Según Naciones Unidas, en el mundo unas 230 millones de personas consumieron algún tipo de drogas ilícitas durante el año 2010, el 0,5% de la población mundial.
Los mayores consumidores de drogas se inclinan por el uso de la marihuana, unas 172 mil personas en el planeta, equivalente a una media en la prevalencia de 3,8%.
Reseño estos datos, porque recientemente en la república de Uruguay, se dio a conocer un proyecto impulsado por el gobierno de José Mujica que prevé la “legalización” del consumo de marihuana, esto dentro de un paquete de medidas con las cuales se busca combatir el crimen organizado.
Reseño estos datos, porque recientemente en la república de Uruguay, se dio a conocer un proyecto impulsado por el gobierno de José Mujica que prevé la “legalización” del consumo de marihuana, esto dentro de un paquete de medidas con las cuales se busca combatir el crimen organizado.
En el país charrúa, se estima, existen unos 150 mil consumidores de marihuana y cerca de 1200 comercializadores del producto, lo que representa una economía que gira entorno a los 750 millones de dólares año.
La iniciativa, define el establecimiento de cultivos autorizados mientras el procesamiento del producto y la distribución recaerá en manos del Estado. Determina a su vez, el uso de marcadores químicos, con lo cual las autoridades mantienen el control tanto del consumo de la marihuana producida en el país, como de aquella que ingresa de manera ilegal desde el exterior. Esto para decir, que la marihuana producida o comercializada por fuera de los cauces establecidos en este proyecto de ley, continuarán per se, siendo de carácter ilegal y perseguida por las autoridades.
La integralidad del programa, que incluye el desarrollo de políticas destinadas a brindar apoyo psicosocial destinado a la rehabilitación de los consumidores, y que se financiará con un impuesto al tabaco, se acompañará de un estricto censo de los consumidores.
Un punto importante de la medida, tiene que ver con el objetivo de romper el financiamiento que las organizaciones criminales obtienen en el mercado de las drogas ilícitas, lo que de entrada se garantiza con la decisión del Estado de participar como nuevo actor en este negocio, afectando el sistema de precios. La intervención de la distribución, de manera similar, tendrá efectos en el cómo se acaudalan los recursos económicos que moviliza esta economía.
Ahora bien, hay que recordar que en Uruguay actualmente no está penalizado el consumo de marihuana y, la política de “legalización”, se presenta como complemento de esta primera medida.
Al parecer el gobierno uruguayo acoge como propias las lecciones derivadas de la activación de las políticas prohibicionistas del alcohol en Estados Unidos, presentes entre los años 1920 y 1933, y que derivaron en violencia y la creación de carteles de la producción y comercialización de este producto.
De hecho, no hay que olvidar que la prohibición entró en vigor mediante la XVIII enmienda de la constitución de los Estados Unidos, desición que a la postre fue revocada por la enmienda XXI.
La integralidad del programa, que incluye el desarrollo de políticas destinadas a brindar apoyo psicosocial destinado a la rehabilitación de los consumidores, y que se financiará con un impuesto al tabaco, se acompañará de un estricto censo de los consumidores.
Un punto importante de la medida, tiene que ver con el objetivo de romper el financiamiento que las organizaciones criminales obtienen en el mercado de las drogas ilícitas, lo que de entrada se garantiza con la decisión del Estado de participar como nuevo actor en este negocio, afectando el sistema de precios. La intervención de la distribución, de manera similar, tendrá efectos en el cómo se acaudalan los recursos económicos que moviliza esta economía.
Ahora bien, hay que recordar que en Uruguay actualmente no está penalizado el consumo de marihuana y, la política de “legalización”, se presenta como complemento de esta primera medida.
Al parecer el gobierno uruguayo acoge como propias las lecciones derivadas de la activación de las políticas prohibicionistas del alcohol en Estados Unidos, presentes entre los años 1920 y 1933, y que derivaron en violencia y la creación de carteles de la producción y comercialización de este producto.
De hecho, no hay que olvidar que la prohibición entró en vigor mediante la XVIII enmienda de la constitución de los Estados Unidos, desición que a la postre fue revocada por la enmienda XXI.
