La cuarta generaciónEs la mención hecha hace algunas semanas por el general Oscar Naranjo en declaraciones sobre la situación de violencia en la ciudad de Medellín, y hace referencia a los herederos de la oficina de Envigado.
Es una síntesis de la historia de violencia de la ciudad que tomó vuelo desde los años noventas.
Hoy se habla de atacar el crimen por medio del énfasis en la justicia y la inteligencia superando el enfoque tradicional que prioriza la componente policiva y militar, una visión que dibuja los ribetes de la nueva política de seguridad pública.
Observada de manera aislada, es decir como acciones en esencia destinadas al ataque de los grupos armados ilegales da la impresión de recaer en los errores de políticas públicas de seguridad del pasado que dejaban de lado la acción contra las superestructuras económicas y políticas de las mismas.
Para tener un mejor panorama de la estrategia hay que sumar a la estrategia de seguridad que va destinada a los grupos delincuenciales, los efectos de la ley de tierras en el entendido que esta busca evitar el lavado de activos criminales a través del comercio y posesión de tierras, y de manera complementaria la recuperación de tierras expropiadas a los campesinos. Es una propuesta destinada a impactar la componente económica de los grupos ilegales.
Por su parte, la parapolítica es el eslabón que ataca el nivel de los apoyos políticos de los grupos delincuenciales.
Dicho lo anterior, la propuesta de orden público resulta integral en tanto ataca los órdenes militar, económico y político de estas estructuras ilegales.
Ahora bien, en la medida en que se comprende la concepción de seguridad del actual gobierno se entiende a su vez porque paulatinamente se incrementan la resistencia en diversos ámbitos a la aplicación de la misma.
Desde el punto de vista del accionar sobre los grupos guerrilleros, también resulta importante el consenso que logra la directriz que sobre el tratamiento de este aspecto obtiene el gobierno colombiano en escenarios como Unasur y específicamente en los países fronterizos, y esto tanto en la expectativa militar como política.
Volviendo al tema de tierras, sin duda los alcances previstos por el gobierno situados en la recuperación de 2 millones de hectáreas de tierras para 450 mil desplazados resultan parciales si se tiene en cuenta que estudios de Acción Social hablan de 6.8 millones de hectáreas y otras organizaciones de la existencia de 4 millones de desplazados, sin embargo, por la estructuración de la estrategia, diría de recuperación de la institucionalidad democrática del país, la perspectiva de seguridad del gobierno Santos continúa teniendo un objetivo ciertamente loable.
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Aún así hay otros temas por relacionar y que el gobierno debería tener en cuenta como el lavado de activos, ya en el nivel financiero y el involucrado en los intercambios comerciales.
