Sin duda, hay un nuevo clima de confianza en torno del gobierno Santos en Colombia tal como lo manifestó el ex presidente de Brasil Lula Da Silva en el foro inversión Colombia realizado en la ciudad de Bogotá la pasada semana.
Parte de este optimismo se ha logrado como consecuencia del relajamiento en las relaciones que el actual ejecutivo ha logrado con la rama judicial que en la administración Uribe estuvo caracterizada por la frecuente controversia publica en torno a las decisiones judiciales, entre otros, relacionadas con investigaciones y juzgamientos a políticos y militares, y que mantenía en vilo la institucionalidad en el país. El manejo ponderado de las relaciones del gobierno Santos con los países vecinos es a su vez un elemento importante.
De hecho, el juzgamiento de altos funcionarios del pasado gobierno, entre los que se cuentan ministros, diplomáticos, jefes de la dirección de inteligencia, así como los procesos en contra de militares se han desarrollado, en general, en medio de anuncios en donde el gobierno se muestra respetuoso de la acción de la justicia.
Los avances institucionales se muestran a su vez, en la puesta en marcha de programas que buscan mitigar los efectos del conflicto colombiano y que tiene que ver con la devolución de tierras a sus reales propietarios y la reparación a las víctimas.
Sin embargo, esta positiva disposición no debe ocultar el hecho de que en el actual gobierno prevalecen los indicadores abultados en cuanto a la violación de derechos humanos, y aunque en algunos casos existe una disminución en un comparativo de los periodos correspondientes a los años 2010 y 2011 en cualquier caso, las cifras no muestran un giro radical de las tendencias ni tampoco sostenibles, en tanto está por resolver el desmantelamiento de los grupos paramilitares existentes y de las guerrillas, así como el problema del narcotráfico. Aplazado esta también, un proceso que conduzca a profundizar la institucionalidad en las fuerzas de seguridad del Estado.
Desde el punto de vista social, también existe un gran pasivo. De recordar que según el Banco Mundial Colombia tiene la primacía a escala global en cuanto al indicador de desigualdad, y no ayuda a progresar socialmente la reforma a la tutela que busca colocar obstáculos a su ejercicio, la ley de sostenibilidad fiscal, que supedita la realización de los derechos al manipulable factor económico, y la reciente ley de seguridad ciudadana, específicamente en los aspectos que dan continuidad a la penalización de la dosis personal y los que constriñen la movilización ciudadana.
