La antesala electoral
Después de las elecciones en 2002 y 2006, ampliamente favorables al gobierno Uribe, las elecciones de 2010 prometen ser impredecibles a contados meses de la misma, sobre todo porque la linealidad del debate electoral supera las aristas de la seguridad democrática, en tanto se combina con factores asociados a la crisis económica en marcha, las relaciones políticas y económicas regionales, e internacionales, la corrupción gubernamental, y el choque institucional entre el ejecutivo y las cortes. Como consecuencia la unidad del bloque uribista en el poder que sobreviene a 2002, hoy se observa fracturada.
En términos generales existe un consenso político entre los diversos partidos colombianos de que la contención a las FARC generada por la seguridad democrática es justificable, sin embargo, y aquí comienzan las derivas del debate por venir, existe un distanciamiento de partidos como el Polo Democrático, y el Partido Liberal, en el sentido de que la actividad contrainsurgente debe realizarse con apego estricto al orden constitucional vigente, y con respeto a los derechos humanos. Por demás, se deja una puerta abierta a la negociación tanto con los grupos paramilitares en armas como con los grupos guerrilleros de cara a su desmovilización.
La solución a este tema, es lo que permite que emerjan otras problemáticas como el desempleo rural y urbano, la crisis del sector salud, y la corrupción gubernamental como el caso insigne del Agro Ingreso Seguro. De otro lado el abordaje de la seguridad democrática adquiere un ángulo complementario a la lucha contra las FARC, retomando análisis sobre la tasa de homicidios, actualmente con tendencia al alza, la inseguridad asociada a la delincuencia común, el desplazamiento forzado, las interceptaciones telefónicas ilegales, los falsos positivos, o la parapolítica.
Ya en el plano internacional el presidente Uribe y el Uribismo ha de lidiar con el pasivo político derivado de colocar a Colombia en el centro de controversias en Unasur, la OEA, o incluso el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, una conflictividad que dificulta a Colombia su proyección hacia el Mercosur, y si se incluye la reciente postura sobre Honduras, los desarrollos comerciales en Centroamérica, y el Caribe, lo que acentúa la crisis del comercio internacional colombiano consecuencia del aplazamiento indefinido del TLC con EE.UU, con Canadá, la Unión Europea, o China.
Paradójicamente el alineamiento del gobierno Uribe con las políticas de EE.UU. han sido infructuosos en lo económico con resultados en el constante aplazamiento del TLC, y una relación comercial supeditada por la categoría de ayuda(ATPDEA), y sujeta a certificaciones anuales.
Igual política es la que ha guiado desaciertos como el apoyo a la intervención estadounidense de 2003 en iraq, un capítulo de la guerra preventiva de la era Bush que fue realizada por encima de Naciones Unidas, con efectos económicos, políticos y militares asimilados con la decisión del repliegue paulatino de marins estadounidenses tras la llegada de Obama a la Casa Blanca. Algo semejante sucede con el actual apoyo de Colombia a la intervención que desde 2001 realiza la OTAN en Afganistán, o con la aceptación pasiva que el gobierno colombiano muestra con la tercería que hace por medio de declaraciones públicas el gobierno israelí en el contexto del litigio colombo venezolano.
Volviendo a los temas domésticos, un tema de agenda lo es también las tensiones entre el ejecutivo y las cortes avivadas desde inmediaciones del año 2005 con la ley de justicia y paz que se ven agudizadas y prolongadas en el tiempo con temas como la reelección, la parapolítica, y este año con la elección del fiscal general, evidenciando una conflictividad demasiado costosa políticamente para el Estado, y que se convierte a su vez en un tema de organizaciones internacionales como cuando las cortes solicitan auxilio y apoyo a Naciones Unidas en sus gestiones en Colombia. Recientemente, esta conflictividad se ha extendido al Consejo de Estado tras la firma del acuerdo sobre las bases militares entre Colombia y EE.UU.
En el terreno de la economía local no es eludible el efecto drástico que conlleva el estancamiento que por cuarto trimestre consecutivo acumula el país, y que llega a un –0,2% entre julio/septiembre, llevando a una escala superior al 12% el indicador de desempleo, un factor que agudiza los aprietos del sistema nacional de salud, y que ha llevado al gobierno a declarar la emergencia social.
En cuando a las finanzas del Estado la situación no es menos apremiante. Una de las banderas del gobierno Uribe a su llegada a la presidencia en 2002 era la corrección del déficit fiscal. En ello comprometió el país en la reestructuración de más de 350 entes públicos entre los que se cuentan bancos, empresas del sector energético, telecomunicaciones, hospitales, y hasta la fusión de ministerios. Sin embargo, las previsiones del ministerio de hacienda para 2010 es que el déficit del Gobierno Nacional será de 4,3% del PIB o 23,3 billones de pesos, es decir 0,3% superior al déficit del Gobierno en 2002, entre tanto las empresas que eran fuente de recursos económicos como Ecopetrol, Granahorrar, Bancafé, Promigas o Telecom, entre otras, fueron subastadas parcial o totalmente.
