados por la revolución francesa, la igualdad entre los seres humanos, la libertad y la fraternidad, instituciones garantes de la existencia de una sociedad de derechos. Un poco la colisión entre el liberalismo clásico y el conservadurismo, en términos contemporáneos.
En este sentido dictadura significa imposición y anclaje al pasado feudal de la sociedad, mientras que la democracia, partiendo de reconocer la diversidad de intereses, privilegia los mecanismos pacíficos y dialogados a través de los cuales paulatinamente esta tramita sus diferencias políticas. Lo anterior da lugar a constituir un escenario de derechos de los ciudadanos acorde con principios como el derecho a la expresión, la organización[incluyendo los partidos políticos], y la huelga como formulas de correlación entre el Estado, el gobierno y los grupos de presión mediante lo cual, y ello en la clave de los argumentos, los principios, y leyes del Estado se ajustan a los requerimientos de la sociedad.
El trámite de los intereses de una sociedad toma basamento en el principio supremo del bienestar general y se profundiza a través del multiculturalismo, los derechos vinculados a los temas de género, el derecho a la objeción de conciencia, entre otros. Donde la generalidad de las tendencias en un país, se conjuga con la visión que localiza la diversidad de los grupos sociales, o los pueblos, como elementos constitutivos de la riqueza nacional, y a los que debe garantizarse su existencia como sus derechos particulares en relación con sus expectativas culturales propias como en la participación de la gestión del Estado como tal.
Derecho a la Autodeterminación
Históricamente este derecho regularizo y legitimo el periodo clásico de descolonización en el que se hacía un llamado en el contexto de la solidaridad internacional a los Estados democráticos a colaborar y permitir a los pueblos bajo regímenes catalogados de tiranías o bajo control colonial deponer tales gobiernos o permitir pacíficamente su independencia. De esta forma la emancipación fue producto de agrupaciones políticas de civiles regularizados en ejércitos destinados al oficio de la constitución de la republica, en una historia que tiene antecedentes en las consecuencias del fin del periodo conocido como feudalismo, la condena a la esclavitud, para desencadenar la revolución americana, las revoluciones latinoamericanas, los procesos de descolonización del medio oriente, África y el sudeste asiático.
Es de importancia desarrollar esta historia dado que existe una diferencia considerable entre el régimen dictatorial destinado a mantener privilegios en el contexto feudal moderno, es decir los típicos golpes de Estado efectuados por el mando militar de un país a un gobierno electo democráticamente, y los regímenes nacidos en el contexto del principio de autodeterminación. En igual sentido, hay que reconocer que la institución republicana es el escenario pacifico democrático en el que, reconociendo el Estado de derecho, los derechos de las personas, la democracia, se permite se libre una batalla de ideas entre los diversos intereses como partidos. Teóricamente el conservatismo, orientado a la protección de los privilegios, y el liberalismo, destinado a la profundización de los derechos de los ciudadanos. El socialismo pretende establecer una sociedad de derechos profesando no sólo la accesibilidad de los derechos de propiedad, sino sustentando la necesidad de la estatización de la misma como mecanismo garantista de los plenos derechos liberales. Fundamentos a través de los cuales se corona como elemento base en la resolución de las diferencias, la política a la violencia. Finalmente, y luego de la reflexión de la sociedad sobre lo que plantean los diversos sectores, la decisión sobre los ejes políticos de la gober-natura del país se decide mediante elecciones, y ello para los diversos regímenes, parlamentario, bipartidista occidental o unipartidista.
