Las continuadas advertencias del departamento de estado y del comando sur de los EEUU en el sentido de que la situación colombiana retornaba a un curso nor-mal, representa el balance y perspectivas de las campañas militares desarrolladas para el p
eriodo 2000-2010, Plan Colombia, Plan Patriota y el recién dado a conocer Plan Victoria, y en esta medida la apertura de una fase de reducción paulatina de la “ayuda” al gobierno actual. El objeto de cortar el paso ascendente de las FARC que venia desde comienzos de los años noventas evolucionando de la guerra de guerrillas a la guerra de movimientos combinado con el logro de la esta-bilidad económica del país posterior a la crisis de 1999 son las dos estrategias de contención destinadas a modelar una fase donde la insatisfacción popular con rasgos de considerable inestabilidad y favor hacia el proyecto guerrillero son neutralizados.
Sin embargo la política orientada a disuadir el apoyo de la población a las FARC por medio de la aplicación de “apremios físicos ilegales”, en la lógica de atacar el terrorismo con terrorismo de estado, si bien evito y contrajo el avance guerrillero terminó por conceder a los grupos paramilitares eslabones estratégicos en la conducción y gestión del mismo y como consecuencia faculto el trasvase de relaciones draconianas al universo de relaciones sociales. Es así como existen evidencias de una transformación de la economía legal colombiana, que tras el objeto de eludir la crisis de 1999 hecho mano del sobregiro facilitado por la incursión de dineros provenientes del narco-paramilitarismo. Tal alianza tiene significado en los compromisos futuros que genera, entre otros, el aval y subsidiaridad con el proyecto paramilitar, articulado al relevo de las relaciones arbitradas en el contexto del estado de derecho, sustituidas por estructuras de regulación modeladas a través del sistema de valores que sustenta la “cultura” y “justicia” privada.
Algo similar sucede en el caso de las instituciones republicanas destinadas a salvaguardar la democracia electoral. Los mas elevados cargos de representación en el Congreso desde fines de 1990s fueron severamente modulados por la acción de grupos paramilitares, a través de la financiación económica y el fraude, modalidad mas sutil, invisible y poderosa, hasta en situaciones menos elaboradas mediante el ejercicio de la presión, intimidación o violencia sobre electores y candidatos. A su vez, conforme se obtienen los resultados en las elecciones al parlamento, el mecanismo se homologa para los demás de los ordenes territoriales como municipios y gobernaciones. De otra parte, el avance transversal del proceso se lleva a cabo mediante el control de instituciones públicas mayoritariamente concedidas en administración a través del esquema heredado de los partidos tradicionales, es decir, el sistema de cuotas burocráticas.
La tarea comenzada por el presidente Pastrana debía culminar en la legislatura Uribe con retribuciones a la estructura paramilitar uno de los pilares fundamentales de la estrategia contrainsurgente. La primera legislatura 2002-2006 coincide con la fase de consolidación de la estrategia que incluye la ofensiva de las repotenciadas fuerzas militares, y la desmovilización de los paramilitares. En este sentido la ley de justicia y paz en su proyecto original concentra las expectativas: no extradición, con aval de los EEUU; legalización de fortunas y las millones de hectáreas de tierras obtenidas, y blindaje al oficio del Tribunal Penal Internacional e impunidad para los delitos de lesa humanidad, con prenda de garantía en el mecanismo sustentado por el gobierno a través de lo que se conoce como “justicia transicional”. Factores como el reconocimiento político permitían a su vez una doble función, abrir paso a las aspiraciones a cargos de representación a los jefes paras como un medio para el relevo de los testaferros electorales en el Congreso, y el indulto para los delitos comunes, acorde con la expectativa de eludir la estadía en prisiones, que en cualquier caso se justificaría mediante la permanencia en lugares definidos por los jefes paras.
La contrapartida se estimaba en la desmovilización con significado en la legalización de las estructuras económicas, políticas y coercitivas de los paramilitares, la disminución de las tasas de homicidios, y lo que representa la base del acuerdo con los EEUU; la reducción sostenible de la producción de cocaína.
Todo hacía pensar que el plan dispuesto para el logro de estos objetivos se materializaría sin tropiezos consecuente con la presencia de mayorías “favorables” en el Congreso a la ley de Justicia y Paz. Sin embargo, la alerta sembrada desde la misma posesión presidencial en agosto de 2002, destinada a señalar la Corte Constitucional como un lastre negativo de la constitución de 1991, evidenciaba el mayor de los escollos que enfrentarían las previsiones del proyecto en marcha.
Cuatro años tuvo el presidente uribe y el proyecto paramilitar para imponerse velada y mediante maniobras furtivas a la sociedad colombiana.
