Ayer se cumplieron 72 días desde cuando se iniciaron los bombardeos en Libia, justificados por los países aliados como cumplimiento de la resolución 1973, emitida por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y donde se insta a los países de esta organización a “tomar todas las medidas necesarias […] para proteger a los civiles y a las áreas pobladas bajo amenaza de ataques” en el país norafricano.
A esta altura de la intervención existe una controversia sobre los alcances de la resolución, pero más allá de las lecturas que se hacen al respecto, lo cierto es que los países que intervienen han terminado por realizar ataques con el objeto de dar muerte a Gadafi, tal como quedo evidenciado en el bombardeo de una de sus residencias en la capital Trípoli, y que condujo al fallecimiento del hijo menor del líder libio, Saif al-Arab, así como tres de sus nietos, el día 30 de abril, lo que no se resuelve con la declaración hecha por el comandante de la operación de la OTAN, el teniente general canadiense Charles Bouchard, al consultarle sobre el asunto donde niega que Gadafi sea un blanco legítimo
El 29 de marzo tras una conferencia sobre Libia realizada en Londres, se fue un poco más lejos. La secretaria de Estado, Hillary Clinton, afirmó que la resolución 1973, autoriza armar los rebeldes libios, una lectura que como era de esperarse albergo nuevos efectos, como que dias despues se confirmo por parte de EEUU que estaba dando apoyo a la oposición a través de la CIA, y a la declaración de la misma Clinton respecto de la ayuda financiera que el gobierno estadounidense deseaba efectuar al Consejo Nacional de Transición.
Pero las "resoluciones" de la reunión de Londres no terminan allí. La alta funcionaria americana, también coloco en cuestión el Estado libio como tal afirmando que “Gadafi y su régimen perdieron toda legitimidad” abriendo paso al reconocimiento de un estado dentro del estado en Libia, con capital en la ciudad al oriente de Trípoli, Bengasi. A la postre, tanto Francia como España abrieron embajadas en dicha ciudad, siguiendo los pasos de EEUU que previamente había instado a la oposición a que abriese una representación diplomática en Washington.
Es curioso, pero como puede verse, los efectos que sobrevienen a la interpretación del mandato de Naciones Unidas es, por mucho, de mayor importancia que los terminos explicitados en la declaración de la organización internacional. Aún así, lo que puede ser un serial de infraccciones al derecho internacional, de manera proporcional no ha adquirido el nivel de rechazo y denuncia por parte de alguno de los miembros del Consejo de Seguridad y, salvo algunas excepciones, que se cuentan en las manos, en la Asamblea General de Naciones Unidas algo que pone en entredicho los cimientos de la ONU.
Por su parte, y pese a que la intervención se ejecuta bajo el paraguas de la “causa humanitaria”, se han cerrado las posibilidades a una negociación política del conflicto, que dialogue con el ideal de evitar que se produzcan día a día nuevas víctimas. Para el columnista, José Aguín, de la revista Foreign and Policy, en su artículo “Justicia a bombazos”, plantea que la intervención extranjera ha terminado por enquistar el conflicto, perdiendo de vista el requerimiento esencial de la resolución de la ONU que llama a colocar en marcha medidas para la protección de los civiles, lo que va para cualquiera de los bandos en litigio. De hecho, las muertes, en general, según Al Jazeera, en la actualidad son 5 veces más que las que se presentaban al inicio de las hostilidades.
Ahora bien, desde el punto de vista de la legalidad de la intervención, en EEUU está abierto el debate. La constitución americana obliga a que las intervenciones militares asumidas en principio por mandato presidencial, tengan que ser justificadas como máximo tras 60 días de desarrollo de las mismas ante el congreso, para ser avaladas o en su defecto rechazadas por el legislativo. En este sentido, la intervención en el norte de África ya acumula 73 días y el compromiso fiscal de tres cuartos del billón de dólares, sin ser ratificada por el parlamento americano, lo que para algunos analistas, la convierte, entre tanto, en una acción ilegal.
Quizás en este punto no habrá divergencias en cuanto a la interpretación de las normas legales, y obligara al presidente Obama a redoblar esfuerzos de cara a lograr una aprobación de la guerra en el legislativo, en medio de adversidades como que el martes pasado la cámara de representantes negó las facultades que permite elevar el límite de la deuda del gobierno federal, en la actualidad en 14,3 billones de dólares, asunto que de no superarse llevaría a la Unión Americana a declarar un default el próximo 2 de agosto.
Esta suerte de inestabilidad, sumado a los negros pronósticos para la economía estadounidense que ha llevado a la reserva federal a revisar a la baja el crecimiento económico para este año, de seguro impactara la popularidad de la guerra en EEUU, que según Gallup ya tiene la menor aprobación, comparativamente con las intervenciones que se han realizado desde Grenada en 1983, lo que afectará de manera no despreciable las posibilidades de Obama de ser reelecto en las presidenciales de noviembre de 2012.