Pese a ello, los resultados los conocemos, y es que el proyecto original de la mencionada ley, a pesar de ser aprobada en el parlamento por las mayorías uribistas fue modificada considerablemente por la Corte Constitucional, localizando como principio rector para la participación de los beneficios de la justicia transicional, la confesión en clave de la búsqueda de la verdad, y que contó con respaldo tanto en instituciones como organizaciones nacionales e internacionales, pero que en suma cifró el descalabro de las expectativas inicialmente trazadas por las negociaciones del cuarto de al lado entre paras y gobierno no incluidas textualmente en los acuerdos. El re-vés se acentúa puesto que el apoyo estadounidense al gobierno uribe y a la Ley de Justicia y Paz, que entre otros incluía la no extradición de los jefes paras, estaba articulado a la automática reducción de la producción de cocaína, que en la legislatura 2002-2006 en cifras del gobierno mostraba un considerable declive pero que tras verificaciones de Naciones Unidas y del mismo departamento de estado de los EEUU evidencio su notable manipulación, en cerca de un 100%. Mientras las estimaciones gubernamentales hablaban de 400 toneladas de producción en 2006 entidades como el departamento de estado ofrecían cifras de 750 toneladas.
Del lado de la reducción de las tasas de criminalidad de los grupos paramilitares, la situación es semejante. Si bien es cierto existe una baja considerable en la tasa nacional de homicidios, es posible visualizar que dicha tendencia se presenta a partir de la cresta finalizada aproximadamente con la muerte de Pablo Escobar, que se explica como consecuencia de la guerra entre narcotraficantes de la era de los ochentas y los gobiernos liberales, Barco-Gaviria-Samper. La estrategia confirmada desde mediados de los noventas por parte de narco-paramilitares superpone el avance del proyecto contrainsurgente en su fase mas cruda y violenta, con la reducción de las tasas nacionales de homicidios. Más aún pese a que tales tasas hoy por hoy las mas bajas en dos décadas, pero que siguen siendo de las más altas tasas del mundo, en cualquier caso representan la determinante incidencia en la acción armada de los grupos paramilitares.
Estos dos últimos factores, sobre todo el que tiene que ver con la fallida reducción de la producción de cocaína explica el giro paulatino que efectúa el departamento de estado de EEUU al respecto de las relaciones con el gobierno Uribe. Las comunicaciones publicas de apoyo irrestricto del gobierno estadounidense al traslado de los lugartenientes de la Ceja a cárceles de máxima seguridad, al igual que al desempeño de la Corte Suprema de Justicia en el caso de la parapolítica sutilmente cierran el ciclo de respaldo incondicional a la política de seguridad democrática del gobierno uribe y a la primigenia ley de justicia y paz.
La filigrana diplomática de facilitar la salida de Dieb Maloof de Colombia a EEUU en diciembre pasado, sin prevenir al mismo presidente colombiano en aras de evitar tal lacerante humillación y escarnio publico internacional previsible tras el rechazo en el ingreso a dicho país, hacen parte del nuevo escenario.
eriodo 2000-2010, Plan Colombia, Plan Patriota y el recién dado a conocer Plan Victoria, y en esta medida la apertura de una fase de reducción paulatina de la “ayuda” al gobierno actual. El objeto de cortar el paso ascendente de las FARC que venia desde comienzos de los años noventas evolucionando de la guerra de guerrillas a la guerra de movimientos combinado con el logro de la esta-bilidad económica del país posterior a la crisis de 1999 son las dos estrategias de contención destinadas a modelar una fase donde la insatisfacción popular con rasgos de considerable inestabilidad y favor hacia el proyecto guerrillero son neutralizados.Sin embargo la política orientada a disuadir el apoyo de la población a las FARC por medio de la aplicación de “apremios físicos ilegales”, en la lógica de atacar el terrorismo con terrorismo de estado, si bien evito y contrajo el avance guerrillero terminó por conceder a los grupos paramilitares eslabones estratégicos en la conducción y gestión del mismo y como consecuencia faculto el trasvase de relaciones draconianas al universo de relaciones sociales. Es así como existen evidencias de una transformación de la economía legal colombiana, que tras el objeto de eludir la crisis de 1999 hecho mano del sobregiro facilitado por la incursión de dineros provenientes del narco-paramilitarismo. Tal alianza tiene significado en los compromisos futuros que genera, entre otros, el aval y subsidiaridad con el proyecto paramilitar, articulado al relevo de las relaciones arbitradas en el contexto del estado de derecho, sustituidas por estructuras de regulación modeladas a través del sistema de valores que sustenta la “cultura” y “justicia” privada.
Algo similar sucede en el caso de las instituciones republicanas destinadas a salvaguardar la democracia electoral. Los mas elevados cargos de representación en el Congreso desde fines de 1990s fueron severamente modulados por la acción de grupos paramilitares, a través de la financiación económica y el fraude, modalidad mas sutil, invisible y poderosa, hasta en situaciones menos elaboradas mediante el ejercicio de la presión, intimidación o violencia sobre electores y candidatos. A su vez, conforme se obtienen los resultados en las elecciones al parlamento, el mecanismo se homologa para los demás de los ordenes territoriales como municipios y gobernaciones. De otra parte, el avance transversal del proceso se lleva a cabo mediante el control de instituciones públicas mayoritariamente concedidas en administración a través del esquema heredado de los partidos tradicionales, es decir, el sistema de cuotas burocráticas.
La tarea comenzada por el presidente Pastrana debía culminar en la legislatura Uribe con retribuciones a la estructura paramilitar uno de los pilares fundamentales de la estrategia contrainsurgente. La primera legislatura 2002-2006 coincide con la fase de consolidación de la estrategia que incluye la ofensiva de las repotenciadas fuerzas militares, y la desmovilización de los paramilitares. En este sentido la ley de justicia y paz en su proyecto original concentra las expectativas: no extradición, con aval de los EEUU; legalización de fortunas y las millones de hectáreas de tierras obtenidas, y blindaje al oficio del Tribunal Penal Internacional e impunidad para los delitos de lesa humanidad, con prenda de garantía en el mecanismo sustentado por el gobierno a través de lo que se conoce como “justicia transicional”. Factores como el reconocimiento político permitían a su vez una doble función, abrir paso a las aspiraciones a cargos de representación a los jefes paras como un medio para el relevo de los testaferros electorales en el Congreso, y el indulto para los delitos comunes, acorde con la expectativa de eludir la estadía en prisiones, que en cualquier caso se justificaría mediante la permanencia en lugares definidos por los jefes paras.
La contrapartida se estimaba en la desmovilización con significado en la legalización de las estructuras económicas, políticas y coercitivas de los paramilitares, la disminución de las tasas de homicidios, y lo que representa la base del acuerdo con los EEUU; la reducción sostenible de la producción de cocaína.
Todo hacía pensar que el plan dispuesto para el logro de estos objetivos se materializaría sin tropiezos consecuente con la presencia de mayorías “favorables” en el Congreso a la ley de Justicia y Paz. Sin embargo, la alerta sembrada desde la misma posesión presidencial en agosto de 2002, destinada a señalar la Corte Constitucional como un lastre negativo de la constitución de 1991, evidenciaba el mayor de los escollos que enfrentarían las previsiones del proyecto en marcha.
Cuatro años tuvo el presidente uribe y el proyecto paramilitar para imponerse velada y mediante maniobras furtivas a la sociedad colombiana.
Pese a ello, los resultados los conocemos, y es que el proyecto original de la mencionada ley, a pesar de ser aprobada en el parlamento por las mayorías uribistas fue modificada considerablemente por la Corte Constitucional, localizando como principio rector para la participación de los beneficios de la justicia transicional, la confesión en clave de la búsqueda de la verdad, y que contó con respaldo tanto en instituciones como organizaciones nacionales e internacionales, pero que en suma cifró el descalabro de las expectativas inicialmente trazadas por las negociaciones del cuarto de al lado entre paras y gobierno no incluidas textualmente en los acuerdos. El re-vés se acentúa puesto que el apoyo estadounidense al gobierno uribe y a la Ley de Justicia y Paz, que entre otros incluía la no extradición de los jefes paras, estaba articulado a la automática reducción de la producción de cocaína, que en la legislatura 2002-2006 en cifras del gobierno mostraba un considerable declive pero que tras verificaciones de Naciones Unidas y del mismo departamento de estado de los EEUU evidencio su notable manipulación, en cerca de un 100%. Mientras las estimaciones gubernamentales hablaban de 400 toneladas de producción en 2006 entidades como el departamento de estado ofrecían cifras de 750 toneladas.
Del lado de la reducción de las tasas de criminalidad de los grupos paramilitares, la situación es semejante. Si bien es cierto existe una baja considerable en la tasa nacional de homicidios, es posible visualizar que dicha tendencia se presenta a partir de la cresta finalizada aproximadamente con la muerte de Pablo Escobar, que se explica como consecuencia de la guerra entre narcotraficantes de la era de los ochentas y los gobiernos liberales, Barco-Gaviria-Samper. La estrategia confirmada desde mediados de los noventas por parte de narco-paramilitares superpone el avance del proyecto contrainsurgente en su fase mas cruda y violenta, con la reducción de las tasas nacionales de homicidios. Más aún pese a que tales tasas hoy por hoy las mas bajas en dos décadas, pero que siguen siendo de las más altas tasas del mundo, en cualquier caso representan la determinante incidencia en la acción armada de los grupos paramilitares.
Estos dos últimos factores, sobre todo el que tiene que ver con la fallida reducción de la producción de cocaína explica el giro paulatino que efectúa el departamento de estado de EEUU al respecto de las relaciones con el gobierno Uribe. Las comunicaciones publicas de apoyo irrestricto del gobierno estadounidense al traslado de los lugartenientes de la Ceja a cárceles de máxima seguridad, al igual que al desempeño de la Corte Suprema de Justicia en el caso de la parapolítica sutilmente cierran el ciclo de respaldo incondicional a la política de seguridad democrática del gobierno uribe y a la primigenia ley de justicia y paz.
La filigrana diplomática de facilitar la salida de Dieb Maloof de Colombia a EEUU en diciembre pasado, sin prevenir al mismo presidente colombiano en aras de evitar tal lacerante humillación y escarnio publico internacional previsible tras el rechazo en el ingreso a dicho país, hacen parte del nuevo escenario.
